Un juez de Utah, a cargo del caso contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk, dictaminó este viernes declarar al fiscal en desacato por violar una orden de confidencialidad previa al juicio, pero optó por mantener la pena de muerte sobre la mesa.
La moción de desacato presentada por la defensa surgió a raíz de unos comentarios que el fiscal Christopher Ballard —quien también ejerce como portavoz de la Fiscalía del Condado de Utah— hizo esta primavera a varios medios de comunicación sobre un informe balístico no concluyente mencionado en un escrito de la defensa.
Al intentar aclarar los resultados del informe ante los periodistas, Ballard también hizo referencia a la solidez del caso de la fiscalía contra Tyler Robinson; declaraciones que, según determinó el juez este viernes, corrían el riesgo de influir negativamente en el jurado potencial.
“Esas declaraciones públicas adicionales conllevaban una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente el proceso judicial, al comunicar la opinión del fiscal sobre la culpabilidad del acusado”, declaró el juez Tony Graf al emitir su fallo este viernes.
No obstante, Graf no accedió a la petición de la defensa de prohibir a la fiscalía solicitar la pena de muerte en caso de que Robinson fuera condenado.
Graf señaló que consideraría medidas adicionales durante la selección del jurado para abordar los posibles efectos que los comentarios de Ballard pudieran tener sobre los candidatos a integrar el jurado. Asimismo, indicó que se permitirá a la defensa recuperar los gastos legales relacionados con el procedimiento por desacato.
La decisión de mantener la pena de muerte como opción supuso un revés para Robinson, quien enfrenta cargos de asesinato agravado, uso delictivo de arma de fuego, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un acto violento en presencia de un menor, en relación con el tiroteo mortal de Kirk —un destacado activista conservador— ocurrido en un campus universitario de Utah el pasado mes de septiembre.
Robinson aún no se ha declarado culpable o inocente de los cargos.
Inicialmente, se esperaba que Graf tomara la decisión el lunes, día en que se pronunció sobre otras mociones relativas a la admisibilidad de testimonios de referencia (hearsay) en la próxima audiencia preliminar de Robinson, así como sobre una solicitud para anular una citación judicial dirigida a un testigo clave residente fuera del estado al que la defensa quería llamar a declarar.
Al inicio de la audiencia del lunes, Graf explicó que, dado que ambas partes habían “presentado escritos adicionales” sobre el asunto tras una audiencia probatoria celebrada el 12 de junio, “el tribunal requiere más tiempo para completar esta revisión exhaustiva”. Se trata de documentos relacionados con la petición de la defensa de que Graf descartara la pena de muerte en el caso si determinaba que los fiscales habían incurrido en desacato al hablar con los medios de comunicación sobre las pruebas balísticas.
La fiscalía presentó una objeción por escrito a la solicitud, calificándola de “absolutamente desproporcionada con respecto a la supuesta conducta indebida”.
“Aunque el Tribunal considerara que la fiscalía podría haber hecho una declaración más acertada, ciertamente no se trata de un error que justifique la medida drástica —y nunca antes aplicada— de reducir el cargo de homicidio agravado a un delito grave de primer grado”, señala el documento.
La defensa de Robinson respondió al día siguiente, calificando la objeción de la fiscalía de “no solicitada” y afirmando que el tribunal no había pedido ni autorizado “ningún escrito posterior a la audiencia”.
Los abogados defensores de Robinson sugirieron que, entre las sanciones más leves, podría figurar la orden de que Ballard asistiera a un programa de formación continua o su remisión al colegio de abogados estatal.
La orden judicial sobre la difusión pública del caso —emitida en septiembre y modificada en diciembre— prohíbe a las partes hacer comentarios públicos sobre el asunto, salvo en determinadas circunstancias.
Sin embargo, Ballard habló con los periodistas esta primavera (boreal), después de que los medios de comunicación comenzaron a informar sobre un informe balístico no concluyente mencionado en un escrito de la defensa. Dicho documento afirma que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE.UU. “no pudo vincular la bala recuperada durante la autopsia con el rifle presuntamente relacionado con el Sr. Robinson”.
La fiscalía argumentó que la descripción realizada por la defensa en el escrito omitía un aspecto importante de la conclusión del informe balístico: la ATF tampoco pudo descartar que la bala proviniera de ese rifle.
Ballard declaró que sus comentarios no versaban sobre pruebas específicas, sino sobre las circunstancias que pueden conducir a un resultado no concluyente.
“El objetivo de estas entrevistas era responder a las consultas concretas de los medios que surgían a raíz de la información errónea” contenida en el escrito, señaló Ballard.
El juez Graf dictaminó que las declaraciones de Ballard sobre el informe estaban amparadas por una estipulación que permite hacer comentarios si un abogado considera que existe un “efecto perjudicial sustancial e indebido derivado de una difusión pública reciente no iniciada por el propio abogado ni por su cliente”.
No obstante, en unas declaraciones realizadas en marzo al medio TMZ, Ballard también se refirió a la solidez del caso de la fiscalía, afirmando que los fiscales disponían de “abundantes pruebas” contra Robinson que, a su juicio, les permitirían desvirtuar la presunción de inocencia durante el juicio.
El juez declaró a Ballard en desacato civil por estos comentarios, al considerar que infringían la orden del tribunal sobre la difusión pública del caso.
“Los comentarios adicionales sobre la solidez general de las pruebas de la fiscalía no contribuyeron de manera sustancial a corregir ideas erróneas específicas”, afirmó Graf el viernes. “Más bien, dichas declaraciones introdujeron un tema distinto: la valoración de la fiscalía sobre el fondo del asunto”.
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