(CNN Español) — La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles dos controversiales reformas a las leyes de Amparo y Amnistía, aprobadas previamente por el Senado e impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, según sus detractores, buscan limitar las capacidades del Poder Judicial. Ambas fueron enviadas al Ejecutivo para su promulgación.
Con 258 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Diputados avaló las reformas a la ley de Amparo, que imposibilitan que los jueces puedan suspender de manera general normas y obras impugnadas en los tribunales.
Las reformas a la ley de Amparo fueron aprobadas tras horas de discusión gracias a la mayoría del partido oficialista Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, y frente al rechazo de la oposición que considera que es una estrategia gubernamental para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación detenga la construcción de las llamadas “megaobras”, por considerarlas violatorias de la Constitución.
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En los últimos años, algunos de los megaproyectos y reformas que impulsa López Obrador han enfrentado suspensiones judiciales con amparos promovidos por organizaciones ambientalistas, como el caso del Tren Maya, una obra ubicada en el sureste del país que pretende ser un detonador económico y cultural para la región a través del comercio, el turismo y el desarrollo sustentable.
“Eliminar los efectos generales en la suspensión en el juicio de amparo contra leyes equivale a pedirle al pobre que se haga rico antes de que sus derechos sean pisoteados por las objeciones de leyes inconstitucionales, inválidas y autoritarias”, argumentó la diputada del Partido Acción Nacional, Margarita Ester Zavala, durante la discusión en el pleno.
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La controversial reforma a la Ley de Amnistía
La otra reforma aprobada, a la Ley de Amnistía, faculta al presidente a perdonar cualquier delito en casos sin sentencia, al considerar que de esa forma se pueden ayudar a esclarecer casos de interés para el Estado. El dictamen fue avalado en lo particular por 258 votos a favor, 205 en contra y una abstención.
La medida busca que “la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito”, según un comunicado de la Cámara de Diputados.
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López Obrador dijo este miércoles que la reforma a la Ley de Amnistía podría contribuir a esclarecer casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, la cual se comprometió a resolver tanto durante su campaña presidencial como una vez que llegó al poder, en diciembre de 2018.
“Fundamentalmente es para quienes nos ayuden a esclarecer asuntos relacionados con casos de violación de derechos humanos, y si en ese caso hay una violación de derechos humanos como también está demostrado que existe, esta nueva ley permite que se pueda, cuando hay una justificación válida, liberar a una persona”, explicó el mandatario mexicano, en su conferencia matutina.
“Se dice que se trata de liberar a inocentes y garantizar los derechos humanos, pero lo que se quiere hacer es facultar al presidente para generar impunidad”, dijo la diputada del PRI, María del Refugio Camarena Jáuregui, según cita un comunicado de la Cámara de Diputados.
“Nos dicen que lo que está a discusión no es más que la intención de dejar impunes a grandes criminales como aquellos que desaparecieron a nuestros 43 estudiantes normalistas. Mienten de nuevo, los partidos del pacto de silencio no quieren que se apruebe la amnistía a cambio de la verdad porque saben y prefieren que los militares hoy enjuiciados salgan en unos cuantos años por motivos procesales, pero que no confiesen”, señaló Manuel Vázquez Arellano, diputado de Morena y sobreviviente del caso Ayotzinapa.
Pero no sólo la oposición ha advertido que la Ley de Amnistía podría propiciar la impunidad. En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México afirmó que la propuesta de reformas a la normativa “desprotege a las víctimas en su legítimo derecho a ser reparadas”.
La iniciativa “deja un vacío ante un supuesto ya de por sí amplio, que es la consideración presidencial de que se otorgue a personas ‘que aporten elementos útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano’”, señala la entidad.
La oposición ha advertido que impugnarán ambas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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