Emma Confesor estaba embarazada de su cuarto hijo cuando una pregunta que nunca había imaginado comenzó a quitarle el sueño: ¿Tendría su bebé un futuro mejor con otra familia? Confesor, de 39 años, emigró de Puebla, México, hace más de dos décadas. Pero la incertidumbre generada por el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento la llevó a considerar dar en adopción a su bebé.
Como ella, muchas familias inmigrantes están comenzando a considerar decisiones que pueden cambiarles la vida mucho antes de que ocurra un arresto o una deportación.
En todo el país, el aumento de los operativos migratorios y las batallas legales en torno a políticas de larga data están obligando a muchas familias a prepararse para situaciones que antes consideraban impensables.
Algunas han abandonado Estados Unidos después de décadas de haber construido una vida aquí. Otras personas, como Confersor, han considerado dar en adopción a un bebé aún no nacido para ofrecerle un mejor futuro.
Hay padres que han designado tutores para sus hijos en caso de ser detenidos o deportados, mientras otros han dejado de trabajar, hacer compras o incluso salir de sus casas y dependen de vecinos e iglesias para realizar tareas cotidianas.
Son decisiones profundamente personales. Algunas son irreversibles.
Y sus consecuencias afectan cada vez más a personas que no son indocumentadas. En familias con estatus migratorios mixtos, ciudadanos estadounidenses han quedado solos al cuidado de sus hijos después de la deportación de su pareja, mientras otros han optado por abandonar el país para evitar que sus familias sean separadas.
El resultado es un impacto menos visible que se siente dentro de hogares, escuelas, iglesias y lugares de trabajo, mientras las familias intentan tomar decisiones difíciles antes de que una intervención de ICE altere por completo su futuro.
“No me parecía justo que el bebé no tuviera la ciudadanía”, dijo Confesor entre lágrimas. “Había considerado la adopción para que el bebé pudiera tener un mejor futuro”.
Durante semanas, esa posibilidad la atormentó. Confesor dijo que tenía dificultades para dormir ante el temor de que su hijo pudiera verse privado del futuro que ella consideraba que debía tener todo bebé nacido en Estados Unidos.
Y Confesor no era la única.
En una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contra la orden ejecutiva de Trump, una mujer embarazada dijo que estaba tan desesperada por asegurarse de que su hijo naciera como ciudadano estadounidense que le preguntó a su médico si podía inducirle el parto para que naciera antes de que la medida pudiera entrar en vigor. Su médico se lo desaconsejó.
Entonces llegó la decisión que lo cambió todo.
El 30 de junio, la Corte Suprema determinó que la Enmienda 14 garantiza la ciudadanía por nacimiento y rechazó el intento del Gobierno de poner fin a la ciudadanía automática para muchos hijos de padres no ciudadanos nacidos en territorio estadounidense.
Para Confesor, el temor que había marcado su embarazo comenzó a disiparse.
“Me siento aliviada”, dijo. “Seguía pensando: ‘No es justo’. No estaba durmiendo bien porque me preocupaba que esto pudiera afectarme. Y no solamente a mí, sino a tantas madres que van a tener bebés aquí”.
Para ella, el caso nunca se trató únicamente de su propio hijo.
“Como madre, esto me afecta profundamente. ¿Por qué atacar a la nueva generación?”, dijo.
“Ahora estoy feliz sabiendo que no lo aprobaron”, agregó. “Mi bebé seguirá siendo ciudadano, al igual que todos los bebés que vengan después”.
Mientras Confesor temía por el futuro de su bebé, otros padres se preparaban ante la posibilidad de no estar presentes para criar a sus hijos.
En Maryland, una madre salvadoreña firmó documentos legales nombrando al padre Vidal Rivas, sacerdote de su iglesia, como tutor temporal de su hijo de 7 años en caso de que ella y su esposo fueran deportados.
“No es fácil firmar un documento en el cual uno siente que está entregando a su hijo a otra persona”, dijo en entrevista con CNN.
La incertidumbre, aseguró, había comenzado a afectar su salud.
“Pensar y pensar… hasta mi salud siento que la tengo mal porque uno no sabe”, dijo. “Yo, sinceramente, he estado en mi casa, solo pidiéndole a Dios que se haga la voluntad de él”.
Ella forma parte de un creciente número de padres inmigrantes que están preparando planes de emergencia en caso de ser detenidos o deportados.
En la Iglesia Episcopal St. Matthew’s, en Hyattsville, Maryland, Rivas ha sido designado tutor legal de emergencia de al menos 31 menores cuyos padres temen ser detenidos o deportados.
“Muchos de estos padres no tienen otros familiares en el país”, dijo Rivas. “Algunos quieren que sus hijos se queden aquí. Yo tendría que hacerme responsable legalmente de ellos para que puedan seguir estudiando y tengan lo que necesitan. Otros padres quieren que sus hijos terminen la escuela secundaria y después sean enviados para reunirse con ellos”.
Rivas dijo que continuará desempeñando ese papel mientras las familias lo necesiten.
“Es realmente como si fueran tus propios hijos”, dijo.
Sin embargo, muchas familias son separadas antes de tener la oportunidad de preparar un plan.
Una investigación de CNN publicada en septiembre encontró que más de 100 menores ciudadanos estadounidenses, desde recién nacidos hasta adolescentes, habían quedado sin sus padres después de operativos migratorios. Algunos fueron acogidos por familiares, vecinos o amigos de la familia. Otros terminaron bajo cuidado temporal del Estado.
En Oregon, una pareja contó a CNN que tuvo que hacerse cargo inesperadamente de cuatro niños después de que ambos padres fueran detenidos. La primera noche, los menores durmieron con la misma ropa que llevaban puesta porque no tenían pijamas. Semanas después, seguían preguntando: “¿Mamá y papá no van a volver a casa?”.
Defensores del bienestar infantil y abogados dicen que casos como estos están llevando a más padres a buscar formas de proteger a sus hijos antes de que ocurra una emergencia.
Para algunas familias, marcharse se ha convertido en la única decisión que todavía sienten que pueden tomar por sí mismas.
Abdiel y Adilene Domínguez habían construido prácticamente toda su vida en Minnesota. Abdiel llegó de México a los 6 años y Adilene cuando era apenas una bebé. Ambos estaban amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege temporalmente de la deportación y otorga autorización de trabajo a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, pero no les concede un estatus migratorio permanente.
Se casaron, tuvieron cuatro hijos, compraron una casa y abrieron una iglesia en Minneapolis. Pero a medida que aumentaron los operativos migratorios, contaron a CNN que comenzaron a sentir miedo de ir a las tiendas o enviar a sus hijos a la escuela. Abdiel también dijo que le informaron que cancelarían su licencia comercial de conducir.
En lugar de esperar a ver qué ocurría, vendieron su casa, sus vehículos y sus pertenencias y se fueron a México.
Siete meses después, viven con la madre de Abdiel en Morelos. Sus hijos tienen dificultades con el español y enfrentan obstáculos para inscribirse en la escuela, mientras sus padres intentan adaptarse a un país que ya no les resulta familiar.
“No conozco nada de México”, dijo Adilene a CNN. “Todo lo que conozco es Minnesota. Estoy en shock”.
Los Domínguez se fueron por su cuenta, sin acogerse a un programa federal. Pero la presión que describen coincide con una estrategia más amplia del Gobierno de Trump para incentivar a los inmigrantes a salir voluntariamente del país.
Project Homecoming, una iniciativa de US$ 915 millones, ofrece vuelos gratuitos y pagos de hasta US$ 2.600 a inmigrantes que salgan del país a través de la aplicación CBP Home. Un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), revisado por CNN en marzo, mostró que cerca de 72.000 personas habían salido mediante el programa; más de la mitad ya estaban bajo custodia de ICE cuando se inscribieron.
Además, más de 35.000 casos en tribunales de inmigración terminaron en salida voluntaria durante el año fiscal 2025, frente a aproximadamente 9.000 el año anterior.
Las consecuencias también están alterando la vida de ciudadanos estadounidenses que forman parte de familias con estatus migratorios mixtos.
En Pittsburgh, CNN acompañó a Julio Mendoza, un inmigrante mexicano indocumentado que vivía en Estados Unidos desde los 11 años, mientras se preparaba para irse junto a su esposa estadounidense, Sasha, y sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses.
Sasha dijo que temían que Julio pudiera ser detenido un día y simplemente no regresara a casa. En lugar de correr ese riesgo, la familia decidió mudarse junta a México.
“Todo lo que hacemos, lo hacemos juntos”, dijo Julio a CNN.
Para familias como los Domínguez y los Mendoza, marcharse les dio cierto control sobre cuándo y cómo salir del país y sobre la posibilidad de hacerlo juntos. Pero sus historias también ponen en perspectiva lo que significa irse “voluntariamente”.
Para algunos, la decisión es entre marcharse bajo sus propios términos, dejando atrás casas, negocios, carreras y comunidades que tardaron décadas en construir, o esperar a que una detención o deportación decida su futuro.
Y en familias con estatus migratorios mixtos como los Mendoza, esa decisión significa que cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses también están abandonando su propio país.
Para las familias que se quedan, el impacto suele sentirse de una manera más silenciosa, en las rutinas que poco a poco dejan atrás.
En distintas partes del país, inmigrantes han dejado de ir a trabajar, han mantenido a sus hijos fuera de la escuela y han evitado tiendas, iglesias y otros lugares que antes formaban parte de su vida cotidiana.
La pastora Jacobita Cortes, de la Iglesia Metodista Unida en Chicago, dijo que el miedo ha cambiado el ritmo de vida de su comunidad.
“Están con miedo para ir a la tienda, al supermercado”, dijo Cortes a CNN. “¿A dónde va nuestra gente? A los supermercados donde uno va a comprar sus tortillas, su carne; a la iglesia donde uno va a agradecer a Dios”.
Algunas iglesias, explicó, han trasladado sus servicios a internet, mientras las congregaciones ayudan a familias que tienen demasiado miedo de salir de sus casas a pedir alimentos o coordinar con vecinos y voluntarios quién puede recoger a sus hijos en la escuela.
“Si alguien necesita que le vayan a hacer su compra, solamente tiene que levantar un teléfono y hacer llamadas”, dijo Cortes. A los padres que sienten miedo, agregó, les recomienda “buscar la manera de que alguien les ayude, un vecino o alguien que pueda ir a recoger a los niños de la escuela”.
El mismo patrón se repite en otros lugares. En Minneapolis y Nueva Orleans, CNN encontró tiendas y restaurantes antes concurridos que se han ido quedando vacíos durante operativos federales de inmigración, mientras algunos inmigrantes evitan ir al trabajo y algunos padres mantienen a sus hijos fuera de la escuela.
En Little Haiti, en Brooklyn, calles y negocios normalmente concurridos se han quedado más vacíos después de que el Gobierno de Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos.
Para algunos inmigrantes, quedarse en Estados Unidos significa ahora reducir cada vez más los espacios de su vida cotidiana: dónde trabajan, compran, practican su fe, envían a sus hijos y hasta si salen o no de sus casas.
El miedo ya no se limita a la posibilidad de una deportación. Está cambiando lo que significa llevar una vida normal.
Carolina Peguero, Priscilla Alvarez, Zoe Sottile, Blake Ellis, Melanie Hicken, Anna-Maja Rappard y Kyung Lah contribuyeron a este informe
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