La estela de múltiples emergencias desatadas por el terremoto en Colombia, entre la cifra de muertos y de viviendas colapsadas, tiene una que grafica que impacta por su dimensión y el efecto sobre los más vulnerables: los más de 3.400 centros educativos afectados, escuelas y colegios que sirven de refugio y contención para niños y que tuvieron más daños en las zonas rurales más necesitadas.
En su recorrido por Quibdó, una de las capitales departamentales más afectadas del país, la cantante Shakira prometió reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó y construir 10 nuevas escuelas, y comprometió a varias organizaciones a donar fondos para los centros educativos. Explicó que lo que más le preocupa es que después del estado de emergencia “queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”.
La cantante puso el énfasis en una de las zonas más desfavorecidas del país, con desigualdades históricas que podrían profundizarse con el desastre natural.
“Existe una gran brecha entre la infraestructura rural y la urbana”, explicó a CNN Ricardo Bonett, doctor en ingeniería sísmica y docente de la Universidad de Medellín, coautor de estudios sobre el riesgo en las escuelas.
“Un gran porcentaje de los centros educativos rurales fueron diseñados y construidos sin cumplir con los requerimientos de las normativas vigentes de diseño sismo resistente ni bajo una supervisión técnica por parte de un profesional con las competencias del caso”, repasó.
El investigador destacó también el desafío que presenta el terreno desde antes de la obra. “Muchas de las escuelas fueron construidas en zonas inestables desde el punto geológico o bajo la amenaza de otros fenómenos tales como vendavales, movimientos en masa o avenidas torrenciales. (…) El estado previo de muchas de estas escuelas rurales, es deficiente por problemas no solo de la forma como fueron construidos sino por condiciones adversas del terreno donde fueron construidas y la ausencia de un mantenimiento preventivo”, explicó.
El Ministerio de Educación anunció una directiva con orientaciones “para la protección de la comunidad educativa y la continuidad en la prestación del servicio”, con medidas como planes de virtualidad, primeros auxilios psicológicos y un programa para la obtención de tablets. Sin embargo, no todas las medidas son igual de aplicables en el territorio nacional, especialmente en zonas de baja conectividad y que también quedaron afectadas para el suministro eléctrico.
Las autoridades confirmaron que más de 400.000 estudiantes tienen afectada su matrícula. Decenas de miles no saben cuándo volverán a clases. El número es preocupante, dijo a CNN María Mercedes Liévano, directora ejecutiva de la ONG Save The Children en Colombia.
“Cuando se pierde la escuela como espacio seguro, eso es lo que tenemos que garantizar: que la tragedia no interrumpa el acceso seguro a la educación. Tienen que recuperar rutinas, sentir seguridad. Es triste que sean tantas sedes educativas (afectadas), es triste las condiciones en las que estaban”, comentó.
Colombia tiene más de 56.000 edificios escolares y el 82 % están en zonas rurales, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Así, decenas de miles de edificaciones están alejadas de los grandes centros urbanos, lo que dificulta las tareas de inspección, mantenimiento y refuerzo.
“A pesar de que la ley obliga a que se reduzca la vulnerabilidad de edificaciones, eso no se hace rápidamente. Demanda recursos y no los hay”, dijo a CNN Gilberto Areiza, presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.
El especialista explicó que entre las cuatro categorías de emergencias, los hospitales están entre las edificiaciones indispensables para la atención de emergencia y su función no puede ser trasladada, pero las escuelas están en el siguiente nivel, la categoría tres. “Son las que debieran intervenirse prioritariamente y tener un adecuado nivel de resistencia, porque muchas van a servir como albergues. Aunque eso está en la norma, se requiere dinero para adecuarlas”, reiteró.
También, coincidió en que la problemática se acentúa con la geografía: “En los municipios pequeños, las cosas son peores”.
Un estudio publicado en la revista Structures en 2025 relevó 100 escuelas rurales de Antioquia e identificó que uno de cada siete centros estudiados tenía construcción no ingenieril.
Otra investigación en la que también participó Bonett halló que la pobreza y la geografía tienen una correlación incluso mayor que la fragilidad de las paredes o las características del terreno: las escuelas con mayor riesgo síssmico se concentran en las zonas con índices más altos de pobreza multidimensional y con problemáticas vinculadas al conflicto armado. “La capacidad de las comunidades para resistir y recuperarse de los desastres puede ser tan determinante como la propia intensidad del riesgo físico”, apuntó el estudio, realizado como parte del Proyecto de Escuelas Rurales Seguras.
“Hemos recorrido durante los últimos años cientos de escuelas rurales del país y en todas ellas, hemos podido constatar que presentan niveles importantes de deterioro aún sin haber sufrido un sismo”, dijo Bonett.
En tanto, Areiza indicó que desde el año pasado especialistas están abocados a la actualización de las normas sísmicas, que llevan 16 años sin ser revisadas, por encima de lo que considera lo adecuado, ya que afirmó que idealmente sería cada seis o siete años.
El ingeniero agregó que en las últimas semanas, a raíz del doble terremoto de junio en Venezuela, había participado en conversatorios en los que enfatizó la necesidad de inversión en hospitales y establecimientos educativos públicos.
“Los colegios son el futuro del país. No podemos darnos el lujo de tener fallecidos y que sean niños. Claro que es triste que una persona de 70 años fallezca, pero me parte el alma si muere un niño. Más si muere por un colapso en una escuela, ¿cómo podemos dormir tranquilos?”, se preguntó.
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