La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este martes a la gobernadora del estado fronterizo de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de un audio de una conversación que la funcionaria del oficialista partido Morena sostuvo con supuestos funcionarios de Estados Unidos.
Sheinbaum se refirió al tema durante su conferencia de prensa diaria, un día después de que el periodista Héctor de Mauleón difundió la grabación y aseguró que Ávila ofreció dar información a autoridades de Estados Unidos a cambio de que no se presenten cargos penales en su contra en ese país, algo que ella niega.
Preguntada por el asunto, la presidenta dijo que no ve alguna posible irregularidad en la conversación de Ávila y planteó como contraste un incidente reciente en Chihuahua, otro estado fronterizo, donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de un operativo antidrogas. Lo ocurrido en abril en Chihuahua, donde gobierna el opositor Partido Acción Nacional (PAN), ha generado numerosos reclamos del Gobierno de Sheinbaum a las autoridades locales, con el argumento de que no informaron sobre la presencia de agencias extranjeras.
“Bueno, es diferente el caso de Chihuahua. ¿Por qué? Porque en el caso de Chihuahua está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio, eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional”, dijo Sheinbaum.
“Esta llamada de teléfono que se da a conocer ayer por un periodista —por cierto, no sé cómo llegan estas llamadas de teléfono, quién quiere filtrar esta información, vale la pena preguntarlo como periodistas— es una llamada que ella (Ávila) tiene con personas que ni siquiera sabemos quiénes son, si pertenecen al Gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia, y ella da una explicación de bajo qué condiciones habló con ellos. Entonces, si hay que investigar, que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas”, insistió.
Durante la misma conferencia de prensa, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, consideró que no hay indicios de que Álvila haya cometido un delito.
“En el audio, lo que se escucha, y lo escuchamos todos, es cuando dice de qué pudiera dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué, no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible porque, repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan cerradas, digamos”, dijo el funcionario.
“Se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio sinceramente no se infiere ningún tipo de delito”, concluyó.
En el audio difundido se escucha a Ávila hablar con dos hombres, uno en español y otro en inglés, sobre la posibilidad de que se presenten cargos penales en su contra en Estados Unidos. De Mauleón asegura que Ávila ofreció al Buró Federal de Investigaciones (FBI) darle información a cambio de que dichos cargos no se presenten.
En un comunicado publicado el lunes, Ávila dijo que la grabación exhibe momentos de una conversación privada que tuvo “con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación”, negó haber cometido algún acto ilegal y aseguró que la colaboración de su Gobierno con funcionarios extranjeros “se realiza dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con pleno respeto a las atribuciones de cada institución”.
“La gobernadora rechazó las interpretaciones construidas a partir de fragmentos aislados de la conversación y reiteró que continuará concentrada en trabajar en favor de la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, así como en seguir consolidando el bienestar compartido en el estado”, señaló el comunicado, y agregó que Ávila “se encuentra tranquila y con plena disposición para aclarar cualquier situación”.
Consultado por CNN este martes, el FBI declinó dar comentarios sobre el tema.
La situación se desarrolla en un contexto de fuertes tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, debido a las constantes presiones de Estados Unidos hacia México en materia de seguridad y a los reclamos de México por la muerte de inmigrantes mexicanos bajo custodia o en operativos de autoridades migratorias estadounidenses.
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