La Corte Suprema permitió el lunes al presidente de EE.UU. Donald Trump aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros por ahora, otorgando a la Casa Blanca una victoria significativa que permitirá a los funcionarios de inmigración confiar en una amplia autoridad de tiempo de guerra para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas.
La decisión sin firmar en el caso, la apelación de emergencia en la Corte Suprema, permite a Trump invocar la ley de 1798 para acelerar las deportaciones mientras el litigio sobre su uso se resuelve en tribunales inferiores. El tribunal enfatizó que las personas deportadas en adelante deben recibir una notificación de que están sujetas a la ley y la oportunidad de que se revise su deportación.
Los tres jueces progresistas de la corte discreparon de la decisión, y la jueza Amy Coney Barrett, miembro del ala conservadora de la corte, discrepó parcialmente.
Trump elogió la decisión en una publicación de Truth Social, escribiendo en mayúsculas que fue “un gran día para la justicia en Estados Unidos”.
“La Corte Suprema ha mantenido el estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro país”, escribió.
Funcionarios del Gobierno Trump, incluidos la secretaria de Justicia Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, rápidamente aplaudieron la decisión, con Bondi describiéndola como una “victoria histórica para el estado de derecho”.
“Un juez activista en Washington no tiene la jurisdicción para tomar el control de la autoridad del presidente Trump para llevar a cabo la política exterior y mantener al pueblo estadounidense seguro”, publicó la secretaria de Justicia en redes sociales.
“¡Al presidente Trump se le dio LA RAZÓN una vez más!” publicó Noem, añadiendo, “VÁYANSE AHORA o los arrestaremos, encerraremos y deportaremos”.
Trump presentó su apelación de emergencia como una disputa sobre el poder judicial y, específicamente, la orden del juez federal de distrito James Boasberg que impidió temporalmente que el presidente aplicara la Ley de Enemigos Extranjeros contra cinco venezolanos que demandaron y un grupo más amplio de personas que podrían verse afectadas; en otras palabras, cualquier otra persona. Al acceder a la solicitud del presidente, la Corte Suprema anuló las órdenes de Boasberg.
Fundamentalmente, el tribunal dejó claro en su orden sin firmar que los funcionarios deben notificar adecuadamente a los migrantes sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump sobre su expulsión en virtud de la autoridad en tiempos de guerra, para que tengan tiempo de presentar demandas de hábeas corpus.
Una preocupación clave entre los abogados que representan a los migrantes ha sido que la prisa del gobierno por expulsarlos en virtud de la ley les deja poco o ningún tiempo para presentar dichas demandas.
La jueza Sonia Sotomayor, la progresista más veterana de la corte, argumentó que la conducta de la administración de Trump en el caso “representa una amenaza extraordinaria para el estado de derecho”.
“Que la mayoría de esta corte ahora recompense al gobierno por su conducta con un alivio equitativo discrecional es indefendible”, escribió. “Nosotros, como nación y como corte de justicia, deberíamos ser mejores que esto”. Aunque Barrett no escribió por separado, se unió a una parte clave del disenso de Sotomayor, cuestionando si las reclamaciones de hábeas deberían ser la única forma para que las personas desafíen sus deportaciones bajo la ley.
La orden de la corte llegó un día antes de que el juez Boasberg escuchara argumentos sobre si bloquear indefinidamente el uso de la autoridad de tiempos de guerra por parte de Trump para las deportaciones. Boasberg también está considerando si existe “causa probable” para considerar a los funcionarios de la administración de Trump en desacato por violar sus órdenes al permitir que continuaran los vuelos de deportación el mes pasado. Trump y otros funcionarios han atacado repetidamente a Boasberg por exceder su autoridad, lo que llevó a una rara reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
En su disenso, Sotomayor dijo que el problema de cumplimiento ante Boasberg debería ser razón suficiente para dudar de que el gobierno se presente ante la corte con las manos limpias. Criticó la conducta de la administración en este litigio como una amenaza extraordinaria para el estado de derecho.
En un disenso separado, la jueza Ketanji Brown Jackson criticó a la mayoría por fallar en el caso utilizando el expediente de emergencia, sin argumentos orales ni un informe más considerado. Jackson hizo referencia al caso Korematsu de 1944, en el que la Corte Suprema permitió el internamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
Jackson lamentó que la corte parezca haber iniciado una nueva era de variabilidad procesal de manera casual, inequitativa e inapropiada. Señaló que al menos en el pasado, la corte dejó un registro para que la posteridad pudiera ver cómo se equivocó.
El tema en cuestión fue la invocación de Trump el 15 de marzo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al presidente un amplio poder para apuntar y remover inmigrantes indocumentados en tiempos de guerra o cuando un enemigo intenta una “invasión o incursión depredadora”. Trump argumentó que el flujo de presuntos miembros de pandillas de Venezuela constituye una invasión.
Poco después de invocar la ley, funcionarios cargaron tres aviones con más de 200 venezolanos y los llevaron a El Salvador, donde están siendo alojados en una prisión de máxima seguridad. La administración ha dicho que algunos de ellos fueron deportados bajo otras autoridades.
La administración de Trump afirmó que los hombres estaban afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, han surgido preguntas sobre cómo se hicieron esas determinaciones. La corte estaba considerando la apelación en medio de revelaciones de que la administración deportó por error a un padre de Maryland a El Salvador debido a un error administrativo. La deportación de Kilmar Armando Abrego Garcia se realizó bajo una autoridad legal diferente, pero destacó los riesgos potenciales de las deportaciones rápidas.
El lunes, la Corte Suprema suspendió una orden de un tribunal inferior que requería que el gobierno devolviera a Abrego Garcia a EE.UU. antes de la medianoche.
La orden de Boasberg de detener las remociones adicionales no impidió que la administración deportara a presuntos pandilleros bajo otras leyes, ni detuvo la aprehensión de inmigrantes bajo la ley. Trump apeló rápidamente.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC falló 2-1 el 26 de marzo que las órdenes de Boasberg podrían mantenerse mientras se desarrolla el desafío legal. La mayoría incluyó a un juez designado por el presidente George H.W. Bush y otro por el presidente Barack Obama.
La jueza del Circuito de EE.UU. Karen Henderson escribió que el término “invasión” se entendía ampliamente entre los fundadores de la nación como una invasión militar.
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