Ecuador, que en los últimos años se ha ubicado entre los países más violentos de América Latina por la tasa de muertes violentas, transita hacia la segunda vuelta de las presidenciales, que se realizará el 13 de abril, con una crisis de inseguridad que adquiere nuevas formas ante los cambios de los grupos criminales y la respuesta de las fuerzas de seguridad.
Si bien 2024 fue un año menos sangriento que 2023, de todas formas fue el segundo con más muertes violentas en la historia del país, 6.962, según cifras de la Policía Nacional. La tendencia del año pasado, que comenzó con el decreto de un estado de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, fue en aumento con el correr de los meses y enero de 2025 dejó más de 700 muertes violentas, según el Ministerio del Interior.
El número creció en parte por los ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales que luchan por controles territoriales, pero también aumentan dos problemáticas que impactan de lleno en el resto de la población: la extorsión y el reclutamiento de menores.
En marzo de 2024, la Policía anunció la creación de la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE) para atender el problema, teniendo en cuenta que en 2023 la extorsión fue el crimen más denunciado en todo el país, con 21.811 casos, según un reporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), con base en datos de la Fiscalía. Los datos preliminares del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado apuntaban a un crecimiento en 2024.
“La extorsión viene creciendo desde 2021. Era más por redes sociales, amenazas por WhatsApp. Se detectó que muchas venían de las cárceles o desde números del extranjero. Con el tiempo viene dándose la extorsión más territorial, con grupos criminales que piden a negocios y hogares un pago de una especie de impuesto”, dijo a CNN Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Agrega que este tipo de delitos “generan mucha animadversión a nivel de población, han quebrado muchos negocios y afectan la economía”.
Aunque las extorsiones son más frecuentes en la zona de la costa, “cada vez se escucha en más zonas”, afirma Pontón, aunque señala que en Quito son por ahora “eventos aislados” y no se puede hablar todavía de un alcance nacional.
El crecimiento es tal que, aunque muchos comercios como tiendas o peluquerías son habituales víctimas, ahora ni siquiera es necesario tener un negocio para ser blanco de una extorsión. “Hay personas que extorsionan a los dueños de casa para pedir que les arrienden en lugares estratégicos”, explicó a CNN Cristian Paredes, jefe de la unidad de operativos de la Secretaría de Seguridad de Quito.
Paredes señaló que la banda Los Lobos ha sembrado el terror y dado rienda suelta al microtráfico. “Está disputándose quién tiene el mando de qué lugar. Los asesinatos, lastimosamente ocurridos en estas últimas semanas, se presumen que es por este tema”.
Pontón señaló que Los Lobos son actualmente el grupo criminal más importante, “con participación en narcotráfico a gran escala, minería ilegal y corrupción”. Su irrupción se dio a la par del debilitamiento de Los Choneros, cuyo quiebre en 2020 dio paso a una escalada de violencia y peleas por controles territoriales.
Fue en ese contexto en el que creció la extorsión. “Han sabido sacar provecho de este juego de poder que vincula la violencia. No tendría sentido vivir con extorsiones y bajo nivel de violencia, no sería creíble. Las consecuencias están a la vista, y son criminales avezados con métodos coercitivos”, dijo Pontón.
En 2024, 14 de los 18 cabecillas considerados de alto valor fueron capturados en operaciones conjuntas a escala nacional, según la Policía y las Fuerzas Armadas. También, informan, fueron puestos a disposición de la Justicia 172 de 238 líderes intermedios, y decomisaron 294 toneladas de droga.
Para Pontón, aunque la militarización ordenada por Noboa muestra señales de agotamiento, el apoyo es necesario, ya que la Policía no se enfrenta simplemente a pandilleros, sino a bandas organizadas, algunas de ellas con denuncias de reclutamiento de menores.
Bajar la edad de imputabilidad de menores ha sido uno de los grandes ejes del debate electoral, con el respaldo de la mayoría de los candidatos que acudieron a la primera vuelta, ante la creciente participación de menores en hechos delictivos vinculados a grupos criminales. El presidente Noboa se declaró a favor de bajarla a 15 años (de los 18 actuales), mientras que la candidata opositora Luisa González no se ha pronunciado al respecto.
Desde 2021 se registra un aumento constante en el número de causas abiertas a adolescentes por infracciones al código penal y actualmente son más de 4.500 procesos penales, 26% más que en 2021, según datos del Poder Judicial. Los más comunes son robos y tráfico ilícito de sustancias.
“Es un tema sensible, está circunscripto en un debate polarizado”, consideró Pontón, quien dijo estar a favor de un endurecimiento de penas. “Las bandas criminales aprovechan para buscar impunidad, pero el gran desafío es trabajar con los jóvenes en materia de prevención. Cómo hacer, en estos barrios marcados por la violencia, que no sean caldo de cultivo”.
Bajo este panorama ocurrió la muerte de cuatro menores tras un operativo militar a fines del año pasado que estremeció a la sociedad, en un caso por el que 16 militares quedaron bajo custodia y el ministro de Defensa pidió disculpas públicas a las familias de las víctimas, pero rechazó que la justicia califique el caso de desaparición forzada.
El investigador del IAEN también explicó que el delito de reclutamiento es difícil de imputar bajo el marco legal ecuatoriano, por lo complicado que es probar que se fuerza a un adolescente a pertenecer a un grupo, a diferencia de otros modelos que castigan el uso y utilización de los menores con mecanismos menos coercitivos. “Ese enfoque toma en cuenta temas de vinculación y otros factores como los sociales, la cuestión de equidad, los culturales”, agregó.
Si bien ese abordaje necesita de un trabajo a largo plazo para cambiar la realidad y el abanico de oportunidades para los adolescentes, “alguien tiene que hacerlo”, dijo Pontón, para poder mostrar a los jóvenes un futuro distinto fuera de los grupos criminales.
Ana María Cañizares contribuyó con este reporte.
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