Una familia de estatus migratorio mixto busca reunificarse después de que la madre, una migrante indocumentada, fue deportada este mes desde Estados Unidos a México, su país de origen. La mujer fue trasladada de Texas a Tamaulipas junto con sus cuatro hijos, dijo a CNN su esposo, Federico Arellano, quien nació en Houston y es ciudadano estadounidense.
La mujer, Cristina Salazar, entró ilegalmente a EE.UU. el 28 de junio y fue detenida en Texas por la Patrulla Fronteriza, dijo a CNN este jueves un portavoz del Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Salazar quedó libre el 29 de junio bajo el programa Alternativas a la Detención y debía cumplir con procedimientos legales, pero un juez de inmigración ordenó su deportación luego de que faltó a la audiencia a la que estaba citada el 9 de octubre. La deportación se realizó el 11 de diciembre, agregó el vocero.
Arellano e Isaías Torres, uno de sus abogados, dijeron a CNN el miércoles que Salazar no pudo acudir a la audiencia porque estaba recuperándose de la cesárea que tuvo a mediados de septiembre para dar a luz a sus dos hijas más pequeñas. Aseguraron que Arellano había llamado a la corte de inmigración para explicar que su esposa no podría asistir por motivos de salud y pedir una nueva fecha, y que ahí le dijeron que podría presentarse después.
CNN contactó a la corte de inmigración de Houston para pedir comentarios sobre el caso y está en espera de respuesta. También contactó al Departamento de Justicia de EE.UU., del que dependen estas instancias.
Arellano y Torres, además, reclamaron a ICE por el trato que presuntamente recibió Salazar. Según el abogado, funcionarios “presionaron” a la mujer para convencerla de que era mejor que se llevara a los niños. De ellos, las recién nacidas son ciudadanas estadounidenses por haber nacido en el país. Los otros dos son un niño de dos años que nació en México y una niña de siete hijastra de Arellano.
Un portavoz de ICE negó que la institución haya actuado indebidamente. En un comunicado entregado a CNN este jueves, dijo que Salazar aceptó presentarse a oficinas del ICE el 10 de diciembre y ahí ella y su esposo “mutuamente acordaron” que Salazar se llevara a las bebés, junto con sus hijos nacidos en México. El vocero agregó que entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre Salazar cometió violaciones al Programa de Alternativas a la Detención, principalmente deshabilitar los servicios para permitir su localización.
Acerca de este comunicado, Arellano dijo a CNN este jueves que —según su versión— es falso que su esposa haya violado los términos del programa. Aseguró que ella se mantuvo en contacto con los funcionarios de migración e insistió en que ella se llevó a los niños por presión y no de común acuerdo.
Un portavoz de ICE dijo a la cadena NBC que la dependencia no deporta a ciudadanos estadounidenses y que “cualquier decisión para que menores con ciudadanía estadounidense dejen EE.UU. con sus padres corresponde a los padres”.
Tom Homan, designado por el presidente electo Donald Trump como su futuro “zar de la frontera”, se expresó en términos similares al referirse a los casos con familias de estatus mixto en una entrevista con CNN. La separación familiar es un fenómeno común en EE.UU. que genera preocupación entre organizaciones a favor de los derechos de los migrantes.
“Si tienen un hijo que es ciudadano estadounidense, si eligieron, después de venir al país ilegalmente, después de que hayan recibido una orden de deportación, tener un hijo ciudadano de Estados Unidos, y entonces piensan ‘OK, la orden del tribunal ya no significa nada, la orden de deportación ya no significa nada’, entonces, ¿qué clase de mensaje le estamos enviando al mundo?”, dijo Homan. “El niño puede quedarse. Pueden quedarse con un familiar. Pueden quedarse con el otro padre o madre, o pueden llevárselos con ellos”, añadió.
Arellano, en tanto, busca vías legales para que las autoridades permitan que su familia vuelva a EE.UU., donde la próxima toma de posesión de Trump genera temor entre muchos migrantes debido a la promesa del presidente electo de deportar masivamente a los indocumentados que, dice, perjudican al país.
Torres señaló que la defensa está buscando el apoyo de varios congresistas para “presionar” a autoridades federales para que concedan un ‘parole’ humanitario que le permita a la familia regresar a EE.UU. y conseguir que se anule la orden de deportación en el caso de Salazar.
Arellano dijo que, después de que su esposa y sus hijos fueron llevados de McAllen, Texas, a Reynosa, Tamaulipas, todos viajaron por carretera a Huetamo, Michoacán, de donde ella es originaria. El recorrido desde la frontera norte de México hasta ese punto del suroeste del país supera los 1.100 kilómetros.
Desde Houston, Arellano trata de mantenerse en contacto con Salazar y confía en que las gestiones con figuras públicas de EE.UU. le ayuden a reunirse con su familia.
“A lo mejor sí nos dan el ‘parole’”, dijo el hombre, aunque reconoció que le han advertido que la resolución del caso puede tardar hasta un año.
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