(CNN) — Donald Trump acaba de ser reelecto a la Casa Blanca siendo un delincuente convicto que espera sentencia en su caso de pago de dinero a cambio de silencio en Nueva York y mientras intenta evitar otras persecuciones en casos estatales y federales.
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Es una situación extraordinariamente única: nunca antes un acusado penal había sido elegido para el más alto cargo de la nación, así como tampoco un expresidente había sido acusado penalmente hasta el año pasado.
Trump ha dicho en varias ocasiones que planea despedir al fiscal especial Jack Smith y terminar con los casos federales en su contra relacionados con su intento de revertir la elección presidencial de 2020 y el manejo indebido de documentos clasificados.
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“Claramente valió la pena presionar agresivamente para retrasar estos casos el mayor tiempo posible”, dijo Jessica Levinson, profesora de derecho constitucional en la Facultad de Derecho Loyola.
Mientras tanto, un juez en Nueva York fue designado para emitir sentencia al expresidente a finales de este mes, después de posponer el fallo para evitar la impresión de influir en el resultado de la campaña presidencial. Sin embargo, se espera que los abogados de Trump pidan al juez retrasar la sentencia ahora que es el presidente electo.
Donald Trump comparece ante el tribunal con sus abogados Todd Blanche, Emil Bove y Susan Necheles para su juicio por el silencio de sus seguidores en el Tribunal Penal de Manhattan el 28 de mayo en la ciudad de Nueva York. (Spencer Platt/Getty Images)
Trump se declaró inocente de todos los cargos. A continuación, lo que se sabe sobre los cuatro casos penales:
Sentencia en Nueva York
Trump tiene programado comparecer en un tribunal de Nueva York el 26 de noviembre para recibir una sentencia tras su condena a principios de este año por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, relacionados con el pago de dinero a cambio de silencio durante la campaña de 2016 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, quien alegó una aventura previa con el presidente electo, (que Trump niega).
La posibilidad de que se lleve a cabo esta sentencia sigue siendo una incógnita.
El juez Juan Merchan puso una fecha límite del 12 de noviembre para decidir si anular la condena debido a una decisión de la Corte Suprema, que otorga a cualquier presidente cierta inmunidad. Si Merchan hace eso, se desestimarían los cargos y no sería sentenciado.
Pero si decide mantener la condena, se espera que los abogados de Trump le pidan a Merchan retrasar la sentencia para poder apelar. Si no se concede, sus abogados planean apelar la decisión de inmunidad en las cortes estatales de apelación y, potencialmente, llegar hasta la Corte Suprema de EE.UU., lo que podría retrasar la sentencia por meses.
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Si Merchan sigue adelante con la sentencia, Trump podría ser condenado hasta a cuatro años de prisión, aunque el juez no está obligado a sentenciar al presidente electo a que vaya a prisión y podría imponer una pena menor, como libertad condicional, confinamiento en el hogar, servicio comunitario o una multa.
Cualquier sentencia, por supuesto, se complicará por el hecho de que Trump asumirá el cargo el 20 de enero de 2025. Sus abogados probablemente estructurarán sus apelaciones para plantear cuestiones constitucionales sobre si un juez estatal puede sentenciar a un presidente electo, lo que podría retrasar el caso en los tribunales durante años.
Dado que es un caso estatal, Trump no tiene el poder de indultarse a sí mismo el próximo año después de asumir el cargo.
Casos federales en la ciudad de Washington y Florida
La victoria electoral de Trump podría tener el mayor impacto en los dos casos penales federales presentados en su contra por Jack Smith en la ciudad de Washington y en Florida.
Desde que los casos fueron presentados en 2023, la estrategia legal principal de Trump fue retrasar los juicios hasta después de las elecciones, de modo que, si es elegido, pueda despedir a Smith y, con ello, poner fin a los dos casos. A fines de octubre, el expresidente dijo que tomaría tal medida sin dudarlo.
“Oh, es tan fácil. Es tan fácil”, dijo Trump cuando se le preguntó en una entrevista radial si “se indultaría a sí mismo” o “despediría a Jack Smith” si era reelegido.
“Lo despediría en dos segundos”, dijo Trump.
Despedir a Smith permitiría que el Departamento de Justicia y el secretario de Justicia de Trump propongan desestimar los cargos en su contra y pongan fin a los casos judiciales.
Pero hasta el día de la asunción, el 20 de enero, Smith tiene tiempo para evaluar sus opciones en asuntos que el departamento nunca enfrentó antes.
Un obstáculo inicial es si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia considera que un presidente electo tiene la misma protección legal contra el enjuiciamiento que un presidente en funciones. Eso determinaría el próximo paso, dijeron a CNN personas informadas sobre el tema.
Más de media docena de personas cercanas a la oficina del fiscal especial o a otros altos funcionarios del Departamento de Justicia dijeron a CNN que creen que Smith no quiere cerrar antes de recibir una orden de hacerlo o ser destituido por Trump.
Según la ley federal, Smith debe presentar un informe confidencial sobre el trabajo de su oficina al secretario de Justicia de EE.UU. antes de dejar el cargo.
En el caso de la ciudad de Washington, Smith acusó a Trump por intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020. El caso estuvo frenado durante meses mientras Trump presionaba a los tribunales federales para que le otorgaran inmunidad presidencial, y en julio la Corte Suprema emitió un fallo histórico que establece que tiene cierta inmunidad contra el enjuiciamiento penal.
El juez federal que supervisa el juicio ha estado decidiendo qué parte de la conducta de Trump en el centro del caso está protegida por inmunidad, después de que los fiscales presentaron sus argumentos el mes pasado explicando por qué la decisión no debería tener impacto en el caso.
Los cargos presentados por Smith en Florida consisten en una acusación contra Trump de tomar documentos clasificados ilegalmente de la Casa Blanca y resistir los intentos del gobierno para recuperar los materiales.
Ese caso fue desestimado en julio por la jueza Aileen Cannon, pero los fiscales han apelado el fallo, que afirmó que el nombramiento de Smith por parte del secretario de Justicia Merrick Garland violaba la Constitución.
Caso de RICO en Georgia
El destino inmediato del caso penal de Trump en Georgia depende en gran medida de si la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, una demócrata, queda descalificada debido a una relación romántica anterior con un colega fiscal. Pero, incluso si se le permite continuar, el caso estaría casi seguro en riesgo ahora que Trump es el presidente electo.
Los cargos penales contra Trump por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 están en suspenso, mientras la corte de apelaciones decide si descalificar a Willis, decisión que se espera hasta 2025.
Si Willis es removida, fuentes dijeron a CNN que creen poco probable que otro fiscal quiera tomar el caso y, en efecto, desaparecería.
Fuentes cercanas al caso dijeron que es improbable que un juez estatal permita que continúen los procedimientos cuando Trump sea presidente, y en ese caso, los abogados ciertamente buscarían que el caso se desestimara.
No hay una respuesta clara sobre si un fiscal estatal, como Willis, puede procesar a un presidente en funciones. La victoria de Trump obliga a Willis a enfrentar esa cuestión constitucional, además de los problemas legales existentes que ya han generado incertidumbre sobre el futuro del caso de Georgia.
Demandas civiles
El expresidente también se defiende de numerosas demandas civiles, incluyendo aquellas sobre su papel en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, dos casos de difamación de E. Jean Carroll y un caso de fraude civil presentado por el fiscal general de Nueva York, en el que se ordenó a Trump pagar casi US$ 454 millones.
En septiembre, las cortes de apelación estatal y federal en Nueva York escucharon argumentos sobre dos apelaciones civiles de Trump.
Trump perdió dos casos de difamación contra Carroll en 2023 y 2024 en un tribunal federal después de que un jurado lo hallara responsable de abusar sexualmente de la excolumnista y posteriormente difamarla. Dos jurados otorgaron a Carroll indemnizaciones de US$ 5 millones y US$ 83 millones.
En septiembre, un tribunal federal de apelaciones escuchó la apelación de Trump para desestimar el primer veredicto a favor de Carroll. El tribunal aún no ha emitido una decisión.
Más adelante en el mes, un tribunal estatal de apelaciones escuchó los argumentos de Trump en su intento por anular el fallo de fraude civil de US$ 454 millones en su contra, en el que un juez determinó que él, sus hijos adultos y su empresa inflaron fraudulentamente el valor de los activos de Trump para obtener mejores tasas de préstamo y seguros. El tribunal de apelaciones, compuesto por cinco jueces, pareció estar dispuesto a al menos reducir la multa impuesta a Trump, aunque tampoco ha emitido una decisión. Ese fallo puede ser apelado ante el tribunal de apelaciones más alto de Nueva York.
Trump también enfrenta demandas civiles presentadas por legisladores demócratas y otros por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero.
Es posible que todos estos casos sigan su curso incluso mientras Trump cumpla su segundo mandato en la Casa Blanca. En un fallo de 1997 de la Corte Suprema, que surgió de una demanda civil en la que estuvo involucrado el entonces presidente Bill Clinton, los jueces decidieron unánimemente que los presidentes en funciones no podían invocar la inmunidad presidencial para evitar litigios civiles mientras están en el cargo.
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