(CNN Español) — El Gobierno de Argentina puso en venta, a través de un decreto, un inmueble que fue utilizado como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en la provincia de Córdoba. Incluyó también en la lista de futuras subastas un predio que fue identificado como posible centro clandestino, y otro donde ya funciona un espacio de memoria. En Argentina los espacios de memoria son sitios vinculados a la dictadura que fueron recuperados y reconvertidos para actividades culturales y de promoción de derechos humanos. Algunos de ellos forman parte de investigaciones en curso.
El decreto 950/2024, publicado a fines de octubre, señala que el Ejecutivo autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado “a disponer, enajenar y/o transferir inmuebles del Estado nacional”, con un anexo que consigna 309 terrenos o lotes a nivel nacional.
Entre los consignados, están los terrenos donde está ubicada La Perla Chica, un lugar que fue señalizado como sitio de memoria en noviembre de 2023. Según declaró entonces la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, funcionó como anexo del centro de detención, tortura y exterminio “La Perla”, el mayor centro clandestino fuera de Buenos Aires.
La Perla Chica, añade la Secretaría, tuvo “un rol central alojando transitoriamente a las personas que estaban en cautiverio en otros centros clandestinos de detención durante el Mundial de Fútbol de 1978”, durante la visita de la Cruz Roja Internacional ese mismo año y de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.
Tras la publicación del decreto, la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba emitió un comunicado rechazando la posible venta. “La importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural; es un sitio de memoria reconocido y señalizado, que es testimonio de las violaciones a los derechos humanos y de nuestra historia reciente”, indicó la organización. Destacaron también que es “un sitio clave para distintas causas por delitos de lesa humanidad obrantes en la Justicia Federal, y debe preservarse para asegurar justicia y verdad para las víctimas del terrorismo estatal y sus familias”.
Por su parte, la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S. Córdoba (acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), de la que varios integrantes han participado como querellantes en los juicios contra la dictadura, expresó en un comunicado: “Rechazamos profundamente esta acción del Gobierno nacional de Milei y (la vicepresidenta Victoria) Villarruel, que nuevamente niega y banaliza al Terrorismo de Estado y sus crímenes”.
CNN contactó al Ministerio de Justicia, del que depende la Secretaría de Derechos Humanos, para conocer si tiene una reacción a los comunicados o un posicionamiento sobre la puesta en venta, y está a la espera de respuesta.
El Gobierno de Milei es el primero desde la recuperación de la democracia que cuestiona abiertamente la condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Argentina. El 24 de marzo, al cumplirse 48 años del último golpe de Estado, la Casa Rosada difundió un video que relativiza el terrorismo de Estado y niega que haya habido 30.000 desaparecidos, tal como afirman los organismos de derechos humanos y que es una cifra estimativa para graficar la magnitud, tal como sucede con otros horrores, como el Holocausto, donde es imposible determinar un número exacto.
El fiscal federal Facundo Trotta, que participó en juicios sobre los crímenes de lesa humanidad en La Perla y La Perla Chica, remarcó que todavía están en trámite causas sobre hechos cometidos en ese lugar, y que por ello la Fiscalía solicitó que se declare una medida que evite modificaciones en la zona. “No podíamos aceptar que existiera la posibilidad de que se pueda vender ese inmueble, porque podría afectar las investigaciones”, dijo en declaraciones a Radio Villa María.
Según la ley 26.691, sancionada en 2011, los Sitios de Memoria son intangibles, en tanto el Poder Ejecutivo nacional garantiza “la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, así como la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”.
La sustentación del Gobierno de Milei en el Boletín Oficial indica que la iniciativa forma parte de “las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado” ya que, según se fundamenta en la norma, los inmuebles en cuestión “resultan innecesarios”. Además, señala que estos bienes generan “costos y gastos que deben evitarse” para así “ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país”.
El caso en Campo de Mayo
En el anexo del decreto 950 también figura un terreno en la provincia de Buenos Aires que se solapa en gran medida con el área de Puerta 8, que fue parte de la guarnición militar de Campo de Mayo, un enorme territorio donde funcionaron durante la última dictadura varios centros clandestinos de detención por los que se estima que pasaron entre 3.500 y 5.000 personas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas.
Tras la publicación de la resolución, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires señaló que en ese lugar “habría funcionado el Destacamento de Comunicaciones Puerta 8, también conocido como Estación de Radio Puerta 8 de Campo de Mayo”, y remarcaron que se encuentra bajo investigación por la posible comisión de delitos de lesa humanidad.
Aunque esa zona no está declarada como Sitio de Memoria, desde el Gobierno bonaerense señalaron a CNN que “Puerta 8 fue identificado como posible centro clandestino recién el año pasado, a partir de un nuevo dato que se incorporó en la causa de Campo de Mayo”, y que a raíz de eso se dictó una protección judicial.
El comunicado señala que la medida cautelar de “no innovar” dictada el 19 de diciembre de 2023 implica “la prohibición de modificar, mudar, alterar, y/o introducir cambios en la zona”.
Según la fuente del Gobierno provincial consultada por CNN, la jueza federal Alicia Vence, que firmó esa cautelar en diciembre, envió esta semana al Ministerio de Defensa y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado una notificación para informar de la medida. CNN intenta comunicarse con el despacho de la jueza para conocer su reacción.
El predio también figura como subasta futura en la página de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, donde no se identifica al terreno como parte de Campo de Mayo.
El Regimiento de Corrientes
Aunque el decreto no lo incluye en el anexo, la resolución indica que la Agencia impulsará procedimientos similares decretados por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que no llegaron a concretarse. Entre ellos figura el 345/19, que identifica al Ex Regimiento de Infantería N°9 de la provincia de Corrientes como predio apto para impulsar un Plan Urbano Costero. Así, el inmueble ya figura también en la página de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como subasta futura.
En ese lugar funcionó entre marzo y diciembre de 1976, y entre febrero y julio de 1977 un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por lo que también fue declarado Sitio de Memoria y cuenta con la protección legal.
El decreto de Macri de 2019 también generó rechazo de organizaciones sociales y finalmente no se concretó su venta.
Este inmueble puede llegar a ser el más atractivo de los tres para la venta, ya que está ubicado en plena costanera correntina. Sin embargo, allí ya funciona un Espacio de Memoria con visitas guiadas. En 2022 durante el Gobierno de Alberto Fernández, se desafectó la jurisdicción del Ministerio de Defensa y se asignó el espacio a la Secretaría de Derechos Humanos con fines de desarrollar actividades de difusión, promoción, preservación e investigación.
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