(CNN Español) –– Se abre un nuevo capítulo en la pelea que el presidente Javier Milei sostiene con la prensa argentina, esta vez por el acceso a la información pública. El Gobierno de Argentina publicó hace diez días un decreto de necesidad y urgencia en el que reglamenta algunos puntos de la ley 27.275 que rige en Argentina desde 2016 y limita los motivos para realizar solicitudes.
Gracias a esta norma, que tiene por objetivo “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”, durante los nueve meses que el dirigente libertario lleva en el cargo se dio a conocer información de relevancia que, incluso, llevó a la Justicia a investigar en profundidad algunas denuncias periodísticas.
Una de las más significativas fue la que publicó en mayo el medio El Destape que, debido a los datos recolectados tras un pedido de información pública, pudo saber que el Ministerio de Capital Humano tenía cerca de 5 millones de kilogramos de alimentos sin repartir a comedores e instituciones, algunos próximos a vencer. Finalmente, el Gobierno planificó la entrega inmediata de las mercaderías.
Otra es la que difundió el gremio La Bancaria en julio, en la que revelaba el envío de lingotes de oro de las reservas del Banco Central al exterior. El Poder Ejecutivo contestó que efectivamente el oro había salido del país, pero no especificó cómo ni adónde.
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Las entradas y salidas de invitados a la residencia presidencial de Olivos, o el costo de los viajes del presidente, numerosos en sus primeros meses de mandato, también surgieron de pedidos de acceso a la información pública. Con las nuevas modificaciones que se introducen por decreto —que sale del Ejecutivo, sin necesidad de consulta con el Congreso— muchas de estas solicitudes podrían no atenderse.
¿Cuáles son los principales cambios en la norma?
El decreto publicado en el Boletín Oficial tiene algunos puntos llamativos. El primero es el que incluye la definición de “información pública”. En el artículo 3 explica que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”. Es decir, que cada organismo podrá definir qué datos se entienden como “de naturaleza privada”.
En el artículo 8, cuando se especifican las excepciones que se pueden aplicar al acceso a la información, la nueva normativa señala que el pedido podría no responderse si “su conocimiento público, difusión o divulgación pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicio”, es decir, si lesiona a una persona o a sus bienes por acción u omisión. Una vez más, quedará a cargo de cada organismo definir si la información pedida cae en esta categoría o no.
Sobre esta cuestión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en una de sus conferencias de prensa matutinas que, con las modificaciones ,“se trata de que el acceso a la información pública sirva nada más para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado Nacional, pero no que la información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios” y resaltó que desde la llegada de Milei al poder “se han multiplicado por 10 los pedidos de información pública con respecto al gobierno anterior”.
De acuerdo con los datos oficiales, en 2023 se realizaron 94 solicitudes de información pública, mientras que la cifra llegó a 67 desde enero hasta julio de 2024.
En los artículos 1 y 34, la normativa impone el concepto de “buena fe” al momento de hacer un pedido de información. Primero, explica que “la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”, es decir, un abuso del derecho. Mientras que en el artículo 31, se explica que “en caso de que se verifique el ingreso de solicitudes que reiteren un pedido ya contestado o un manifiesto apartamiento del principio de buena fe, (…) se informará a la Agencia de Acceso a la Información Pública para que adopte las medidas que estime necesarias”.
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En ese sentido, llama la atención un extracto del artículo 24 en el que se explican las funciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Allí se resalta que “tendrá en consideración, (…) aquellas solicitudes reiterativas que generen un dispendio innecesario de actividad administrativa (…), o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes”. Una vez más, hace hincapié en el “abuso del derecho”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de volver atrás con la normativa, algo que había sugerido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición frente al Congreso, Adorni descartó esta posibilidad.
Los mismos mecanismos de la ley de acceso a la información pública permiten dos instancias de reclamo en caso de no recibir una respuesta favorable del organismo involucrado: la primera, un pedido de revisión ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. La segunda, la presentación de un amparo ante la justicia en los 40 días posteriores a haber sido negada la información.
Antecedentes peligrosos
Esta no es la primera vez que el Gobierno de Javier Milei apunta contra el periodismo, en este caso reduciendo las posibilidades de conocer información relevante para la ciudadanía. Esto se suma a los numerosos ataques que recibieron varios periodistas y medios en los primeros nueve meses del gobierno libertario. Son incontables los tuits y retuits dirigidos a profesionales del periodismo acusándolos de ejercer la profesión con el objetivo de conseguir algún tipo de beneficio personal. El arco de profesionales al que apunta el presidente es realmente amplio. También lo son aquellos acusados de “ensobrados” – calificativo que usa el mandatario para denunciar que los periodistas se esconden detrás algún interés, sin ofrecer pruebas.
Los mismos periodistas atacados y organismos como Fopea (Foro de Periodismo Argentino) y Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), que ya habían encendido las alarmas de preocupación por estos ataques, ahora también lo hacen por los nuevos límites a los pedidos de información.
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De manera abierta, este jueves en el Foro de Madrid, un encuentro organizado en Buenos Aires por la Fundación Disenso del partido español de ultraderecha Vox, Milei dijo que “que como parte de la casta hoy podemos encontrar una larga lista de periodistas y medios de comunicación que hoy son poco más que un servicio de propaganda en venta al mejor postor”. Una vez más, dichos sin pruebas.
Además de los insultos en redes sociales, entrevistas y discursos, el gobierno de Javier Milei tuvo otros antecedentes que han puesto el ejercicio periodístico bajo la lupa. El domingo 1 de septiembre, el mandatario dijo en una entrevista en La Nación+ que estaría dispuesto a dar conferencias de prensa, pero “jugando todos el mismo juego”. “Si quieren pido al Congreso que mande una ley para que los periodistas sean personas políticamente expuestas, que presenten declaración jurada, que puedan ser sometido al escarnio público”, agregó Milei en esa oportunidad. La fuerza que lidera el presidente Milei no tiene suficientes votos en el Congreso para aprobar una ley de estas características sin el apoyo de otros bloques.
En otra entrevista a La Nación +, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había deslizado la posibilidad de cambiar las reglas para acreditar periodistas en Casa Rosada. “Nosotros estamos trabajando en una nueva resolución, vamos a hacer que sea un privilegio estar en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Vamos a hacer un nuevo esquema, buscando la excelencia que es acreditar medios según su alcance, según su audiencia. Además, exigiendo determinadas características del periodista en términos de experiencia, en términos de relación de dependencia. Vamos a hacer una sala de prensa de… suena feo decir de elite, pero periodistas que puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente de la nación”, agregó. Ninguno de estos dos proyectos ha avanzado de manera concreta hasta el momento.
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