(CNN Español) — La periodista y actriz de nacionalidad cubana Alondra Santiago, quien reside en Ecuador hace casi 20 años, anunció este martes en su cuenta de X que la Cancillería de Ecuador le notificó la revocatoria de su visa de residente permanente en el país sudamericano por supuestamente haber cometido actos en contra de la seguridad pública y estructura del Estado.
“Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de revocatoria de visa por parte de Cancillería. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio”, precisó Santiago.
La Cancillería de Ecuador confirmó este martes a los periodistas que la resolución se basó en informes previos emitidos por el Ministerio del Interior y del Centro de Inteligencia Estratégica, aunque sin precisar cuáles fueron los supuestos actos en contra de la seguridad y estructura del Estado ecuatoriano. En el documento de notificación, la Cancillería indica que los informes de ambas instituciones se consideran “secretos”.
CNN se contactó con Santiago, quien dijo que se encuentra en una “montaña rusa” tras recibir la notificación de la revocatoria de su visa.
“Sigo sorprendida como si estuviese en un estado de negación. Yo sí creo que van a proceder desde el Gobierno con la deportación, pero espero que desde la justicia no lo hagan”, explicó a CNN.
Por otra parte, Santiago dijo que no tiene inconvenientes para entrar a Cuba —su país de origen— aunque advierte que las garantías no son las mismas por haber vivido varios años fuera. “No me va a pasar nada, pero es diferente la forma en la que llegaría. No tengo a nadie realmente allá. No tengo a dónde llegar. No tengo familia allá”, agregó.
Más temprano, Santiago indicó a la radio FM Mundo -afiliada de CNN- que le han dado cinco días para abandonar el país y calificó a la decisión de las autoridades como arbitraria por considerar que afecta a la libertad de prensa y expresión por el hecho de cuestionar a un Gobierno.
“Nunca imaginé que esto iba a pasar a ese nivel. Cuando yo vi la notificación yo pensé que era una cuestión de broma. No creía que esto estaba pasando (…) Estoy hablando con mis abogados y a nivel de organismos internacionales para llevar esto jurídicamente y evitar que esto prospere”, aseguró.
La Cancillería señaló que de acuerdo a la ley de movilidad humana en este caso se deberá iniciar un proceso de deportación y notificar a la Embajada de Cuba.
“El caso será informado a la autoridad de movilidad humana para que proceda de manera inmediata a la revocatoria de la visa y notifique a la autoridad de Control Migratorio, en el término de cinco días, para que inicie el proceso administrativo de deportación”, precisó.
CNN consultó a la Cancillería ecuatoriana sobre las motivaciones de la decisión y respondió que “sugiere” hacer esas consultas al Ministerio del Interior y el Centro de Inteligencia (CIES).
El Ministerio de Interior de Ecuador difundió un comunicado sobre el caso, donde explica que su actuación ha sido “con base en criterios técnicos y en estricto apego a la institucionalidad y competencias de cada entidad”.
CNN ha consultado al CIES y está a la espera de una respuesta, y también está solicitando comentarios a la Embajada de Cuba en Quito.
La organización de defensa de la libertad de expresión Fundamedios rechazó la decisión de la Cancillería.
“Consideramos que este acto configura un uso abusivo del poder estatal y atenta contra la libertad de expresión”, señaló.
La Fundación Periodistas sin Cadenas indicó que esta decisión sienta un “peligroso precedente” para la libertad de expresión en Ecuador y en la región.
“Estos antecedentes revelan un peligroso giro autoritario del presidente Noboa y de sus funcionarios en contra de la prensa”, advirtió la Fundación.
CNN también consultó a la Presidencia de Ecuador sobre las motivaciones de la decisión, pero hasta el momento no hay una respuesta.
Alondra Santiago se ha dedicado a la actuación durante varios años y conduce un programa de opinión en un canal digital.
El texto de la disposición gubernamental indica que la decisión entró en vigor desde el 24 de junio y está firmada por el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos.
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