(CNN Español) — Mientras el presidente Gustavo Petro anunciaba en un mitin el viernes que le había pedido la renuncia a dos miembros de su gabinete, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Corte Suprema de Justicia informaron que investigarían el supuesto sobreprecio en la compra de 40 carrotanques para el Departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, uno de los más pobres del país.
“Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración”, advirtió el presidente Petro el viernes al tiempo que anunció una comisión institucional para investigar los hechos.
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Los señalados son la ahora exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y el secretario para la Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, quienes fueron mencionados en sendas entrevistas concedidas a las revistas Cambio y Semana por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), como beneficiarios de esa presunta trama.
Tanto Ortiz como Idárraga se pronunciaron en comunicados públicos y se defendieron de las acusaciones. Este lunes Petro solo aceptó la renuncia de Ortiz y dejó en su cargo a Idárraga.
“Enfáticamente rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para defender mi honra y mi buen nombre”, afirmó Ortiz en un comunicado.
Por su parte, Andrés Idárraga dijo en su cuenta de X: “El pasado 29 de febrero denuncié pública y penalmente al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por presuntos hechos de corrupción, siendo la primera vez que la Secretaría de Transparencia instaura denuncia penal contra alguien de su propio gobierno. Ante este hecho, los investigados y su defensa responden con falsas acusaciones, mostrando su interés por buscar distractores mediáticos y enlodar mi buen nombre, en lugar de ponerle la cara a la justicia”.
Aunque Idárraga no lo mencionó, el exdirector de la Ungrd es Olmedo López, quien también está siendo investigado en este caso. A través de su abogado José Moreno Caballero, Olmedo López manifestó que está dispuesto a colaborar con la fiscalía para esclarecer los hechos.
Pinilla también dijo estar dispuesto a colaborar con la investigación anunciada por la Fiscalía General, que en un comunicado dado a conocer el viernes informó que brindaría todas las garantías legales y de seguridad a quienes decidan colaborar con la Justicia y que llevará esta indagación hasta sus últimas consecuencias para acusar a los presuntos responsables de los hechos.
“Por el momento, está en marcha una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Se avanza en la verificación de unos hechos, y se recopila el material probatorio y las evidencias suficientes para hacer las valoraciones legales de rigor que permitan establecer el tipo de delito que se podría configurar y quiénes serían los responsables”, precisó la Fiscalía en su escrito.
La investigación inicial de los posibles sobrecostos, presunto lavado de activos y falsificación de documentos fue producto de un trabajo de la emisora local W Radio Colombia.
En febrero de este año comenzaron las publicaciones de La W que llevaron a la renuncia de López y Pinilla, ahora protagonistas principales de las acusaciones contra los funcionarios.
Según las declaraciones que han dado los dos presuntos involucrados hay otros actuales integrantes del Gobierno de Gustavo Petro que tendrían responsabilidades penales.
CNN ha solicitado a la defensa de Sneyder Pinilla y Olmedo López una declaración sobre los hechos pero nos han remitido a lo que hasta el momento han declarado en medios locales sus clientes. Sostienen que a partir de esta semana todas las declaraciones se harán ante la Fiscalía General que adelanta las investigaciones.
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Corte Suprema investiga a congresistas mencionados
Pero el escándalo va mucho más allá de los presuntos sobrecostos en la adquisición de los carrotanques para llevar agua a los sectores más pobres de La Guajira.
Los exdirectivos de la UNGRD aseguran que habrían entregado dinero en efectivo a congresistas para que ayudaran en la aprobación de las reformas sociales que impulsa el Gobierno de Petro.
En sus declaraciones a Semana, Sneyder Pinilla dijo que llevó maletines con el equivalente, en promedio, a un millón de dólares a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
En otra declaración al portal digital Cambio, Pinilla afirmó que la persona a la que le entregó el dinero para, supuestamente, entregárselo a Name fue Sandra Ortiz, exconsejera del gobierno para las regiones.
Name afirma que no conoce a Pinilla y que sus versiones no corresponden a la realidad.
“Estoy dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre mi conducta”, afirmó el presidente del Senado en un comunicado publicado el viernes.
Lo mismo hizo el congresista Andrés Calle, quien en otra declaración escrita dijo que no tenía ninguna relación con el contrato con el que se adquirieron los carrotanques y pidió a las autoridades actuar con celeridad.
“Defenderé en todas las instancias mi reputación y buen nombre, que son el reflejo de mi integridad y mi compromiso con la verdad”, aseguró el presidente de la Cámara de Representantes.
La Corte Suprema de Justicia, como juez natural de los congresistas, inició una investigación preliminar por estos graves señalamientos.
El analista político Pedro Viveros le dijo a CNN que este nuevo escándalo pone a prueba a Petro.
“La gobernabilidad es el equilibrio de poderes que permite cumplir con las demandas sociales y políticas en una República. De comprobarse las denuncias sobre corrupción de importantes funcionarios estatales queda en entredicho, en razón de la legitimidad las reformas pasadas, actuales o futuras. Además, de ser ciertas las afirmaciones de los principales involucrados también quedaría en entredicho la legitimidad jurídica y política de la coalición de Gobierno que llevó al poder al petrismo en 2022”, sostiene Viveros.
La reacción del Pacto Histórico
Sectores del partido de gobierno Pacto Histórico han pedido a las autoridades actuar de inmediato para castigar a los presuntos responsables de corrupción.
“Sobre denuncias de corrupción que implican a funcionarios del Gobierno nacional debe haber investigación con resultados eficaces y prontos. De ser hallados responsables, sanciones ejemplares sin dilación”, afirmó el senador Iván Cepeda.
En el mismo sentido se pronunció la senadora del Partido Alianza Verde Angélica Lozano: “Se están robando a Colombia, otro caso más de corrupción”.
El senador Iván Name, mencionado en el escándalo, es parte del partido Alianza Verde.
Mientras tanto en La Guajira, azotados históricamente por sequías y desabastecimiento de líquido, sus habitantes piden soluciones inmediatas para el desabastecimiento de agua potable debido a la sequía, especialmente en las comunidades indígenas que viven en zonas desérticas y apartadas de las zonas rurales.
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