La nueva reforma constitucional en materia de seguridad que busca impulsar el presidente de Chile, José Antonio Kast, ha causado revuelo en el país austral y ha sido catalogada por expertos y diversos sectores políticos -tanto de izquierda como de derecha- como un proyecto “extremo”, “irresponsable” e incluso “iliberal”.
Según el Gobierno chileno, esta reforma busca enfrentar “graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas” y pretende crear un nuevo estado de excepción constitucional con fuertes restricciones a civiles, controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes e interceptar telecomunicaciones sin control judicial. Además, el presidente podría decretar este estado hasta por 240 días, sin necesidad de pasar por el Congreso.
“Uno podrá debatir, pero hoy día yo creo que hay bastante consenso de que al crimen organizado hay que abordarlo de una manera distinta. Comienza un debate legislativo donde todas las opiniones son bienvenidas y se podrá perfeccionar un proyecto”, afirmó Kast este lunes en una entrevista con la radio local Infinita.
“Siempre hay control expost. Cualquiera que se pase de los límites o cualquiera que infrinja algún derecho después va a ser juzgado. Toda reforma, toda ley, puede sufrir cambio, y para eso está el poder legislativo. Yo no le veo mayor drama. Si fuera iliberal no estaría aquí. Los iliberales en general no van a los medios (de comunicación)”, afirmó Kast en la entrevista radial.
Para el mandatario, la forma de hacer frente a la crisis de seguridad en Chile conlleva a tomar medidas inéditas. “La corrupción, el copamiento territorial, el tipo de delito, el tipo de personas que se integran a esto. Esto ya no es un delito común, no es simplemente un grupo de personas que se coluden para cometer un delito. Uno lo que tiene que decir es que se necesitan herramientas muy distintas, mucho más fuertes para combatir el crimen organizado”, aseguró el mandatario.
El anuncio de la reforma -que ahora deberá ser discutida en el Congreso- ha desatado reacciones divididas al interior del oficialismo y también en la oposición, donde acusaron falta de trabajo prelegislativo.
El expresidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que esta reforma se trata de “un estado de sitio de 240 días” con “una limitación a las libertades que no se habían visto en la democracia chilena, es inédito”.
Por su parte, la presidenta del Frente Amplio -coalición de la izquierda progresista-, Gael Yeomans, aseguró a la prensa local que “esa reforma constitucional es un gustito ideológico que se quiso dar el Partido Republicano. No consta ni siquiera de todos los apoyos de la derecha, eso dice bastante. No es una reforma que una”, aseguró.
Desde el oficialismo, el presidente del partido de centroderecha “Evópoli”, el senador Luciano Cruz-Coke, afirmó a través de su cuenta de X que “el (nuevo) Estado Excepción en Seguridad concede poderes excesivos al presidente que jamás querría en manos de oposición. Debe ser corregido. No se justifica en democracia dar atribuciones al ejecutivo sin control del Congreso en 240 días”.
Preocupación similar tiene el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) -partido de la derecha tradicional-, Guillermo Ramírez, quien afirma que el oficialismo deberá ponerse de acuerdo en los próximos días en el Congreso. “Si tú me dices: ‘vamos a interceptar el teléfono cuando el crimen organizado o el terrorismo estén a punto de cometer un atentado’, yo te digo: de todas maneras. Ahora, si tú me dices: “esto es para que el presidente pueda interceptar teléfonos cuando tenga meras dudas”, yo te digo: no. Eso no es suficiente”, reflexionó el parlamentario durante una entrevista con CNN Chile.
Por otro lado, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante del partido de derecha Renovación Nacional, fue más tajante y advirtió que, si no se retira el nuevo estado de excepción del proyecto, la medida no contará con los votos del oficialismo.
La reforma de seguridad de Kast se encuentra en su primer trámite legislativo y se enmarca en su “Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo” (ACOT) anunciada a comienzos de agosto, la cual busca tramitar de forma paralela al menos 30 proyectos de ley.
Así, ante un Congreso dividido, Kast empuja una apuesta riesgosa que deberá negociar por varios frentes.
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