Cada vez más sospechas de corrupción rodean al gobierno de Javier Milei, quien llegó a la presidencia de Argentina hace poco más de dos años con la transparencia y las fuertes críticas a la corrupción kirchnerista como sus estandartes.
Aunque no fueron los únicos escándalos, en los últimos meses el caso de los presuntos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su esposa en el avión presidencial y en un vuelo privado, golpearon a Milei y su círculo más cercano. Pero, además, están las últimas revelaciones alrededor del supuesto fraude de la criptomoneda $Libra, que presuntamente involucran al mandatario —quien dice no haber hecho nada malo—, aunque, hasta el momento, la Justicia haya realizado pocos avances concretos.
Milei utiliza frecuentemente sus redes sociales y discursos para presentarse como un político que habla con la verdad y que no tiene miedo de exponer los “curros” (estafas) del sistema. Incluso ha utilizado escenarios internacionales para posicionarse como un líder de integridad moral intransigente, diferenciando su gestión de lo que denomina la “corrupción sistémica de la casta”.
La semana pasada, en la Cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) en Hungría, el presidente argentino volvió con su narrativa de la honestidad casi en un nivel filosófico al afirmar que su gobierno aplica la “moral como política de Estado”, priorizando los valores éticos sobre el cálculo político. “Si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas”, afirmó, parafraseando al filósofo Marco Aurelio en su texto Meditaciones.
Puertas adentro, en Argentina, Milei ha insistido en que el ajuste lo paga “la casta”, como denomina a los políticos, y que su gestión terminó con la “Argentina de la avivada”. Además, suele utilizar términos como “gente de bien” o “argentinos de bien” para diferenciar a sus seguidores y funcionarios de lo que él llama la “corrupción kirchnerista”
Gran parte de su identidad política está centrada en la denuncia de la corrupción del kirchnerismo. En los últimos meses sus ataques se han vuelto más directos, especialmente tras los avances en las causas judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que tildó de ladrona, a los gritos, en su discurso de apertura de sesiones del Congreso el mes pasado. Allí también calificó repetidamente a los legisladores y referentes kirchneristas como una “manga de chorros” y “ladrones”, acusándolos de haber “secuestrado” al Congreso para sus propios intereses y de ser los “más corruptos de la historia”.
La respuesta del kirchnerismo fue variada: mientras algunos diputados ponían carteles o hacían gestos recordando los últimos escándalos de supuesta corrupción, el jefe de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, reclamó ante el presidente de la Cámara por las agresiones del mandatario, mientras que el diputado Guillermo Michel sostuvo en redes que hubo “una intencionalidad de desprestigiar al Congreso convirtiéndolo en un circo patético”.
El viernes 14 de febrero del año pasado, mientras muchas parejas buscaban celebrar el Día de los Enamorados, el presidente argentino publicaba en su cuenta de X el mensaje que desencadenaría el escándalo que lo ha golpeado más de lleno en toda su gestión.
“La Argentina liberal crece!!!”, comenzaba, y a continuación presentaba una criptomoneda supuestamente dedicada a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. También incluía el enlace a una página web y el código del contrato.
Más tarde, Milei borró ese posteo y explicó en X que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. Lo cierto es que, luego de su promoción, una gran cantidad de personas invirtieron en la moneda, que tuvo un pico de valorización para luego desplomarse su precio, dejando un tendal de damnificados, tanto en el país como en el exterior.
Estallado el escándalo, hace poco más de un año, Milei aseguró en una entrevista que solo había difundido un emprendimiento que se había hecho público y con el que no tenía relación.
Pasó un año sin mayores novedades en el que la Justicia no ha llamado a declarar a testigos ni a denunciados. Pero en las últimas semanas la prensa local filtró el contenido de un peritaje informático oficial del teléfono celular de un lobbista investigado por la Justicia argentina por esta causa.
Allí se revela que el mandatario habría hablado al menos cinco veces por teléfono con el lobbista en los minutos previos al lanzamiento de esta criptomoneda. Además, también se detectaron llamadas con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, y otros funcionarios cercanos, y documentos que revelarían un presunto pacto millonario por el apoyo de Milei a la criptomoneda.
El contenido divulgado pertenece a un peritaje realizado en enero por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal que, a fines de febrero de este año, fue incorporado al expediente por el fiscal federal Eduardo Taiano. CNN no tuvo acceso a ese peritaje pero, conocidas las filtraciones, el fiscal, quien emitió un comunicado para defender su accionar en la demorada investigación, no cuestionó o puso en duda nada de lo publicado. Desde el gobierno también eligieron el silencio al respecto, a pesar de las consultas realizadas por CNN.
Milei y su hermana no están imputados en Argentina ni en la causa que se desarrolla en Estados Unidos. Por eso, no tienen abogados designados que los representen para este tema.
La investigación de la Justicia estadounidense surgió a partir de una demanda colectiva presentada por el bufete Burwick Law en Nueva York en representación de más de 200 víctimas contra el creador de la criptomoneda, Hayden Mark Davis y otros. Buscan resarcimiento económico contra los creadores del token y han invocado la ley federal contra el crimen organizado (RICO), alegando un patrón de fraude orquestado.
En su defensa, los acusados negaron que $Libra fuera una estafa y cuestionaron la jurisdicción, dado que el proyecto fue creado y concebido en Argentina.
En febrero de este año, 19 personas fueron procesadas por la Justicia por presuntos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. El exdirector de ese organismo, Diego Spagnuolo, amigo y abogado personal de Milei hasta el momento en que estalló el escándalo, es señalado por el juez de la causa, Sebastián Casanello, como el líder de una asociación ilícita compuesta por funcionarios y privados.
“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, sostuvo el magistrado en su resolución.
Todo salió a la luz en agosto de 2025, a partir de una filtración de audios en los que Spagnuolo exponía una trama de sobornos en las compras de medicamentos que, según se desprendía de sus palabras, generaba entre US$ 500.000 y 800.000 mensuales e involucraba directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei porque sostenía que los proveedores de esas licitaciones amañadas pagaban sobornos del 8 % y un 3 % era para la hermana del presidente.
“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó el presidente a los pocos días, en medio de una caravana proselitista.
“La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”, escribió el fiscal Franco Picardo en el pedido de indagatorias que había realizado en noviembre del año pasado.
Sin embargo, la resolución judicial no avanzó, por el momento, sobre la presunta vinculación de Karina Milei. Ella no hace declaraciones al respecto, pero tampoco se han presentado cargos en su contra en esta investigación, a diferencia de Spagnuolo, que niega la veracidad de esos audios y apeló su procesamiento. Se espera que la Cámara Federal se expida al respecto.
En las últimas semanas el que quedó en foco fue el jefe de Gabinete —el cargo de mayor rango en el Gobierno—, Manuel Adorni, con varias acusaciones en su contra. La primera es haber llevado con él en el avión presidencial a su esposa en una gira del presidente por Estados Unidos, aunque ella no tiene ninguna responsabilidad dentro del Gobierno y contradiga una norma específica al respecto anunciada por el propio Adorni en agosto de 2024.
El funcionario admitió el hecho y aseguró que no cree que vuelva a acompañarlo, aunque aclaró que no lo consideraba un delito y sostuvo que ese viaje no tuvo costo para el Estado argentino porque se alojó en el hotel con él, sin costo adicional.
Pero en la misma semana se conoció un video donde se ve a Adorni, junto a su familia y amigos, abordando un avión privado para pasar unos días en Punta del Este, Uruguay. Para él, “fue todo premeditado” y se trata de “un sinfín de operaciones, una tras otra (…) en pos de dañar al Presidente o a Karina Milei o al gobierno en su conjunto”.
Aunque Adorni afirmó públicamente que él pagó el viaje, el juez interviniente sospecha que el costo de US$ 4.830 del pasaje fue pagado por un periodista contratado por la TV Pública, que está bajo la órbita de Adorni, lo que constituiría el delito de dádivas. Por eso, el pasado viernes, la Justicia allanó las oficinas del canal para secuestrar contratos e información relevante para la investigación.
Una de las denunciantes es la diputada Marcela Pagano, quien formaba parte de su mismo espacio político, y lo señaló por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, ya que, además de los viajes, sostiene que Adorni adquirió una propiedad en un barrio cerrado valuada en US$ 250.000, la cual no figuraría correctamente en su declaración jurada de 2025 y presentó como prueba supuestos comprobantes de pago de las expensas a nombre de su esposa.
Además, Pagano y el resto de los denunciantes señalaron un departamento en el barrio de Caballito que habría sido adquirido por Adorni y su esposa en 2024, poco después de su ingreso a la función pública, sin desprenderse de su propiedad anterior en Parque Chacabuco. Los denunciantes sostienen que su capacidad de ahorro declarada (unos US$ 50.000) no era suficiente para cubrir el valor de mercado de la nueva propiedad sin haber vendido la anterior.
En una conferencia de prensa el miércoles, Adorni afirmó que vive en Caballito y sostuvo: “Trabajé más de 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno; no tengo nada que esconder”. Negó así cualquier irregularidad y dijo que, cuando la Justicia se lo requiera, presentará las pruebas.
CNN ha contactado al Gobierno de Argentina para pedir reacción a las acusaciones contra los funcionarios mencionados y está a la espera de una respuesta.
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