Este martes las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal de Panamá, no pudieron operar al 100%, lo que causa preocupación entre clientes locales.
Con la publicación en Gaceta Oficial del fallo que anuló el contrato con Panama Ports Company, este lunes quedó en firme la salida de esta empresa. De inmediato, la Autoridad Marítima de Panamá ocupó las instalaciones y aplicó cambios en los sistemas tecnológicos, lo que actualmente afecta las operaciones de carga.
“La Autoridad Marítima hizo un tumbe del internet para poder que ambas empresas – operadoras internacionales transitorias- puedan subir sus “software” y poder que los trabajadores empiecen a entrenarse”, dijo a ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, admitiendo que, por este proceso y como parte de la transición, las operaciones de los puertos no serán completas.
Esto es porque, con la ocupación de la Autoridad Marítima de Panamá, el Gobierno refrendó dos contratos de concesión transitorios para garantizar la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, uno a la empresa APMT Panamá, y otro a TIL Panamá, las cuales, según comunicado de la Presidencia del país, ofrecerán continuidad operativa de hasta 18 meses.
Mientras se empieza a llevar adelante la transición, y ante las demoras del martes, clientes locales han expresado su preocupación. Este martes el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Josmar Jurado, dijo a CNN que esperan “que esta transición no tenga impacto, aunque saben que en los primeros días habrá temas de acople, pero esperan que la situación fluya y se mantenga la actividad y la cadena de suministros”.
“En este momento, todavía no hemos sentido el impacto, pero sí estamos preocupados. Pero esperamos que esta transición sea lo más rápido posible, lo más transparente posible, y entendemos que son operadores de gran renombre internacional, empresas de primer mundo, y que ya tienen la experiencia para hacer el manejo”, dijo Jurado.
Bianca Morán, exportadora certificada y expresidenta de la Asociación Panameña de Exportadores, aseguró que en este momento no están pudiendo “retirar vacíos –contenedores- para la exportación”.
Sin embargo, dijo que reciben apoyo en el puerto de Manzanillo, en el Atlántico, que les asiste para que la exportación no se detenga. Pero agregó que “definitivamente no todas las rutas salen por ese punto, hay rutas que salen exclusivamente por Balboa – en el Pacífico – y eso puede afectar a la carga con perecederos”.
Al respecto, al final de este martes, la empresa APMT Panamá informó que avanzan en la fase de estabilización del puerto de Balboa, al que les corresponde operar y se hace de acuerdo a un plan de trabajo diseñado.
Según informaron en un comunicado, se empezaron a recibir contenedores de exportación y vacíos, pero no entregan contenedores de importación. También indicaron que protegen la mercancía perecedera, que avanzan con la capacitación del personal y que se comunican con los clientes y trabajan en inventario y auditoría bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá.
CNN intenta contactarse con TIL Panamá, que opera el puerto de Cristóbal, para obtener sus comentarios.
A pesar de las limitaciones que pudiera genera la transición, las autoridades del Canal de Panamá aseguraron este martes que “las operaciones de la vía interoceánica continúan de forma normal y segura” y que “mantienen comunicaciones con las entidades del Gobierno central para las operaciones de los buques que arriben a dichas terminales portuarias”.
Luego de la publicación del fallo en la Gaceta Oficial, que dejó en firme la anulación del contrato con Panama Ports Company, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje a la Nación, en el que explicó que “con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación portuaria, emitió un decreto de ocupación, una herramienta legítima, excepcional, que respeta la propiedad de los bienes”.
“Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos, hasta se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación”, expresó el mandatario.
CNN solicitó reacción a PPC, que no respondió de manera directa sino a través de un grupo de abogados, que aseguró en comunicado que “la toma de los puertos por parte del Estado panameño es un punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión”.
En dicho comunicado se calificó como “ilegal” el proceso, por lo cual se reiteró, la empresa se reserva las acciones legales.
Mulino ha negado en reiteradas oportunidades la supuesta campaña denunciada contra PPC y ha dicho que Panamá es un Estado de Derecho, con separación de poderes, por lo cual el fallo debe ser respetado.
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