Una coalición de estados demócratas demandó al Gobierno de Trump por la tarifa de US$ 100.000 para las visas H-1B, anunciaron varios fiscales estatales este viernes.
El Gobierno de Trump anunció en septiembre que implementaría la tarifa para las visas H-1B, argumentando que el programa está sobreutilizado. El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con sus homólogos de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, y de Nueva York, Letitia James, entre otros, encabezan la demanda.
Las visas H-1B permiten a profesionales extranjeros trabajar en ocupaciones especializadas. Los solicitantes deben tener un título universitario o equivalente para ser elegibles.
Los fiscales demócratas alegan que la nueva política y tarifa, implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional, exceden lo autorizado por el Congreso para el programa.
“El Congreso ha perfeccionado este programa, estableciendo límites, fijando tarifas, reforzando la supervisión y fortaleciendo las protecciones, pero nunca ha autorizado a un presidente a imponer un recargo de seis cifras diseñado para desmantelar el programa por completo”, dijo Bonta en una conferencia de prensa.
Bonta afirmó que la tarifa creará cargas financieras para empleadores estatales y privados, dificultando la cobertura de vacantes laborales.
También destacó la cantidad de trabajadores en Estados Unidos que dependen del programa H-1B, mencionando a miles de profesionales de la salud, educadores e investigadores, entre otros. Bonta aseguró que casi 30.000 educadores en el país tienen una visa H-1B y que el año pasado 17.000 titulares de esta visa eran profesionales de la salud.
Durante la conferencia, Bonta señaló que California ha presentado 49 demandas contra el Gobierno de Trump desde enero.
“La conclusión es que ningún gobierno puede reescribir la ley de inmigración”, dijo Bonta. “Ningún presidente puede desestabilizar nuestras escuelas, hospitales y universidades por capricho, ni ignorar al Congreso, la Constitución o la ley”.
CNN solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Nacional sobre la demanda. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
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