En la última década, cientos de miles de bebés nacidos en Estados Unidos de madres extranjeras han obtenido el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una práctica garantizada por la 14.ª Enmienda de la Constitución que el presidente Donald Trump busca eliminar.
A partir de un decreto, que firmó el primer día de su mandato, Trump quiere acabar con este derecho constitucional que lleva casi 160 años otorgando la nacionalidad a quienes nacen en territorio estadounidense.
Los intentos de Trump enfrentan actualmente una importante disputa legal que ha llegado hasta la Corte Suprema y han generado un clima de incertidumbre para cientos de familias inmigrantes que tendrán o buscan tener hijos en el futuro próximo.
Si sus planes superan los obstáculos legales, el decreto no revocaría la ciudadanía de los niños que nacieron en el país antes de su entrada en vigor. Sin embargo, su implementación afectaría a miles de familias inmigrantes si tuvieran hijos.
La demografía de la población inmigrante en Estados Unidos y el número de bebés que nacen cada año de madres extranjeras en el país revelan el alcance que tendría la eliminación de la ciudadanía por nacimiento.
La tendencia en los nacimientos de bebés de madres extranjeras se ha mantenido constante en la última década, salvo una ligera disminución entre 2020 y 2021, los años de la pandemia del covid-19, según muestran los datos del NCHS compilados por la Fundación Annie E. Casey, una organización filantrópica que otorga subvenciones a agencias y comunidades en todo el país para abordar los desafíos que afectan a niños y jóvenes.
Entre 2013 y 2024, un promedio de 860.000 bebés nacieron cada año de madres nacidas en el extranjero, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés). Mientras que los nacimientos totales en Estados Unidos han disminuido en la última década, la caída ha sido más pronunciada entre madres nacidas en EE.UU. que entre madres extranjeras.
En 2023, EE.UU. tenía alrededor de 22,9 millones de inmigrantes que no eran ciudadanos naturalizados, incluidos residentes con tarjeta verde, personas con visas temporales de trabajo o estudio y migrantes indocumentados, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. Representan casi el 7% de la población total, y más de la mitad nació en América Latina.
Ese mismo año, el 86% de los niños menores de 18 años en familias inmigrantes nacieron en EE.UU., según el Instituto de Política Migratoria. El número de estos niños se ha más que duplicado en las últimas tres décadas.
Estaría por verse el impacto en el número de nacimientos futuros si se deroga el derecho, pero el promedio en la última década da cuenta del rango de familias sin ciudadanía que reciben bebés en el país cada año, e indica cómo en el corto plazo una medida así puede afectar a quienes planean concebir o están en embarazo en el momento en que la decisión entre en vigor.
Mónica, una doctora de Venezuela que vive en Carolina del Sur, es una de las muchas madres extranjeras que están a punto de dar a luz a un hijo que no sabe si podrá convertirse o no en ciudadano estadounidense cuando nazca.
Aún no está claro cómo se implementaría el decreto de Trump en hospitales, gobiernos estatales y locales, y Mónica desconoce si aplica a su situación. Ella tiene Estatus de Protección Temporal, que le permite trabajar legalmente en EE.UU., y está solicitando asilo. Si gana su caso, eventualmente se convertiría en residente permanente legal. Pero no se sabe cuánto tiempo tomará ese proceso, dijo a CNN.
Mientras espera a que la llamen para una entrevista como parte de su solicitud, Mónica teme que su hijo sea apátrida. La embajada venezolana en Estados Unidos ha estado cerrada durante años.
“No sé qué pasará… y no entiendo cómo es posible que mi hijo pueda ser tratado de manera diferente a otros niños”, dice. “Debería ser un derecho para él nacer en Estados Unidos y obtener la ciudadanía estadounidense”.
Más de 20 estados, en su mayoría liderados por demócratas, han presentado demandas en dos tribunales federales diferentes argumentando que el presidente no tiene autoridad para cambiar o anular una enmienda constitucional. Grupos de derechos civiles y futuros padres también han presentado demandas similares.
Los estados, en su propia demanda, dicen que 150.000 niños que nacen cada año en Estados Unidos de dos padres sin estatus legal ya no calificarían para la ciudadanía.
Esto implicaría que los menores ya no puedan acceder a servicios financiados por el Gobierno como la asistencia médica o la educación y tampoco participar en la vida económica y cívica del país donde nacieron: no podrían trabajar, votar o servir en jurados.
Además, al carecer de un estatus legal serían “deportables” y muchos serían “apátridas”, de acuerdo con la demanda presentada por los estados.
El argumento del Gobierno de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento se basa en la cláusula “sujeto a la jurisdicción” incluida en la declaración de la Constitución.
El Gobierno sostiene que los niños nacidos de inmigrantes indocumentados o de extranjeros que están en Estados Unidos, pero con visas temporales, no están “sujetos a la jurisdicción” del país y, por lo tanto, no son ciudadanos.
Sin embargo, el caso contra el decreto de Trump ha llegado finalmente a la Corte Suprema, que en un fallo histórico de 1898 determinó que las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanas, incluso si sus padres no lo son.
A través de una serie de apelaciones de emergencia, el Gobierno de Trump busca anular la suspensión temporal de su controvertido decreto en varios tribunales inferiores al argumentar que están excediendo ampliamente su autoridad para bloquear la agenda de la Casa Blanca.
El analista político Robert Valencia explicó a CNN que más allá de las intenciones de Trump, eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento implicaría un proceso mucho más complejo que involucraría una enmienda constitucional.
“En tiempos normales esta idea carecería de total fundamento. En pocas palabras: no, el presidente no la puede derogar simplemente dando un golpe en la mesa y decretándola por medio de una orden ejecutiva”, dijo Valencia.
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