Decenas de colectivos, organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas en México, firmaron un pronunciamiento el martes en el que piden a las autoridades federales y estatales “una investigación inmediata e independiente sobre el hallazgo del campo de exterminio” en Teuchitlán, municipio de Jalisco en el occidente del país.
Quieren que el Gobierno Federal asuma la investigación y exigieron sanciones para los responsables de las “omisiones y encubrimiento” que, en su opinión, rodearon la investigación.
Advierten que lo encontrado en el sitio confirma el contexto de la violencia generalizado en varias regiones, así como el “modus operandi” del crimen organizado: desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, con la “eventual complicidad de autoridades estatales y municipales”, se lee en el comunicado.
“Resulta imposible aceptar que este megacampo de exterminio (Teuchitlán) operara sin la complicidad de autoridades o fuerzas de seguridad”, agregan.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, reforzó la idea el martes al señalar que “no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”.
CNN le preguntó a la Fiscalía de Jalisco y un vocero respondió que la dependencia “no emite opiniones sobre pronunciamientos de actores de cualquier ámbito de la sociedad”.
Ya el lunes, esa Fiscalía había dicho en un comunicado que investiga “posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades”, en el caso del centro en Teuchitlán, pero no dijo nada sobre la presunta complicidad de funcionarios o policías con el crimen organizado.
Sheinbaum dijo el miércoles, durante su conferencia de prensa, que la Fiscalía federal, en colaboración con el gobierno de Jalisco, investigará que sucedió en el sitio y “que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar”.
Hasta ahora las autoridades mexicanas no se han referido al hallazgo del predio de Teuchitlán en Jalisco, donde se localizaron cerca de 500 pertenencias, entre ellas al menos unos 200 pares de zapatos, como un campo de exterminio.
CNN está consultando a las autoridades sobre esa definición contenida en las denuncias del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
La Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno federal reporta que de 1952 al 12 de marzo de 2025 había en México 123.927 personas desaparecidas y no localizadas. Jalisco ocupa el primer lugar con más de 15.000 desaparecidos.
El problema se agudizó después de 2006, luego de que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra a los cárteles de la droga.
La representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, dijo a CNN que “era un secreto a voces” la existencia de este tipo de “centros de reclutamiento forzado y exterminio”, al que, presumiblemente, los grupos criminales llevan a los desaparecidos, pero que nunca antes habían visto uno, hasta el 5 de marzo, cuando el grupo que encabeza logró ingresar al rancho localizado en las inmediaciones de Teuchitlán.
Cuentan que fue por una llamada anónima como se enteraron de la existencia y ubicación de este posible centro de operación de un grupo delincuencial.
El colectivo mostró lo que había en el lugar: decenas de artículos personales como ropa, zapatos, mochilas, algunas identificaciones y listas con nombres y apodos. También afirman que descubrieron la existencia de al menos tres hornos crematorios en los que encontraron restos óseos incinerados ocultos en una plancha de ladrillo y tierra.
La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó en un comunicado que ese sitio fue descubierto originalmente en septiembre de 2024 en un operativo realizado por la Guardia Nacional, que detuvo en el sitio a 10 personas pero un número no determinado consiguió escapar.
Desde entonces el lugar ha permanecido asegurado por la Fiscalía de Jalisco, según el comunicado.
Los colectivos, defensores de derechos humanos y familiares de desaparecidos que firmaron el pronunciamiento, insistieron en que ha habido omisiones de las autoridades encargadas inicialmente de la investigación.
“Después del operativo de septiembre de 2024 quedó sin protección ni aplicación de los protocolos de exhumación de las fosas clandestinas”, refieren.
Todavía el martes, varios peritos de la fiscalía de Jalisco trabajaban en el sitio recuperando y clasificando las evidencias.
El fiscal general de Jalisco, Salvador González, dijo este martes en sus redes sociales que se trabaja en la posible identificación y la antigüedad de los restos humanos encontrados.
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