El exmilitar venezolano Ronald Ojeda estaba en su vivienda de Santiago, Chile, el 21 de febrero de 2024 cuando fue secuestrado por personas vestidas como agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Nueve días después, el 1 de marzo, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo dentro de una maleta sepultada bajo metros de cemento en la comuna de Maipú, en la capital del país.
Un año después, el caso de Ojeda, de 32 años, sigue bajo investigación en Chile y tiene reserva judicial. Las autoridades sostienen que tiene vinculaciones con el crimen organizado.
El 12 de febrero, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, aprobó la solicitud de extradición de tres personas en Colombia y una en Estados Unidos, debido a sus presuntos vínculos con el secuestro y asesinato del exteniente y con la célula Piratas de Aragua, ligada, según las autoridades, a la organización criminal del Tren de Aragua que operaba en Chile.
La Fiscalía dijo además que iniciará trámites para pedir la extradición de un segundo detenido en EE.UU.
Ángel Valencia, fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, dijo el pasado 23 de enero en una entrevista con Tele13 Radio que “hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.
Valencia detalló que al menos uno de esos testigos —con identidad reservada en la investigación— sostuvo que “el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela.
En su programa semanal “Con el mazo dando”, que se emite por el canal estatal VTV, Cabello sostuvo que no iba a responder sobre el tema.
“Yo no le voy a responder (…) No han podido encontrar a los asesinos, si ellos hurgan, van a encontrar a los asesinos facilito”, dijo.
En otras oportunidades, el funcionario había negado cualquier vinculación de Venezuela con el secuestro y asesinato de Ojeda.
CNN está buscando la reacción de Cabello a estos señalamientos, pero aún no ha obtenido respuesta.
En palabras del fiscal Valencia, “hay antecedentes muy sólidos” de que el crimen del exmilitar obedeció a “motivaciones políticas” tal como dice el fiscal Héctor Barros, a cargo de la investigación.
Ese antecedente es uno de los que tiene que esclarecerse en la investigación.
Hasta el momento, la Fiscalía no descarta que el crimen de Ojeda haya sido encargado por el gobierno venezolano.
CNN contactó al Gobierno de Venezuela para pedir comentarios, pero aún no ha obtenido respuesta.
El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, dijo en abril pasado, a raíz de este caso, que tenían “la más absoluta disposición de cooperar” con Chile.
En una entrevista con BBC Mundo publicada el 5 de febrero, Saab habló al respecto y reiteró que el crimen “fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió”. “Yo lancé una línea de investigación a ver si había la participación de policías de terceros países y del propio Chile”.
CNN se contactó con Tarek William Saab para consultarle sobre estas declaraciones, pero no obtuvo respuesta.
Por su parte, el Gobierno de Chile respondió a estos señalamientos en junio pasado con una nota de protesta que envió el presidente Gabriel Boric. “Chile es un país serio, donde las instituciones funcionan, donde hay separación de poderes, donde el Ministerio Público está llevando una investigación seria y responsable”, dijo Boric en declaraciones a la prensa.
CNN se comunicó con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y la ministra Carolina Tohá para solicitar comentarios. Hasta el momento no obtuvo respuesta.
La Fiscalía Nacional de Chile informó que, además de las solicitudes de extradición de los cuatro imputados en Colombia y EE.UU., el Tribunal de Garantía ya ha decretado la prisión preventiva de otras 17 personas ―detenidas por cargos como asociación criminal, extorsiones, homicidios y secuestros, entre otros― que también estarían ligadas a los Piratas de Aragua.
Héctor Barros, fiscal a cargo de la investigación, confirmó en declaraciones a la prensa tras la audiencia del 12 de febrero que en la causa hay 21 imputados “vinculados básicamente al Tren de Aragua, al brazo operativo que tiene en Chile, que son los Piratas de Aragua”.
De esos 21 imputados, Barros agregó que 16 están vinculados al caso de Ojeda: al menos 8 de ellos están fuera del país con orden de detención pendiente y el resto con solicitud de extradición pendiente.
Entre los delitos por los que se investiga a los imputados, Barros mencionó: “Quedó establecida la existencia de asociación criminal para cometer secuestros, secuestros con homicidios, y secuestros extorsivos” en siete hechos en total, entre ellos el del exoficial.
La estructura que funcionó en el caso de Ojeda también funcionó en otros seis hechos, explicó el fiscal.
“Cuando se empezó a investigar el caso Ronald Ojeda no solo había un nivel de organización bastante acabado por el Tren de Aragua en ese hecho, sino que ese hecho era uno más de los que cometía esta organización, en este caso concreto el brazo operativo Piratas de Aragua”, detalló.
Venezuela afirma que combate al grupo criminal transnacional Tren de Aragua, e incluso a fines de enero la Fiscalía General del país aseguró haber desmantelado al grupo, de acuerdo con un comunicado publicado en sus redes sociales.
Dos meses antes de su muerte, en enero de 2024, el ministerio de Defensa de Venezuela declaró a Ojeda “traidor a la patria” junto a otras 32 personas degradadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas.
Sin dar detalles, el Gobierno de Maduro los acusaba de estar “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado”.
Su llegada a Chile se remonta a 2017. En diciembre de ese año, el medio español ABC consignó que Ojeda había escapado junto a otros militares de la cárcel de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, en Venezuela, donde estaba recluido desde marzo por una presunta “conspiración” contra el Gobierno venezolano.
Según explicó el abogado de la viuda de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, el exmilitar llegó a Chile tras esta situación.
“Sé lo que representa ser un joven oficial, institucional y con moral para un sistema corrupto. Le hago llegar un mensaje a los presos políticos, un mensaje de fortaleza. Sé que en este momento se encuentran totalmente desesperanzados, pero, aun así, tenemos que encontrarnos con mucha fortaleza, con mucha paz mental”, dijo el exoficial en un video publicado en su cuenta de Instagram el 16 de diciembre de 2022.
En otra oportunidad tiempo después, también publicó un video en el que exigía libertad para los presos políticos de Venezuela.
En 2023, Chile le concedió asilo político a él y su familia.
El exmilitar venezolano vivía junto a su pareja, su hijo —de por entonces cuatro años— y una hermana en la comuna de Independencia, en Santiago.
En la madrugada del miércoles 21 de febrero, al menos tres personas que aparentaban ser agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ingresaron a la vivienda de la familia y se llevaron a Ojeda contra su voluntad.
En videos de las cámaras de seguridad del edificio, difundidas por varios medios de comunicación locales y que fueron confirmados a CNN por el abogado de la familia de Ojeda, se puede ver al hombre maniatado y vestido solo con ropa interior.
La Fiscalía de Chile informó que, según las pruebas periciales, Ojeda había muerto días antes de que su cuerpo fuera encontrado, lo que coincide con el tiempo en el que no se supo de su paradero. Su causa de muerte fue asfixia “con un elemento de tracción”, afirmó el fiscal Barros.
La Fiscalía dijo que el trabajo de investigación en el caso continuará por un plazo de seis meses.
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