Los planes de Donald Trump para una deportación masiva incluyen, según dijeron a CNN fuentes familiarizadas con las discusiones, la revocación de uno de los mayores programas migratorios implementado durante el Gobierno del presidente Joe Biden que ampliaba el acceso a la autoridad legal existente conocida como “parole in place” al otorgar estatus legal a ciertos individuos indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses.
Este parole humanitario, bajo el programa “Manteniendo a las Familias Unidas” (Keeping Families Together), fue aprobado en junio de 2024 y se estimaba que beneficiaría a entre 750.000 y 800.000 personas. Sin embargo, la iniciativa enfrentó varios desafíos legales antes de ser anulada finalmente por el juez de distrito J. Campbell Barker a dos meses de que inicie el mandato de Trump. En su decisión, el juez Baker, designado por Trump durante su primer periodo en la presidencia, afirmó que el Gobierno carecía de autoridad para implementar este programa sin la autorización del Congreso.
La política protegía de la deportación a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y les permitía trabajar legalmente en el país mientras buscaban la ciudadanía. También eran elegibles hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses. Podían aplicar personas que han estado viviendo en Estados Unidos durante 10 años.
El grupo de defensa de los inmigrantes FWD.us señaló en su sitio web que “el uso de esta autoridad legal de larga data proporcionaría alivio, apoyo y oportunidades a cientos de miles de familias estadounidenses de estatus mixto en todo Estados Unidos”. ¿Qué pasará con el “parole in place” bajo el Gobierno de Trump?
Las solicitudes para el programa Manteniendo a las Familias Unidas, bajo la figura de “parole in place”, se abrieron el 19 de agosto de 2024. Sin embargo, FWD señala que los recursos judiciales “paralizaron los tramités” y los casos pendientes y las citas programadas quedaron canceladas cuando Baker decidió anular su implementación.
Aunque el Gobierno de Biden podría presentar una apelación, días después del fallo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) actualizó su sitio web en donde confirma que no adjudicará solicitudes pendientes de KFT PIP (las siglas del programa, Keeping Families Together Parole in Place) y no aceptará nuevas solicitudes. Además, dice que se cancelan las citas biométricas relacionadas con el KFT PIP y quien se presente será rechazado.
Pero el Keeping Families Together no es el único que utiliza la autoridad legal de “parole in place”. Existe una variedad de programas que funcionan bajo esta figura judicial que, de acuerdo con el USCIS, es un “permiso de permanencia temporal” que se utiliza desde hace tiempo para “proporcionar ayuda a determinadas personas indocumentadas que ya están construyendo sus vidas en Estados Unidos”, explica FWD.us. Aquí puedes consultar los tipos de “parole in place” que existen actualmente y sus requisitos.
Los planes de Trump en contra de la inmigración podrían suponer la posibilidad de que algunos de estos programas desaparezcan, a excepción de aquellos que se otorgan por razones médicas que solo podrían cambiar sus lineamientos, señala a CNN Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC.
Uribe dice que las medidas tomadas por Trump durante su primer mandato en contra de los programas migratorios y sus intentos por cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, son un claro antecedente de lo que podría pasar una vez asuma la presidencia por segunda vez.
“Algo que hemos aprendido bajo lo que llamamos Trump 1 es de que todo es posible. Sabemos que, en la primera presidencia de Trump, él hizo el intento de cancelar por completo el programa DACA y hasta el día de hoy hay personas que hubiesen calificado que jamás lo solicitaron y, hoy en día, debido todo lo que se ha litigado en las cortes federales, ya no pueden aplicar. Eso es porque solo las personas que han tenido DACA pueden seguir renovando. Si (Trump) quiso deshacer DACA, podemos anticipar que entrando la nueva administración puedan hacer lo mismo con otros programas, incluyendo el de Parole”, explicó Uribe.
DACA es actualmente el objetivo de un desafío legal que lleva años. Un tribunal de apelaciones escuchó a principios de este otoño argumentos sobre un fallo de un juez que consideró ilegal el programa DACA, pero permitió que continuara para los inscritos actuales mientras se resolvía una apelación.
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