La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer este viernes su sentencia sobre el caso “Beatriz”, en el que la familia de la joven y organizaciones feministas han denunciado al Gobierno de El Salvador. Se trata de un caso clave en el debate sobre el aborto en el país.
El Salvador es uno de los países que tiene una de las leyes más restrictivas en esta materia, que prohibe el aborto en todos los casos y castiga con cárcel a la mujer y al personal médico que participen en un procedimiento de ese tipo.
¿Pero quién es “Beatriz” y por qué la sentencia sobre su historia podría cambiar el curso de las cosas en materia de aborto en el país centroamericano?.
“Beatriz” solicitó en 2013 la interrupción de su segundo embarazo debido a que padecía insuficiencia renal, artritis reumatoidea y lupus, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico.
Los médicos habían diagnosticado que el feto se desarrollaba en su vientre sin partes de su cerebro y su cráneo, y que era imposible que viviera fuera del útero.
En 2013, la Corte Suprema de Justicia del país le negó la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando, con 22 años, tenía 19 semanas de gestación.
Tras eso, a inicios de junio de 2013, la joven presentó contracciones y los médicos tuvieron que realizarle una cesárea. Su bebé nació y permaneció con vida durante cinco horas aproximadamente. Su familia asegura que “Beatriz” sufrió un daño psicológico tras lo ocurrido.
“La lucha de ella sigue, y nosotros como familia la hemos retomado y vamos a seguir hasta que se haga justicia a mi hermana para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar”, dijo en 2023 el hermano de “Beatriz”, quien pidió ser identificado solo como “Humberto”.
La joven falleció en 2017 en un accidente de tránsito.
Tras la negativa de la Corte Suprema del país, las organizaciones feministas en El Salvador han demandado en reiteradas ocasiones que los magistrados de la CIDH condenen al Estado de El Salvador por la decisión.
“Esperamos que el Estado de El Salvador sea condenado y se puedan generar cambios estructurales, que se puedan generar medidas de no repetición, no queremos que no haya otras Beatrices que vivan esta historia”, dijo Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Del otro lado, Juana Acosta, abogada representante del Estado de El Salvador dijo durante la audiencia de la CIDH el pasado marzo que este caso es transcendental no solo para El Salvador sino que “tiene la potencialidad de cambiar radicalmente el curso de la historia de la protección de los derechos humanos en el continente”.
A juicio del gobierno salvadoreño, la salud de “Beatriz” nunca estuvo en riesgo y que recibió la atención médica necesaria y por lo tanto no debe haber una condena ya que abriría las puertas a permitir el aborto.
La Fundación Vida SV dijo en marzo en un mensaje en X que espera que la Corte no falle en lo que califican de “mentiras” de quienes demandan al Estado ya que, según esa organización, “Beatriz” pudo recuperarse tras la cesárea y continuar con su vida.
“Nuestro país demostró que el aborto provocado nunca es necesario. Nuestra legislación obligó al Estado brindar la mejor atención médica a ‘Beatriz’ y su bebé”, afirmó en otro mensaje.
En septiembre de 2021, el presidente Nayib Bukele descartó que el proyecto de reformas a la Constitución que entregaría a la Asamblea Legislativa incluiría cambios a los artículos que regulan el aborto, matrimonio y una muerte digna.
“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”, escribió en aquel momento el mandatario en una publicación de Facebook.
El Código Penal, entre sus artículos 133 al 139, prohíbe todo tipo de aborto. Eso ha llevado a organizaciones como Amnistía Internacional a señalar que El Salvador cuenta con una de las leyes más restrictivas en esta materia.
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