Vivek Ramaswamy, copresidente entrante de la comisión del presidente electo Donald Trump para recortar el gasto público, puso su punto de mira en el dinero que la administración Biden está dispersando en sus últimos días en el cargo, incluido un préstamo clave a una empresa rival de su copresidente de la comisión, Elon Musk.
La semana pasada, el Departamento de Energía anunció un compromiso de préstamo condicional de US$ 6.600 millones a Rivian, la startup de vehículos eléctricos que es un incipiente competidor de Tesla, la empresa automovilística de Musk, valorada en US$ 1 billón.
Ramaswamy afirma que ese préstamo y otros similares “ocupan un lugar destacado en la lista de partidas” que tratará de recuperar una vez que su comisión de reducción de costes, conocida como “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, o DOGE, se ponga en marcha el próximo año.
“Este tipo de acciones de última hora que se llevan a cabo durante el periodo de inactividad merecen un escrutinio especial”, declaró Ramaswamy a CNN.
Desde las elecciones, los funcionarios de Biden siguieron repartiendo miles de millones de dólares en préstamos respaldados por el Gobierno y otros fondos federales, gran parte de ellos para financiar proyectos de energía limpia y fabricación nacional de chips.
No está claro si Ramaswamy cumplirá su promesa de recuperar ese dinero, ni qué fundamentos jurídicos utilizaría para justificarlo. A pesar de su amplio mandato de reducir el despilfarro público, la DOGE no tiene autoridad legal y es esencialmente una comisión asesora presidencial que puede hacer recomendaciones. Solo el Congreso puede recuperar el dinero que haya aprobado previamente.
Aun así, los comentarios de Ramaswamy se consideran un disparo de advertencia. No solo abren otro frente en lo que promete ser una tensa batalla sobre los esfuerzos para reducir el tamaño del Gobierno federal, sino que también ponen de relieve los posibles conflictos que podrían surgir cuando los recortes de gastos choquen con el vasto imperio empresarial de Musk, que a su vez se ha beneficiado de la ayuda del Gobierno.
Por ahora, los grupos industriales y los grupos de presión de Washington están a la expectativa, y algunos expresan su escepticismo sobre la seriedad de las amenazas de Ramaswamy.
“Yo diría que estamos a pocos pasos de tener que ocuparnos siquiera potencialmente de esto”, dijo una fuente de la industria automovilística, preguntando incrédula: “¿Va a estar en el Gobierno?”.
El préstamo del Departamento de Energía a Rivian estaba en preparación desde hace dos años y ayudaría a financiar una nueva planta de fabricación en Georgia, que -según Rivian- crearía unos 7.500 puestos de trabajo a tiempo completo. El préstamo es uno de los 32 acuerdos por un valor total de casi US$ 55.000 millones que el Departamento de Energía ha concedido bajo el mandato de Biden. Todo ese dinero tiene que devolverse en algún momento al Gobierno federal, que no tiene que pagar a menos que las empresas quiebren.
En declaraciones a CNN, Ramaswamy se mostró escéptico sobre las posibilidades de que los contribuyentes recuperen su dinero y sugirió que el momento postelectoral del préstamo era político.
“No hay forma de que se devuelva ese dinero”, dijo Ramaswamy. “Y si estamos viendo un repunte en el ritmo de gastos que salen por la puerta en respuesta a las elecciones, eso sugiere politización, y sugiere un cambio diferencial en la norma, que desde el punto de vista de la protección del contribuyente, creemos que sería inapropiado”.
Lo irónico es que Tesla recibió un préstamo similar del Departamento de Energía por un valor de US$ 465 millones, en 2010, cuando la empresa de Musk necesitaba efectivo antes de su primera venta pública de acciones. El préstamo resultó ser un cambio de juego para Tesla, que en 2013 terminó devolviéndolo en su totalidad, casi 10 años antes de lo previsto.
“Tesla es un ejemplo brillante”, afirma Albert Gore, director ejecutivo de la Zero Emission Transportation Association, un grupo comercial de vehículos eléctricos que representa tanto a Rivian como a Tesla. “Creo que sería estupendo seguir apoyando ese tipo de crecimiento aquí en EE.UU.”.
Dan Ives, de Wedbush Securities, dice que si bien es legítimo que la DOGE revise los préstamos de última hora, señalar los fondos federales que van a una empresa rival de Musk no es un “hecho aislado” y probablemente “se convertirá en la norma.”
“Si Musk es su amigo, va a ser positivo”, dijo Ives. “Si es un enemigo, va a ser un gran negativo”.
Ni Rivian ni sus grupos de presión comentaron sus planes en caso de que el préstamo no salga adelante. En declaraciones a CNN, el director de Programas de Préstamos del Departamento de Energía, Jigar Shah, dijo que sería “irresponsable por parte de cualquier Gobierno dar la espalda” a las empresas privadas y comunidades que están recibiendo préstamos de la oficina.
Aunque fuentes del sector afirman no estar demasiado preocupadas por la capacidad de lo que será la DOGE para recuperar garantías de préstamos federales, la decisión de Ramaswamy de centrarse en el préstamo a Rivian preocupa a algunos.
“Si vas a recuperar dinero basándote en la percepción de que va a un competidor de tu copresidente, eso terminará deslegitimando tu lugar en todo este sistema”, dijo la fuente de la industria automotriz.
El Departamento de Energía de Trump podría cancelar el compromiso de préstamo a Rivian bajo ciertas circunstancias, según dos abogados familiarizados con el programa de préstamos del Gobierno. El préstamo no estará finalizado hasta que tanto la agencia como Rivian satisfagan ciertas condiciones. Aun así, sería difícil cancelar el acuerdo sin motivo, dijo Mary Anne Sullivan, exabogada del Departamento de Energía en la administración Clinton.
“Hay mucho margen para juzgar si se han cumplido los términos del compromiso condicional y mucho margen para decidir si han cambiado los supuestos financieros subyacentes a la garantía del préstamo”, dijo.
La Casa Blanca de Biden se ha pasado gran parte del año pasado sacando dinero de una serie de proyectos de ley de gasto interno que el presidente firmó durante su mandato.
Existen salvaguardas legales para garantizar que el dinero se siga gastando a través de la Ley de Control de Embargos, que impide a la Casa Blanca retener fondos ya asignados por el Congreso.
En octubre, todavía quedaban unos US$ 288.000 millones de la ley bipartidista de infraestructuras de 2021, que no estarán disponibles hasta el año fiscal 2025 o más tarde, y US$ 14.800 millones de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, que contiene gran parte de los proyectos de energía limpia financiados bajo el mandato de Biden.
Pero Trump hizo del uso de la autoridad de incautación -una práctica en la que el Poder Ejecutivo se niega unilateralmente a gastar dinero ya consignado por el Congreso- una piedra angular de la promesa de su campaña presidencial de imponer disciplina fiscal.
“Todos los billones de dólares que están ahí sin gastar, los redirigiremos a proyectos importantes como carreteras, puentes y presas, y no permitiremos que se gasten en nuevas ideas verdes sin sentido”, dijo Trump en su discurso en la Convención Nacional Republicana.
Hacerlo supondría un enfrentamiento directo con los legisladores de ambos partidos, que guardan celosamente su autoridad sobre el gasto federal. También es casi seguro que desencadenaría una batalla judicial de altos vuelos.
Trump ya ha tomado medidas para cumplir con esa promesa al designar a Russell Vought para liderar la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). Vought, quien fue director de la OMB durante el primer mandato de Trump, redactó el capítulo de 25 páginas que detalla una visión expansiva de la autoridad ejecutiva en el manual conservador Project 2025.
Es posible que la Casa Blanca intente apoyarse en los republicanos del Congreso, donde los legisladores pueden recuperar el dinero aprobado previamente, siempre que no haya sido comprometido por la Casa Blanca. El año pasado, como parte del acuerdo para abordar el techo de la deuda, los legisladores demócratas acordaron rescindir US$ 20.000 millones de los US$ 80.000 millones que proporcionaron al Servicio de Impuestos Internos.
Pero es posible que encuentren resistencia, sobre todo en lo que respecta al dinero para energías limpias incluido en la Ley de Reducción de la Inflación. Aunque ningún republicano votó a favor del proyecto de ley, cerca del 80% de las inversiones en energías limpias anunciadas se encuentran en distritos republicanos.
La industria y los grupos de defensa del sector de las energías limpias ya se están dirigiendo a los legisladores republicanos para destacar los beneficios -incluidos la financiación y el empleo- que aportan el programa de préstamos y los créditos fiscales para la energía aprobados en la Ley de Reducción de la Inflación.
“Se trata de un esfuerzo mucho más específico y urgente”, afirmó una persona del sector de las energías limpias.
En una conferencia del Departamento de Energía celebrada el miércoles en Washington, el asesor principal de la Casa Blanca, John Podesta, habló de la necesidad de “seguir sacando dinero por la puerta” hasta la investidura.
“Nosotros, por cierto, planeamos hacer más cosas a finales de este mes. Leemos los periódicos, sabemos que los próximos cuatro años traerán mucha más incertidumbre a la política federal de energía limpia”, dijo Podesta. “Nadie puede invertir el impulso que hemos creado juntos”.
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