(CNN) — Altos funcionarios del gobierno se preparan para que la administración entrante de Trump deseche las políticas de inmigración establecidas bajo la presidencia de Joe Biden, muchas de las cuales pueden deshacerse con tan solo una firma, dejando a muchos inmigrantes en el limbo.
Múltiples funcionarios del gobierno que hablaron con CNN dijeron que hay pocas maneras, si es que hay alguna, de proteger las políticas aplicadas por Biden que, por ejemplo, proporcionaban protección temporal a ciertos inmigrantes en Estados Unidos.
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Es un reflejo del estado de la política de inmigración, que durante los últimos años se ha hecho a través del ejecutivo y, como resultado, vulnerable a los cambios dependiendo de quién esté en el cargo.
Tras las elecciones, los defensores de la inmigración se han esforzado por determinar qué pueden hacer Biden y su administración, si es que hay algo que puedan hacer, antes de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y, potencialmente, cumpla su promesa largamente anunciada de deportaciones masivas y de frenar la inmigración.
“Cuanto más hagan ahora, más obstáculos habrá para Trump”, dijo a CNN una fuente cercana a la Casa Blanca. “La pregunta es cuánto tiempo puede estar la gente a salvo”.
Un defensor que trabaja estrechamente con la Casa Blanca de Biden planteó ideas como ampliar la elegibilidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para las personas procedentes de lugares como Venezuela, Nicaragua y Ecuador; hacer un nuevo impulso en las renovaciones del DACA y conseguir una resolución para las personas con casos pendientes; y acorralar a los líderes electos locales para recaudar dinero para servicios legales.
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“En lo único en lo que todos están de acuerdo es en el TPS. ¿Para quién? Depende de con quién hable. Es una política estable y sólida que tiene posibilidades de resistir las demandas”, dijo otro defensor de los inmigrantes cercano a la Casa Blanca, refiriéndose a la comunidad de defensores.
Pero internamente, los funcionarios del gobierno se muestran escépticos de que la ampliación o la designación de nuevos TPS pasen el examen. También se espera que haya un fuerte impulso a la acción en el sector privado.
“La esperanza es que suponga una ayuda significativa cuando se sume todo”, añadió el defensor.
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