(CNN Español) — La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano ofreció este jueves un balance sobre las personas que considera detenidas por razones políticas en el país, asegurando que la cifra asciende a 1.976, de los cuales dice que 1.671 permanecen detenidos de un total de 1.848 que fueron aprehendidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Esta es la cifra más alta de presos políticos “del siglo XXI”, dijo Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG. Agregó que entre las personas actualmente en centros de reclusión hay una minoría investigada por su presunta participación en hechos violentos, dirigentes políticos y otros detenidos, aunque aseguran que no participaron en las manifestaciones.
Según Foro Penal, unos 86 adolescentes detenidos tras la jornada electoral fueron excarcelados bajo medidas cautelares como régimen de presentación, prohibición de salida del país y en otros casos casa por cárcel. Sin embargo, 69 aún permanecen en centros para menores. Hay también 163 militares judicializados.
Por su parte, Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal, dijo que 10 personas con diferentes discapacidades, incluyendo cuatro menores, aún permanecen detenidas por motivos políticos.
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Como ejemplo, Himiob destacó la detención de un joven de 17 años que se encuentra “dentro del espectro autista” y que, según su madre, fue detenido en su casa. El jurista advirtió que dicho adolescente “no ha recibido ningún tipo de apoyo terapéutico, que es indispensable en este tipo de casos”. Por eso, Himiob pidió que se tome en cuenta este caso en particular y el de otros adolescentes que puedan tener “condiciones particulares de salud”.
El abogado también mencionó el caso de “un joven de 27 años sordo, que no sabe leer ni escribir y que tampoco maneja el lenguaje de señas” para comunicarse. Señala que no tienen constancia de que este ciudadano haya sido apoyado con alguna persona que pudiera ayudarlo a traducir al momento de desarrollarse la audiencia.
Himiob destacó también que tienen un listado de personas con condiciones y cuadros de salud que describió como “delicados”, y que no tienen información de que a estas personas se les esté brindando ese tratamiento. Aseguró que también han recibido denuncias de familiares que dicen que en los centros de reclusión no les han dado los medicamentos que requieren sus parientes.
Himiob precisó que, de las 246 mujeres que permanecen detenidas, una estaba en tratamiento tras un diagnóstico de cáncer antes de ser apresada, y que ahora no ha podido seguir recibiendo quimioterapia y los medicamentos que requiere.
Romero expresó preocupación al asegurar que a estas personas no se les ha respetado el derecho constitucional a la presunción de inocencia ni el acceso a defensa privada, y que se les ha asignado un defensor público sin permitirles otra opción. Familiares de estas personas han protestado ante varias instancias como el Ministerio Público, los tribunales, el Tribunal Supremo y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para denunciar malas condiciones en sus lugares de reclusión, alimentación e hidratación insuficiente y para exigir su liberación, pues aseguran que son inocentes.
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Denuncian que en la mayoría de los casos son acusados por cargos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública, con los cuales de ser hallados culpables enfrentarían pena máxima.
CNN se ha comunicado con la Fiscalía General para consultar sobre estas denuncias sin hasta ahora haber obtenido respuesta.
Previamente, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que se están respetando los derechos humanos de estas personas y que estas detenciones permitieron evitar acciones conspirativas.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro sin mostrar evidencia técnica, miles de ciudadanos salieron a las calles a rechazar el anuncio.
La oposición mayoritaria recabó las actas electorales a través de sus testigos y dice que puede probar que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia. Maduro los acusó de querer incendiar las calles y aseguró que 2.500 personas fueron detenidas, mientras que Foro Penal contabiliza 1.848 detenidos postelectorales, algunos de los cuales fueron liberados.
Maduro llamó el lunes a los jueces y al fiscal general Saab a revisar caso por caso estas detenciones y recomendó que, si hay algún caso que rectificar y revisar, “que haya justicia”. El Ministerio Público comenzó a recibir desde el martes a los parientes de los procesados para verificar los expedientes.
Madres y otros familiares de los detenidos advierten que si no liberan a sus hijos se movilizarán hasta Miraflores, el Palacio de Gobierno, el 1 de diciembre.
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