(CNN) — Algunas de las similitudes entre los casos presentados contra Sean “Diddy” Combs esta semana y Robert Sylvester Kelly hace varios años son evidentes a simple vista: ambos son músicos mundialmente famosos, poderosos e influyentes que fueron acusados de delitos sexuales por fiscales federales en la ciudad de Nueva York.
Pero el caso de Combs se hace eco del de R. Kelly en otro sentido: en cada uno, los fiscales se basaron en un uso novedoso de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, o RICO, para acusarlos de usar ese poder y fama para manejar los recursos, las empresas y las personas que respondían ante ellos para cometer delitos, e intentar encubrirlos.
“Ciertamente hay paralelismos en estos casos”, dijo Nadia Shihata, la exfiscal federal que juzgó el caso de 2021 contra Kelly en el Distrito Este de Nueva York, uno de los dos que sellaron la caída de la cantante de R&B.
“Obviamente, la conducta en cada caso es algo diferente. Pero existe la idea de que una superestrella utiliza a los empleados y al séquito a su disposición para facilitar delitos de violencia sexual realmente graves”, dijo a CNN, “y utiliza la coerción y el control de las víctimas para obligarlas a participar en actividades sexuales que de otro modo no habrían tenido”.
Kelly ahora cumple 30 años de prisión por el caso de Nueva York, tras su condena por delitos de extorsión y tráfico sexual, y 20 años por otro caso en el Distrito Este de Illinois, donde fue condenado por cargos de pornografía infantil y seducción de un menor. Kelly apeló desde entonces ambas condenas y en julio solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revocara su condena en Illinois, alegando que los cargos deberían haber prescrito.
Mientras tanto, Combs fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por tres cargos: asociación ilícita para cometer crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Se declaró inocente y podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable.
Una distinción clave entre los dos es que los casos contra Kelly involucraron a víctimas que eran menores de edad, mientras que Combs no ha sido acusado de irregularidades contra menores, y es posible que eso se convierta en una estrategia de defensa, dijeron los expertos, en la que los abogados de Combs argumenten que sus supuestas víctimas fueron participantes voluntarios.
De todas formas, los cargos contra Combs son “cargos muy, muy graves”, dijo la abogada de derechos civiles y analista legal de CNN, Areva Martin, que tienen “una similitud inquietante” con los que se formularon contra Kelly en Nueva York: “otro ícono de la música, que ahora está cumpliendo una condena de 30 años de prisión por acusaciones muy similares que se presentaron contra él en Nueva York y luego una condena definitiva en el juicio”.
Robert Sylvester Kelly, el cantante de R&B también conocido como “R. Kelly”, fue sentenciado por la jueza de distrito de los Estados Unidos Ann M. Donnelly a 30 años de prisión.(Boceto de Christine Cornell)
Manejando un imperio empresarial
La ley RICO, que data de 1970, fue creada para perseguir el crimen organizado que afecta el comercio interestatal. Cualquier caso de crimen organizado se centra en una supuesta “empresa” o el grupo que lleva a cabo la supuesta mala conducta, como la mafia.
Pero el uso de la ley RICO para procesar a Kelly fue “un uso pionero de la ley RICO contra un solo individuo”, y el caso Combs “sigue la misma arquitectura legal”, según John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN. Miller describió la estrategia como un “ajuste creativo para apuntar a individuos cuyos propios imperios de riqueza y empresas habían sido aprovechados para permitirles salirse con la suya con un patrón continuo de delitos graves”.
“El caso de R. Kelly, la investigación de (Homeland Security Investigations), la acusación como caso RICO fue un proceso federal inusual, con una estructura inusual”, dijo Miller. “Y realmente se convirtió en un modelo, no solo para la investigación de P. Diddy, sino probablemente para el Distrito Sur y cómo organizaron todo esto”.
Cuando el Distrito Este de Nueva York acusó a Kelly bajo la Ley RICO (la acusación de Illinois no se basó en el estatuto), lo colocó a la cabeza de una empresa formada por el cantante y su séquito, incluidos sus managers, guardaespaldas, choferes y asistentes personales.
El objetivo de la empresa, según la acusación de EDNY, no era sólo promover a Kelly y su música, sino también “reclutar mujeres y niñas para participar en actividades sexuales ilegales con Kelly”.
En concreto, los fiscales de EDNY afirmaron que Kelly elegía a niñas y mujeres entre el público que asistía a su concierto y luego ordenaba a otras personas de la empresa que las llevaran al backstage. La empresa organizaba entonces que las niñas y mujeres visitaran a Kelly y era entonces cuando se producían los delitos sexuales, incluida la producción de pornografía infantil.
Ahora, al otro lado del East River, los fiscales del SDNY sostienen que Combs era el líder de su propia empresa, que abarcaba varios negocios y empleados, incluidos personal de seguridad y personal doméstico y asistentes personales. Algunos de sus objetivos eran legítimos: promover a Combs como músico y operar su extenso imperio empresarial, que según la acusación abarcaba sellos discográficos, un estudio, una línea de ropa, una agencia de marketing y un negocio de bebidas alcohólicas.
Pero la empresa también participó en una variedad de delitos, como tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, según la acusación. Y durante una década, Combs “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas de su entorno para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta”.
La empresa de Combs “facilitó” esta conducta, dice la acusación, al pagar a las víctimas, manipular sus oportunidades laborales u obtener drogas para mantener su obediencia. Los miembros de la empresa también presenciaron actos de violencia por parte de Combs contra las víctimas, dice. En lugar de intervenir, trabajaron para ocultarlos.
Una ventaja de una conspiración RICO es que permite al SDNY ampliar el alcance de su procesamiento, dijo Neama Rahmani, ex fiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers.
Señaló el ataque en video de 2016 a la exnovia de Combs, Casandra “Cassie” Ventura, que estaba fuera del plazo de prescripción para ser procesado cuando CNN publicó imágenes del ataque en mayo, y por el cual Combs se disculpó. No estaba claro si Ventura informó alguna de las acusaciones de abuso a la policía y luego se resolvió una demanda federal.
La acusación formal del SDNY describe un incidente que parece coincidir con el asalto y lo incluye como evidencia para apoyar el cargo de conspiración de crimen organizado.
“Se pueden incluir muchas conductas como conductas relevantes, o actos predicados que no son federales”, dijo Rahmani, y agregó: “Esto incluye muchas pruebas, incluye muchos delitos y, francamente, incluye a mucha gente”.
Queda por ver si alguien más será acusado en relación con las acusaciones en el caso Combs.
Dibujo judicial de Sean “Diddy” Combs en el tribunal federal de apelaciones el miércoles 18 de septiembre, presidido por el juez Andrew Carter. (Crédito: Christine Cornell)
La distinción clave
Aunque las víctimas de Kelly incluían niñas menores de edad, los fiscales del SDNY no acusaron a Combs de victimizar a menores, una divergencia significativa en sus casos.
La acusación contra Combs describe una serie de presuntas víctimas, entre ellas mujeres y trabajadoras sexuales, pero no dice cuántas son. El abogado de Combs ha afirmado que el caso se centra en una sola víctima (el cargo de tráfico sexual se basa en acusaciones que involucran a una sola víctima anónima), mientras que los fiscales federales han insistido en que hay varias.
Esta distinción, la cuestión del consentimiento, podría surgir como un elemento clave de la defensa de Combs, dijo Rahmani, describiéndola como “sustancialmente, la única defensa”.
“No va a argumentar que no sucedió o que fue otra persona”, dijo Rahmani. “Obviamente, el sexo consentido entre adultos es legal, siempre que no haya fuerza, fraude o coerción –eso es lo que lo convierte en trata– o cualquier tipo de elemento comercial –eso es lo que lo convierte en prostitución”.
“La única posibilidad que tiene de ganar este caso es que los testigos testifiquen y los jurados crean que fue consensual”.
Miller estuvo de acuerdo: las víctimas menores de edad de Kelly no podían dar su consentimiento, señaló, “mientras que el quid de la defensa de Combs será que se trataba de fiestas salvajes con participantes voluntarios involucrados en sexo, drogas y hip hop, y que todos se lo estaban pasando bien hasta que dejaron de hacerlo”.
Eric Levenson de CNN contribuyó a este informe.
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