(CNN) — Ocurrió en Caracas el 9 de junio de 2016, cuando estaba allí para cubrir una serie de protestas violentas que habían estallado en Venezuela.
Ese día soleado, mientras nuestro equipo de CNN caminaba hacia el edificio donde está la Asamblea Nacional para realizar entrevistas, notamos que un grupo de hombres se dirigía en la misma dirección desde el lado opuesto de la calle.
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“¡Apúrense!”, dijo la corresponsal de CNN en Español en Caracas, Osmary Hernández. “Creo que los colectivos están calle arriba”. Todos aceleramos el paso y suspiramos aliviados cuando llegamos al edificio. Los colectivos son grupos armados que funcionan como una pandilla callejera, pero están estrechamente afiliados al Gobierno socialista y a menudo hacen el trabajo sucio.
Momentos después de que ingresamos al edificio, Julio Borges, miembro de la oposición y expresidente de la asamblea, llegó herido. Tenía la nariz ensangrentada y dijo que un grupo de legisladores de la oposición como él había sido atacado por colectivos cuando se dirigían a la oficina de la autoridad electoral nacional. El mes anterior, el presidente Nicolás Maduro había declarado un “estado de excepción constitucional”.
Julio Borges en una fotografía tomada por Rafael Romo de CNN el 9 de junio de 2016. (Crédito: Rafael Romo/CNN)
Incluso antes de ese tumultuoso período, había quedado muy claro que el Gobierno de Maduro tenía el control absoluto de los tres poderes del Estado, así como del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Y, como acabamos de presenciar, también controlaba las calles de Caracas. Maduro, que ahora tiene 61 años, es un exconductor de autobús que se convirtió en líder sindical del sistema de metro de Caracas y ascendió en los rangos. Es el sucesor elegido a dedo del fallecido Hugo Chávez, quien gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.
Una nueva ola de violencia sacudió nuevamente a Venezuela en 2019. En enero de ese año, Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, se había autoproclamado presidente interino de Venezuela. Guaidó, que entonces tenía 35 años, argumentó que tenía el derecho constitucional a la presidencia como líder de la asamblea porque Maduro, que había sido jurado la presidencia sólo unos días antes, era un presidente ilegítimo.
Tanto la oposición como los líderes de varios países de la región habían calificado de farsa las elecciones del año anterior. Guaidó convenció a 50 países de que tenía derecho a ser presidente, incluido Estados Unidos.
En junio de 2019, cuando regresé a Caracas, Guaidó ya había intentado un levantamiento militar que casi tuvo éxito el 30 de abril, al que le siguieron de semanas de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron decenas de muertos.
Partidarios del líder opositor venezolano Juan Guaidó se enfrentan con miembros de la Policía Nacional Bolivariana durante una protesta contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas el 18 de noviembre de 2019. (Crédito: Yuri Cortez/AFP/Getty Images)
En los últimos meses, el mundo le volvió a prestar atención a Venezuela, ya que el país se preparaba para celebrar una nueva elección presidencial. ¿Permitiría Maduro que la oposición presentara el candidato que quisiera? ¿Serían unas elecciones libres, justas y transparentes? ¿Se volvería a utilizar a los colectivos para intimidar a los votantes, como se hizo en elecciones anteriores?
La primera y la segunda pregunta fueron respondidas en enero, cuando el máximo tribunal de Venezuela le prohibió a la líder opositora María Corina Machado postularse a la presidencia (o a cualquier otro cargo electivo) durante 15 años por supuestas irregularidades administrativas. Machado había ganado más del 90% de los votos en las primarias de la oposición de octubre pasado. Atraía grandes multitudes dondequiera que iba, pese a que el Gobierno hizo todo lo posible por impedirlo, e incluso persiguió a quienes alquilaron equipos de sonido para su campaña.
La tercera pregunta fue respondida en las últimas horas de la elección misma el domingo, cuando colectivos aparecieron en al menos un centro de votación en Caracas y comenzaron a golpear a simpatizantes de la oposición a quienes los líderes les habían pedido que vigilaran las urnas en un esfuerzo por prevenir manipulaciones.
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Quienes hemos seguido la situación en Venezuela durante décadas ya vimos esta película: fraude electoral para justificar la permanencia de Maduro en el poder. La democracia se fue debilitando gradualmente en Venezuela durante los últimos 25 años, desde que el carismático líder socialista Chávez llegó al poder en 1999.
Mientras los venezolanos y el mundo esperaban los resultados el domingo por la noche, la autoridad electoral del país retrasó la publicación tras alegar que el sistema había sido atacado por piratas informáticos que operaban desde Macedonia del Norte sin mostrar ninguna prueba. Esto no es sorprendente en un país en el que los tres poderes del Estado están en manos de partidarios del Gobierno, cientos de líderes de la oposición fueron encarcelados y la verdadera democracia no existió en una generación entera.
El líder opositor Juan Guaidó saluda a sus partidarios frente a la Embajada de Bolivia en Caracas, Venezuela, durante una manifestación llamada “Despierta, Venezuela” para presionar al presidente Nicolás Maduro para que renuncie el 16 de noviembre de 2019. (Crédito: Edilzon Gamez/Getty Images)
“¿Hay algo diferente esta vez?”, esa es la pregunta que le hice a Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y actual profesor de Política Latinoamericana en la Universidad de Georgetown, quien ha seguido la política venezolana durante décadas.
Shifter dijo que la victoria de Maduro fue un “fraude flagrante, masivo y atroz”, pero la oposición logró hacer algo que antes no había podido hacer: unirse detrás de un solo candidato y acudir a las urnas en masa.
“La alternativa (a participar en las elecciones) era retirarse completamente del juego político, decir ‘nos negamos a participar en estas elecciones injustas’, pero eso habría dejado a la oposición en una posición más débil en términos prácticos y políticos”, como sucedió en 2018 cuando la oposición decidió boicotear todo el proceso.
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“Creo que la oposición aprendió que negarse a participar en las elecciones no ayudaba a su causa. Reconocieron que, incluso cuando las elecciones no eran libres ni justas, necesitaban derrotar a Maduro en sus términos, y lo han hecho”, dijo Shifter.
El CNE de Venezuela declaró el lunes ganador a Maduro, tras afirmar que había ganado con el 51,2% de los votos, con el 80% de las actas escrutadas. Su principal rival, el candidato opositor Edmundo González, había obtenido el 44,2% de los votos, según el organismo.
Críticos como el expresidente de Bolivia, Jorge Fernando “Tuto” Quiroga, uno de los varios exjefes de Estado a los que el Gobierno de Venezuela les impidió volar a Venezuela mientras intentaban servir como observadores, calificaron al Gobierno de Maduro como un “régimen desesperado; una tiranía abierta, pura y dura que ha optado por robarse la presidencia organizando una coronación fraudulenta”. En una entrevista con CNN, dijo que ni siquiera las matemáticas cuadraban cuando las autoridades electorales venezolanas declararon un ganador con el 80% de los votos contados.
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“Cuando estás en primer grado, aprendes que 20 es más que siete”, dijo Quiroga. “La probabilidad de que (el candidato presidencial de la oposición) Edmundo (González) hubiera podido ganar era baja, pero aún aritméticamente posible” en ese momento, dijo, y agregó que antes de la elección había encuestas de boca de urna que mostraban que González tenía una ventaja de hasta 40%.
Al igual que en 2016 y 2019, la violencia regresó a Venezuela. Al menos 11 personas murieron durante las protestas en Venezuela el lunes, según publicó la organización no gubernamental Foro Penal en redes sociales. Las autoridades venezolanas dicen que más de 700 personas fueron detenidas en las protestas. El partido político opositor venezolano Voluntad Popular dijo este martes que su líder Freddy Superlano fue secuestrado.
A diferencia de las elecciones de 2018, dice Shifter, esta vez la oposición “sabe que ganó, y el régimen también sabe que (la oposición) ganó”. La pregunta ahora es cuánto tiempo puede aguantar la coalición gobernante que incluye no sólo a los socialistas, sino también a las fuerzas armadas, dijo Shifter.
Si esa coalición se “divide y se debilita, las fuerzas armadas pueden decir ‘este barco se está hundiendo y no queremos hundirnos con él’”, dijo Shifter.
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