Nota del editor: Rodrigo Jordan es licenciado en Comunicación Social desde 2003 y tiene una maestría en Proyectos de Comunicación por la Universidad de Navarra en España. Es consultor en Difusión Estratégica y en Manejo de Crisis y CEO de Rojo.Com e Hypermedia, agencias de asesoría comunicacional con operaciones en América Latina. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN Español) — Justamente en estas semanas, Ecuador se ha convertido otra vez en el clásico ejemplo latinoamericano de alta convulsión social e inestabilidad política.
El país vivió de nuevo el libreto nacido en la década de los 90: carreteras cerradas, escasez de alimentos, falta de combustibles, ataques mortales de manifestantes a militares y policías, represión estatal, fallecidos y miles de manifestantes rurales movilizados y atrincherados en Quito, capital de la república y sede del Estado.
Todo esto, con los mismos enemigos de siempre: el Gobierno de turno versus la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que –cada dos años, en promedio– amenaza con desestabilizar al presidente en funciones si no accede a sus reclamos sociales.
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En la edición 2022 de esta lucha, y hace pocos días, el país parecía que nuevamente iba en la dirección de prescindir de otro presidente: esta vez, el recién elegido Guillermo Lasso, que apenas tiene un año y un mes en el poder.
Este hecho, para muchos, revivía la pesadilla de ostentar, como nación, el récord de haber tenido 10 presidentes en nueve años, como ocurrió entre 1996 y 2005.
El 28 de junio, luego de 16 días de levantamiento indígena y de una moción de destitución desde la Asamblea Nacional por grave conmoción interna, Lasso logró mantenerse en el cargo, gracias a que la oposición política no logró sumar los votos necesarios para llevar al país a elecciones anticipadas.
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Muchos analistas dicen que, si bien el presidente de la república salvó el puesto hoy, su mandato es muy débil porque tiene un Poder Legislativo mayoritariamente opositor y una calificación negativa de gestión, a escala nacional, del 71,18% y a la baja. Y claro, aún le restan casi tres años de periodo constitucional.
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Pero más allá de los análisis de coyuntura, lo que debemos entender es por qué la actual crisis se veía venir desde finales de 2021 y por qué el Ecuador de esta época es una bomba con cuatro mechas.
o Mecha 1: La existencia de índices alarmantes de pobreza y pobreza extrema en el sector rural.
o Mecha 2: La persistencia de índices insostenibles de desempleo e informalidad pospandemia.
o Mecha 3: El registro de altos índices de inflación, nunca antes vistos desde 2015.
o Mecha 4: Una gravísima desconfianza de la ciudadanía en las principales instituciones democráticas.
A inicios de 2022, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que en el sector rural, donde viven la mayoría de las comunidades indígenas, la pobreza alcanzaba el 42,4% y la pobreza extrema el 20,3%. Es decir, casi el 63% de los 6,5 millones de personas que están en el campo viven con menos de US$ 86 mensuales de ingresos. (en el documento de INEC)
Esto sin tomar en cuenta que el 65% de los niños y niñas indígenas viven en pobreza.
Por otro lado, el INEC ha ratificado que, si bien el desempleo ha retrocedido un poco a inicios de 2022– apenas 3 de cada 10 personas en la población económicamente activa tiene un empleo formal; el resto vive en la informalidad.
La inflación también va rumbo a afectar más y más el poder adquisitivo de la población, dados los inusuales índices a los que ha llegado desde 2015. En mayo de 2022, según el INEC, la inflación anual llegó al 3,38%.
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Finalmente, Ecuador es un país en el que muchos ciudadanos creen que el Estado es su peor enemigo. Así, solo 2 de cada 10 ecuatorianos confía en la probidad de sus jueces y en la labor de la Asamblea Nacional. Únicamente 3 de cada 10 ciudadanos cree que es aceptable el trabajo de la Fiscalía General de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. En el caso de la Contraloría General del Estado, solo 2 de cada 10 ciudadanos confían en su trabajo. Todo esto según estudios de ClickReport.
Con esa radiografía, no es tan complejo vaticinar un Ecuador de altísimo riesgo para 2022 y 2023, cuando las familias –cada día más– deberán sobrevivir en un país que podría resultar demasiado asfixiante, hostil y sin oportunidades. ¿Hasta cuándo soportarán los más afectados?
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