Washington (CNN) — El Congreso aún tiene un largo camino que recorrer antes de llegar a una votación sobre las infraestructuras, pero el presidente Joe Biden dijo este jueves que se había llegado a un acuerdo con un grupo bipartidista de senadores.
Aunque muchos detalles de su contenido siguen sin estar claros, el costo total del acuerdo propuesto anunciado el jueves es de US$ 1,2 billones a invertirse en ocho años, con US$ 579.000 millones en nuevos gastos, según una hoja informativa proporcionada por la Casa Blanca.
Esta cifra es muy inferior al plan de US$ 2,25 billones Biden presentó en marzo. Ese plan incluía dinero para carreteras, puentes, transporte público, aeropuertos, sistemas de agua y electricidad, así como mejoras en la banda ancha. También habría invertido en el cuidado de los ancianos estadounidenses y en la formación de la mano de obra, lo que provocó las críticas de muchos republicanos, que querían limitarse a las clásicas partidas de infraestructuras.
Los demócratas afirman que siguen planeando impulsar algunas de las disposiciones que quedaron fuera del plan de infraestructuras a través de una legislación separada.
La nueva propuesta bipartidista surgió esta semana tras la ruptura de una ronda anterior de negociaciones bipartidistas con un grupo de republicanos liderado por la senadora de Virginia Occidental Shelley Moore Capito.
Esto es lo que sabemos hasta ahora:
Financiación de carreteras y puentes
El plan bipartidista incluye US$ 109.000 millones para carreteras, puentes y otros proyectos de infraestructura, bastante menos que los US$ 159.000 millones que Biden solicitó inicialmente para estas inversiones.
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Dinero para el tránsito y los aeropuertos
El plan prevé US$ 49.000 millones para el transporte público, US$ 66.000 millones para el ferrocarril, US$ 25.000 millones para aeropuertos y US$ 16.000 millones para puertos y vías navegables.
Mejora de los sistemas de agua y electricidad
Se invertirían otros US$ 55.000 millones en infraestructuras hídricas y US$ 73.000 millones en la estructura eléctrica del país.
Parte de este dinero se utilizaría para eliminar las instalaciones y tuberías de plomo del país.
Inversión en banda ancha
El plan proporcionaría US$ 65.000 millones para realizar mejoras en el sistema de banda ancha del país.
Inicialmente, Biden quería gastar US$ 100.000 millones para asegurarse de que todos los estadounidenses tuvieran un servicio de Internet fiable y de alta velocidad. Pero dijo que estaba dispuesto a rebajar su petición en anteriores negociaciones con los republicanos.
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Inversión en vehículos eléctricos
El plan acordado incluye US$ 7.500 millones para construir una red de cargadores de vehículos eléctricos a lo largo de las carreteras y en comunidades rurales y desfavorecidas. El objetivo es instalar 500.000 cargadores.
Otros US$ 7.500 millones se destinarían a convertir en eléctricos miles de autobuses escolares y de transporte público.
Cómo lo pagará el Congreso
Aún no se conocen todos los detalles de cómo se pagaría el paquete, pero la propuesta bipartidista se centra en utilizar los fondos no gastados de paquetes de ayuda anteriores, así como los ingresos procedentes de la venta de reservas estratégicas de petróleo.
Los legisladores creen que podrían obtener más de US$ 100.000 millones de los fondos no gastados de los subsidios de desempleo por pandemia y de la persecución de los pagos fraudulentos a los desempleados. Es discutible que estas medidas proporcionen tanto dinero.
Al menos 26 estados han manifestado que pondrán fin a al menos uno de los programas de subsidios de desempleo por pandemia, incluyendo el subsidio federal de US$ 300 semanales, para hacer frente a la escasez generalizada de trabajadores. El Congreso prorrogó los tres programas hasta principios de septiembre en el proyecto de ley demócrata de ayuda de US$ 1,9 billones que se promulgó en marzo.
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Las estimaciones del valor de los beneficios no utilizados varían. La Century Foundation lo ha cifrado en más de US$ 22.500 millones.
El fraude relacionado con los subsidios por desempleo también ha sido un problema importante desde el comienzo de la pandemia, ya que los delincuentes se centran en los pagos más generosos proporcionados por la histórica ampliación del sistema de desempleo del país por parte del Congreso.
De nuevo, las estimaciones varían mucho. La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE.UU. calculó a finales de marzo que al menos US$ 89.000 millones de los US$ 896.000 millones previstos en fondos del programa federal de desempleo podrían haberse pagado indebidamente, y que una parte importante podría atribuirse al fraude. El director de una empresa de verificación de identidades dijo recientemente a Axios que hasta el 50% de todas las solicitudes de desempleo, es decir más de US$ 400.000 millones, podrían ser fraudulentas.
El Servicio Secreto de EE.UU. ayudó el mes pasado a recuperar alrededor de US$ 2.000 millones en fondos de ayuda obtenidos de forma fraudulenta, incluidos los subsidios de desempleo y las ayudas a las empresas, y se incautó de más de US$ 640 millones a los acusados de fraude, según informó la agencia el mes pasado.
La propuesta bipartidista también contempla la reutilización de US$ 80.000 millones en fondos de ayuda de covid, principalmente de los acuerdos de rescate de marzo y diciembre.
El plan original de Biden también pedía que se reforzara la aplicación de la ley contra las empresas para garantizar que paguen su parte justa de impuestos. La Oficina Presupuestaria del Congreso ha calculado que el aumento de los fondos para la aplicación de la ley recaudaría unos US$ 60.000 millones. Los legisladores que negocian el acuerdo bipartidista calculan que se obtendrían más de US$ 100.000 millones.
El acuerdo parece dejar de lado el esfuerzo de Biden por pagar el plan aumentando los impuestos a las empresas. Había propuesto elevar el tipo del impuesto de sociedades al 28%, desde el 21%, y aumentar la tasa de impuestos mínima global de las empresas estadounidenses al 21%, entre otros cambios. Los republicanos, sin embargo, se opusieron firmemente a la idea.
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Qué falta
El acuerdo deja fuera la propuesta de Biden de US$ 400.000 millones para reforzar la atención a los ancianos y discapacitados estadounidenses, la segunda medida más importante de su paquete original.
Su plan habría ampliado el acceso a los servicios de atención a largo plazo en el marco de Medicaid, eliminando la lista de espera para cientos de miles de personas. Habría proporcionado más oportunidades para que las personas recibieran cuidados en casa a través de servicios basados en la comunidad o de miembros de la familia.
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También habría mejorado los salarios de los trabajadores de la salud a domicilio, que ahora ganan aproximadamente US$ 12 la hora, y habría puesto en marcha una infraestructura para dar a los trabajadores de los cuidados la oportunidad de afiliarse a un sindicato.
También se dejó de lado: US$ 100.000 millones para el desarrollo de la mano de obra, que habrían ayudado a los trabajadores desplazados, ayudado a los grupos desatendidos y puesto a los estudiantes en trayectorias profesionales antes de que se graduaran del bachillerato.
–Lauren Fox, Phil Mattingly y Kate Sullivan de CNN contribuyeron con este reportaje.
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