China ha salido a la palestra después de que el Tribunal Supremo de Panamá dictaminara en contra del derecho de una empresa respaldada por Hong Kong a operar puertos clave en el Canal de Panamá y promete que el Gobierno del país caribeño “pagará un alto precio político y económico” si no cambia de postura.
Este tono amenazante es el último punto de inflexión en la saga en torno a los intereses chinos en la vía fluvial estratégica, por donde transita anualmente alrededor del 40 por ciento de todo el tráfico de contenedores de Estados Unidos, y que se ha convertido en un punto focal del objetivo de la administración Trump de expulsar a las potencias rivales del hemisferio occidental.
La multinacional CK Hutchison, con sede en Hong Kong, opera puertos en todo el mundo a través de su división Hutchison Ports y sus filiales. Estos incluyen dos terminales clave en el Canal de Panamá, una en cada extremo, una concesión que la Corte Suprema de ese país centroamericano declaró inconstitucional en un fallo a finales del mes pasado.
El fallo, “verdaderamente vergonzoso y patético”, “sucumbe a la hegemonía y actúa como cómplice del mal”, declaró la oficina de Beijing encargada de los asuntos de Hong Kong en una respuesta de 800 palabras a la decisión del tribunal. “China se opone firmemente al uso de la coerción económica y la intimidación hegemónica”.
La refutación, publicada el martes, es una clara señal de cuán intensamente se está centrando China en el caso y del esfuerzo más amplio de la Casa Blanca por erradicar su influencia en la región.
China ha desarrollado durante años profundas incursiones en América Latina y el Caribe, donde ahora mueve anualmente más de US$ medio billón en comercio, y sus empresas estatales y líderes nacionales se insertado en redes eléctricas, redes de telecomunicaciones y minas.
Ahora, mientras la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, promete “negar a competidores no hemisféricos” el control de “activos estratégicamente vitales” en el hemisferio occidental y expulsar a las compañías extranjeras que construyen infraestructura allí, el Canal de Panamá se erige como la prueba más urgente de cómo se desarrollará la lucha de poder.
Beijing ha dicho que protegerá a las empresas chinas, y su última declaración destacó que “tiene suficientes medios, herramientas, fuerza y capacidad para mantener un orden económico y comercial internacional justo y equitativo”.
Pero el momento también crea un desafío estratégico para Beijing, que debe evaluar qué tan fuerte es el mensaje que quiere enviar a los socios que considera que apoyan a Estados Unidos, especialmente mientras busca estabilidad en sus propias relaciones con Estados Unidos antes de la visita prevista de Trump a finales de esta primavera.
Trump ya ha dañado las relaciones cuidadosamente cultivadas de Beijing con Panamá, aumentando la presión sobre el país por sus vínculos con China desde su primer día en el cargo.
Aprovechó su discurso inaugural para desmentir las falsas afirmaciones de que “China opera el Canal de Panamá” y prometió que Estados Unidos lo estaba “recuperando”.
Ese mismo día, Panamá inició una auditoría de las operaciones de Hutchison Ports en los dos puertos del canal, mientras que el presidente José Raúl Mulino negó las afirmaciones de Trump.
La compañía no es una de las muchas empresas estatales chinas activas en el extranjero, sino un importante operador portuario global perteneciente a un conglomerado controlado por el hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-Shing.
El magnate ha defendido sus operaciones, y Beijing ha desestimado las acusaciones de su interferencia en el canal.
Pero a medida que la Casa Blanca aumentaba la presión sobre Panamá, su Gobierno anunció que se retiraría de la iniciativa de infraestructura global Belt and Road del líder de China, Xi Jinping, un golpe a las ambiciones de Beijing en la región, especialmente porque Panamá fue el primer país latinoamericano en adherirse a la iniciativa, en 2017.
La disputa solo ha crecido desde entonces.
CK Hutchison anunció la primavera pasada que vendería sus intereses en más de 40 puertos en unas dos docenas de países, incluidos los dos cercanos al Canal de Panamá, a un grupo liderado por la firma estadounidense BlackRock, un acuerdo elogiado por Trump como una victoria para Estados Unidos.
Pero Beijing afirmó que debe “realizar revisiones y supervisar” cualquier venta de activos de la compañía, y el acuerdo parece haberse estancado desde entonces. No está claro cómo se verá afectado por la última sentencia judicial.
Ese fallo, que encontró que el contrato otorgado a Panama Ports Company de Hutchison violó la Constitución de Panamá y es resultado de la auditoría oficial, nuevamente genera fricciones.
La Panama Ports Company de Hutchison Ports declaró el martes que inició un arbitraje contra Panamá, enmarcando el fallo como parte de una “campaña” estatal en su contra.
Beijing es bien conocido por recurrir a una serie de contramedidas económicas para ejercer presión.
En los últimos meses, la industria turística japonesa ha lidiado con la cancelación de rutas aéreas y las advertencias de viaje de China debido a una disputa política sobre Taiwán.
Y empresas, desde vinicultores australianos hasta salmonicultores noruegos, han quedado excluidas del enorme mercado chino en los últimos años cuando sus Gobiernos se enfrentaron a Beijing.
China también tiene influencia económica sobre Panamá. Superó a Estados Unidos como el mayor socio comercial de Panamá en 2019, según datos de las Naciones Unidas hasta 2024.
En su declaración del martes, Beijing aumentó la presión, diciendo que el país “sufriría las consecuencias” del fallo, que “causaría un daño profundo” al entorno empresarial y al desarrollo económico de Panamá.
Los analistas dicen que Beijing podría estar considerando medidas comerciales, de inversión y de otro tipo para responder y disuadir a otros países de la región de tomar medidas similares.
Pero hay razones para que Beijing proceda con cautela. Por un lado, si bien siente la presión de la política de mano dura de Estados Unidos en América Latina, también ve una oportunidad.
Beijing ya ha presentado esa postura estadounidense —visible con mayor claridad en la captura del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos— como una forma de imperialismo e intimidación.
Y sus analistas políticos calculan que, si bien la estrategia estadounidense podría ejercer mayor presión sobre la participación china en la región en el corto plazo, con el tiempo impulsará a más países latinoamericanos a optar por colaborar con China.
Tomar represalias con importantes medidas económicas contra Panamá tendría el potencial de socavar el esfuerzo más amplio de Xi de posicionar a China como un líder alternativo a Estados Unidos, especialmente para las economías emergentes que, según Beijing, no se ven atendidas por un mundo liderado por Estados Unidos.
Tal vez Beijing tampoco quiera agitar demasiado las aguas antes de la esperada visita de Trump.
Pero Beijing –y las empresas chinas– también tomarán notas a medida que se desarrolle el caso.
“En todo caso, deberíamos esperar que las empresas estatales chinas sean cada vez más cautelosas a la hora de comprometerse con inversiones estratégicas significativas en las cercanías de Estados Unidos, dado que Trump parece muy interesado en afirmar su control sobre puntos geográficos críticos y lugares de importancia en la región”, señaló Brian Wong, analista de geopolítica de la Universidad de Hong Kong.
Y Estados Unidos también tomará notas estratégicas, apuntan los analistas en Washington.
Allí, el fallo del tribunal puede interpretarse como “una prueba positiva de que la presión sostenida da resultados”, indicó Craig Singleton, miembro sénior del grupo de expertos Fundación para la Defensa de las Democracias.
“Decisiones como la de Panamá probablemente reforzarán la visión de Trump de que la influencia china en el hemisferio es reversible, alentando nuevos desafíos en lugares donde se puede ejercer presión legal, política o regulatoria”, setenció.
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