México está en la antesala de un 2025 con desafíos importantes que marcarán la agenda del país en el que será el primer año completo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Expertos consultados por CNN señalan que el país tiene importantes tareas en materia de seguridad pública, migración, economía interna y gobernabilidad, además de retos externos como las recientes amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a productos importados de México o de iniciar una deportación a gran escala de migrantes, lo que supone un horizonte aún más complejo.
“Hay un panorama de nubarrones ciertamente delicados en términos de economía, de política interna y externa por el factor Trump”, dijo a CNN Carlos Ramírez, consultor en economía y riesgo político de Integralia.
Algunas expectativas de crecimiento de la economía mexicana para 2025 han sido revisadas a la baja debido, en gran medida, a la incertidumbre comercial por las amenazas de Trump de aumentar los aranceles a los productos importados de México y Canadá.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México proyectó a mediados de noviembre que la economía del país crecerá entre 2% y 3% en 2025, una estimación apoyada en lo que considera que será “un mercado laboral sólido, un consumo privado robusto y niveles elevados de inversión pública y privada, con un enfoque en la inclusión regional”.
Sin embargo, la calificadora Standard & Poor’s recortó su previsión de crecimiento de 1,5% a 1,2% debido a tres factores: la amenaza de cambios al acuerdo comercial T-MEC, cuya revisión está prevista para 2026; la política inmigratoria de Estados Unidos hacia México que podría derivar en cambios en la política de comercio y “debilitar la inversión y las remesas”; así como las reformas recientemente aprobadas en México, como los cambios en el sistema judicial, que “podrían retrasar las inversiones”.
La expectativa de Standard & Poor’s está en línea con el pronóstico de Moody’s, que degradó de 1,3% a 0,6% la expectativa de crecimiento en 2025.
Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, dijo a CNN que la calificadora se basa en el eventual impacto de las políticas anunciadas por Donald Trump, la incertidumbre en las inversiones de algunas compañías estadounidenses en México y el “ambiente de nerviosismo” en el país debido a las reformas constitucionales que se han puesto en marcha.
Ramírez, de Integralia, explicó a CNN que cambios constitucionales como la reforma judicial o la desaparición de organismos autónomos están generando desconfianza e incertidumbre debido a que se espera una posible falta de independencia en los poderes de la Unión, como es el caso del Poder Judicial, lo que erosiona la confianza para invertir en el país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que la reforma “significa más autonomía e independencia del Poder Judicial”.
México cerrará 2024 con un alto índice de homicidios dolosos a nivel nacional y en medio de una escalada de violencia en el estado de Sinaloa, en el norte del país, atribuida a la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que –según autoridades– ha provocado enfrentamientos entre dos grupos del crimen organizado.
Antes de las detenciones de fines de agosto, los casos de homicidios dolosos en el estado ubicado en el noroeste de México promediaban entre 35 y 55 al mes, pero aumentaron significativamente a partir de septiembre. Ese mes se registraron 144 homicidios, en octubre 188 y en noviembre 175, según datos de la Fiscalía de Sinaloa.
Mientras que, a nivel nacional, el número de homicidios dolosos entre enero y noviembre de este año fue de 27.560, en comparación con los 27.354 reportados en el mismo periodo de 2023, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
David Saucedo, consultor en políticas de seguridad, dijo a CNN que el panorama actual indica que habrá una continuidad de la violencia en Sinaloa en 2025, con la expansión de cárteles de la droga y alianzas entre estos grupos.
“Todo parece indicar que en 2025 se mantendrá esta guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa que surge a raíz de la captura del Mayo Zambada. En paralelo, en los otros frentes tenemos un Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se expande en distintas regiones del país, lo mismo la Familia Michoacana”, señaló.
Explicó que existe la posibilidad de una alianza entre el CJNG y una de las fracciones del Cártel de Sinaloa para ganar fuerza, lo que inevitablemente conduciría a más violencia. A esto se suma –según dijo– las actividades criminales de grupos como la Familia Michoacana que opera en el centro del país y se dedica al tráfico de drogas, secuestros y extorsiones.
Un estudio de la firma AC Consultores señala que en el 81% del territorio de México hay presencia del crimen organizado. El CJNG, en 28 estados, y el Cártel de Sinaloa, en 24, son los dos grupos delincuenciales más expandidos, mientras que la Familia Michoacana se encuentra en siete entidades, indica el estudio.
El contexto pone en evidencia el reto que enfrentará el Gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad pública. Para combatir este flagelo, la presidenta presentó en octubre la Estrategia Nacional de Seguridad cuyo objetivo es la pacificación del país y una disminución de la incidencia delictiva vinculada al crimen organizado y a delitos como extorsión, secuestro y robo con violencia.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha reconocido el problema de la violencia en Sinaloa y señaló que se han implementado operativos para detener a los principales generadores de violencia en la región, aunque subrayó que resolver esta problemática “no es de la noche a la mañana” y requiere un esfuerzo constante.
Para Saucedo, hay varios desafíos en 2025, entre los que figuran el ataque del crimen organizado a la población civil, la penetración de estas organizaciones en distintas esferas del poder político y la presión por parte de Estados Unidos para hacer decomisos de cargamentos de droga y capturar narcotraficantes de alto perfil.
Sobre este aspecto, el consultor en seguridad Eduardo Guerrero dijo a CNN que lo que México deberá hacer es armar una estrategia para lidiar “con un presidente tan agresivo como Trump” y buscar un diálogo para entablar una cooperación estrecha en la que ambos países puedan hacer frente a problemáticas en común, como el crimen organizado, la migración y el tráfico de fentanilo.
“El hecho de que haya una deportación masiva implicaría tener una gran cantidad de personas saturando ciudades fronterizas de México”, dijo a CNN Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Esto podría tener como consecuencia el colapso de los servicios básicos en ciudades fronterizas ya afectadas por el flujo migratorio, debido a que gran parte de los migrantes deportados por Estados Unidos terminan en México sin importar su nacionalidad.
Sheinbaum dijo a inicios de diciembre que espera llegar a un acuerdo con la administración de Trump para que las personas deportadas que no sean mexicanas sean enviadas directamente a sus países de origen.
Una posible deportación de migrantes a gran escala implicaría un reto económico para México ya que se tendría que asignar recursos suficientes para atender a los deportados y asegurarse de que el Instituto Nacional de Migración (INM) opere de la manera más eficiente posible, según un análisis de la organización México Cómo Vamos.
La administración “debe vigilar que el uso de recursos por parte del INM sea gastado de forma eficiente y se garantice la protección de los derechos humanos, mejores condiciones y procesamiento eficiente para los migrantes en nuestro país”, precisó.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 contempla un presupuesto de 1.700 millones de pesos (unos US$ 84.373 millones) para el INM, lo que representa un recorte en comparación con los 1.897 millones de pesos (unos US$ 94.094 millones) asignados en 2024.
Sheinbaum aseguró que no se requiere más presupuesto para el INM. “Estamos trabajando en fortalecer el Instituto; no es tanto de presupuesto, como de alguna reorganización interna, porque el Instituto cumple varias funciones y todo está concentrado en el mismo lugar desde que se formó”, dijo en su conferencia matutina del 9 de diciembre.
Cientos de cargos serán disputados en la elección del Poder Judicial, un ejercicio inédito que conllevará grandes retos en términos de organización, designación de recursos y normatividad. Se trata de la mayor reestructuración del Poder Judicial en la historia reciente de México.
La elección llegará a raíz de la aprobación de la polémica reforma al Poder Judicial, que causó amplias protestas y críticas por parte de trabajadores judiciales, académicos, oposición y organizaciones civiles, quienes afirmaban que la legislación minaba la independencia judicial y creaba incertidumbre.
La jornada se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. Se elegirán 881 cargos que incluyen ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de Circuito, así como a personas juzgadoras de Distrito.
Rita Bell López Vences, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que “las implicaciones técnicas y operativas que llevará el poder desahogar este proceso de elección no son menores, lo que se traduce en un reto mayúsculo, quizá uno de los mayores desde la implementación de la reforma Político-Electoral en 2014”.
Dicha legislación estableció un nuevo marco normativo para partidos políticos, autoridades electorales, fiscalización, comunicación política e instrumentos de participación ciudadana, lo que marcó un nuevo rumbo para la realización de elecciones en el país.
López Vences explicó que la particularidad de la elección de jueces, ministros y magistrados radica en el número de cargos que se elegirán y la naturaleza de los mismos.
En el Proceso Electoral Federal 2023-2024 se eligieron 629 cargos federales, mientras que en la elección extraordinaria del Poder Judicial serán 881, según el INE.
Para llevar a cabo la elección, la autoridad electoral solicitó un presupuesto de 13.205 millones de pesos (unos US$ 639 millones), lo que provocó críticas de Sheinbaum, quien dijo que el proceso no puede costarle tanto al pueblo de México. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó recursos por poco más de 4.300 millones de pesos (unos US$ 212 millones) para los comicios.
El analista político Ernesto Guerra dijo a CNN que “le viene una papa caliente” al INE porque tiene “prácticamente nueve meses para instrumentar una elección extraordinaria, inédita. Una elección que no se tiene certeza de cómo se tendría que realizar logísticamente, cómo serán las campañas, el acceso a radio y televisión de las candidaturas o cómo se van a elegir”.
Detalló que la elección de jueces ha dejado varias incógnitas en el aire, como el número de casillas a instalar o cómo serán las boletas electorales ya que, en el caso de la elección de los nueve ministros de la SCJN, la boleta tendrá al menos 80 nombres de candidatos.
Otra de las pruebas que enfrentará la gestión de Sheinbaum será en materia de gobernabilidad, en medio del reclamo de mayor seguridad y certeza económica para sectores como el empresarial.
El consultor Ramírez señaló que el actual gobierno “está tratando de encontrar un balance en el que hay aspectos positivos como el acercamiento y el diálogo abierto con el sector privado, así como un viraje en la estrategia de seguridad que brinda un poco se esperanza de que haya resultados en los próximos meses, aunque es algo que llevará tiempo”.
“Habrá que darle el beneficio de la duda y ver lo que ocurre el próximo año”, afirmó Ramírez.
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