(CNN) — Missouri llevó a cabo este martes la primera ejecución conocida en Estados Unidos de una persona abiertamente transgénero, cuando Amber McLaughlin, condenada por un asesinato en 2003 y quien solicitó sin éxito clemencia al gobernador, fue ejecutada mediante inyección letal.
“McLaughlin fue declarada muerta a las 18:51”, dijo el Departamento Correccional de Missouri en una declaración escrita.
“Lamento lo que hice”, escribió McLaughlin en su declaración final, difundida por el Departamento de Correcciones. “Soy una persona cariñosa y atenta”.
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La ejecución de McLaughlin —la primera en Estados Unidos este año— es inusual: las ejecuciones de mujeres en el país son ya poco frecuentes. Antes de la ejecución de McLaughlin, solo 17 habían sido condenadas a muerte desde 1976, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte tras una breve suspensión, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La organización sin ánimo de lucro confirmó que McLaughlin es la primera persona abiertamente transgénero ejecutada en EE.UU.
McLaughlin, de 49 años, y sus abogados habían solicitado clemencia al gobernador republicano Mike Parson, pidiéndole que conmutara su pena de muerte. Aparte del hecho de que un jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre la pena de muerte, dicen, McLaughlin mostró verdadero remordimiento y ha luchado contra una discapacidad intelectual, problemas de salud mental y un historial de traumas infantiles.
Pero en un comunicado este martes, la oficina de Parson anunció que la ejecución seguiría adelante según lo previsto. La familia y los seres queridos de su víctima, Beverly Guenther, “merecen paz”, decía el comunicado.
“El estado de Missouri cumplirá la sentencia de McLaughlin de acuerdo con la orden de la Corte”, dijo Parson, “e impartirá justicia”.
McLaughlin —que figura en los documentos judiciales como Scott McLaughlin— no había iniciado un cambio legal de nombre ni una transición y, como condenado a muerte, estaba recluido en el centro penitenciario de Potosi, cerca de San Luis, que albergaba a reclusos varones, según han declarado el defensor público federal de McLaughlin, Larry Komp, y la oficina del gobernador.
McLaughlin había sido condenada por asesinato y violación
McLaughlin fue sentenciada a muerte por el asesinato de Beverly Guenther en noviembre de 2003, según los registros judiciales.
Ambos mantenían una relación, pero se habían separado en el momento del asesinato y Guenther había recibido una orden de protección contra McLaughlin después de que esta fuera detenida por robar en la casa de Guenther.
Varias semanas después, mientras la orden estaba en vigor, McLaughlin esperó a Guenther fuera del lugar de trabajo de la víctima, según consta en los registros judiciales. McLaughlin apuñaló y violó repetidamente a Guenther, argumentaron los fiscales en el juicio, señalando en parte las salpicaduras de sangre en el estacionamiento y en el camión de Guenther.
Un jurado condenó a McLaughlin por asesinato en primer grado, violación forzada y acción criminal armada, según muestran los registros judiciales.
Pero a la hora de dictar sentencia, el jurado no llegó a ningún acuerdo.
La mayoría de los estados de EE.UU. con pena de muerte exigen que el jurado vote por unanimidad para recomendar o imponer la pena capital, pero Missouri no lo hace. Según la ley estatal, en los casos en los que un jurado es incapaz de llegar a un acuerdo sobre la pena de muerte, el juez decide entre cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. El juez que juzgó a McLaughlin impuso la pena de muerte.
Si el gobernador Parson hubiese concedido el indulto, argumentaron los abogados de McLaughlin, no habría desvirtuado la voluntad del jurado, ya que este no pudo ponerse de acuerdo sobre la pena capital.
Sin embargo, ese era solo uno de los varios motivos por los que los abogados de McLaughlin decían que Parson debía concederle clemencia, según la petición presentada al gobernador.
Además de la cuestión del estancamiento del jurado, los abogados de McLaughlin señalaron sus problemas de salud mental, así como un historial de traumas infantiles. A McLaughlin se le “diagnosticó sistemáticamente discapacidad intelectual límite” y “universalmente se le diagnosticó daño cerebral, así como síndrome alcohólico fetal”, según la petición.
McLaughlin fue “abandonada” por su madre y puesta en el sistema de adopción, y en una de las colocaciones le “arrojaron heces a la cara”, según la petición.
Más tarde sufrió más abusos y traumas, como ser golpeada por su padre adoptivo, según la petición, y luchó contra una depresión que la llevó a “múltiples intentos de suicidio”.
En el juicio, el jurado de McLaughlin no escuchó el testimonio de expertos sobre su estado mental en el momento del asesinato de Guenther, según la petición. Ese testimonio, dijeron sus abogados, podría haber inclinado la balanza hacia una sentencia de cadena perpetua al apoyar los factores atenuantes citados por la defensa y refutar la afirmación de la fiscalía de que McLaughlin actuó con depravación mental —que sus acciones fueron particularmente brutales o “vilmente sin sentido”—, el único factor agravante que el jurado encontró.
En 2016, un juez federal anuló la pena de muerte de McLaughlin debido a la ineficacia de su abogado, según muestran los registros judiciales, citando el hecho de que sus abogados litigantes no presentaron ese testimonio experto. Ese fallo, sin embargo, fue anulado posteriormente por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito.
La ejecución de McLaughlin “pondría de manifiesto todos los fallos del sistema judicial y sería una gran injusticia a varios niveles”, declaró Komp, su abogado, a CNN.
“Continuaría con los fallos sistémicos que existieron a lo largo de la vida de Amber, donde no se produjeron intervenciones para detenerla e interceder para protegerla cuando era niña y adolescente”, dijo Komp. “Todo lo que podía salir mal salió mal para ella”.
Rebekah Riess y Emma Tucker, de CNN, contribuyeron a este artículo.
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