“He vivido el acoso, he vivido el robo de salarios, he vivido todas las injusticias”, cuenta Yesenia Acosta, inmigrante mexicana que trabajó durante años como cosechadora y empaquetadora de productos agrícolas en California. Ahora, desde la organización Líderes Campesinas, busca ayudar a mujeres que llegaron a Estados Unidos con su mismo sueño de progreso, que cumplen un rol fundamental en la economía del país y que se ven amenazadas por la campaña antiinmigrante del presidente Donald Trump.
Hay más de 23 millones de mujeres inmigrantes mayores de 16 años en EE.UU., de las cuales más de la mitad tienen la ciudadanía estadounidense, según datos de 2023 de la Oficina del Censo. El 7,9% de la fuerza laboral del país está compuesto por mujeres que nacieron en el extranjero, pero la proporción crece y hasta se multiplica en algunos sectores de la economía, principalmente en las áreas de servicios, como en tareas de limpieza doméstica (38,3%) o en los salones de uñas y otros cuidados personales (33,2%), según un informe del Centro Nacional para el Derecho de la Mujer (NWLC, por sus siglas en inglés).
El clima es de temor para muchos inmigrantes, y no solo para los indocumentados, frente a las redadas de agentes del ICE, especialmente para las mujeres. Tom Homan, el zar de la frontera de la Casa Blanca, dijo a mediados de junio en una entrevista con Semafor que las operaciones en lugares de trabajo “se van a expandir masivamente”.
El sitio de estadísticas del ICE no ofrece datos diferenciados sobre hombres o mujeres arrestados o deportados. Cifras de 2013 obtenidas por la organización TRAC Reports indican que ese año el 93% de las deportaciones involucraban a hombres, mientras que un artículo de la Universidad de Oxford publicado en 2018 indica que la cifra llegaba al 94%. Además, muchos operativos de los agentes federales se han realizado en lugares masculinizados, como obras de construcción o estacionamientos de tiendas donde se ubican jornaleros. Sin embargo, eso no significa que las mujeres no sean foco de la campaña migratoria ni, mucho menos, que no tengan temor.
En medio de la ola de redadas, el Centro Nacional para el Derecho de la Mujer registró que algunas mujeres han decidido cerrar las puertas de sus centros u hogares para proteger a sus familias, dice Castillo.
Bajo ese contexto, explica que se genera un temor profundo por un posible arresto. “Simplemente el miedo de separar a padres de sus hijos impacta tanto en una familia y en el desarrollo de un niño. Cuidadoras nos cuentan que familias envían (a los menores) con dos mochilas, una para el día y otra para quedarse a vivir, por si sus padres no siguen allí unas horas después. (…) Cada día que van a trabajar está esa cuestión de si es seguro, si vale la pena, si van a volver a ver a sus hijos. Si (las medidas) siguen así de fuertes, puede que veamos más mujeres salir de la fuerza laboral”, señaló Castillo.
Blanca Pérez, inmigrante guatemalteca que entró a Estados Unidos siendo una madre adolescente hace más de 20 años y hoy maneja su propio negocio de limpieza en Los Ángeles, contó que conoce inmigrantes que evitan la calle, a menos que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, mencionó el caso de una señora a la que ayuda con el transporte para evitar caminos donde se entera que hay agentes del ICE, y que para las compras ha decidido únicamente enviar a su hijo. “La situación nos está enfermando de la mente. Nos está bloqueando”, expresó Pérez.
“La atención de salud, el trabajo doméstico y el procesamiento agrícola son sectores que podrían enfrentar una dramática escasez de mano de obra si (las trabajadoras) son detenidas, deportadas o no se sienten cómodas con ir a trabajar”, advierte a CNN Karla Castillo, analista de políticas del NWLC.
Más de la mitad de los trabajadores que clasifican productos agrícolas son mujeres, según el reporte. También tienen una alta representación entre los cuidados de primera infancia (19,9%). “En particular vemos cómo impacta el rol de las mujeres en el cuidado de los hogares y la atención médica. En esas dos áreas, las familias dependen de ellas para poder ir a trabajar, para que ayuden a los discapacitados, menores y ancianos”, agrega Castillo.
Blanca Pérez, de la empresa de limpieza, señala a CNN que en ocasiones las labores son menospreciadas. “Hay algunos clientes que no valoran el trabajo que uno hace y quieren pagar algo que no vale la pena”, expresó. A eso se suman los vaivenes de la economía o factores externos, como los incendios en Malibu, que la dejaron sin algunos clientes. “Si nos fue mal, nos levantamos, seguimos y empezamos a buscar de otra forma, porque necesitamos llevar la comida a los hijos o a la familia que dejamos en otro país y que dependen de nosotros”.
Por su parte, Yesenia Acosta, que tiene 44 años, trabajó más de dos décadas en el campo y ahora cuenta con estatus migratorio legal, afirma que las inmigrantes ocupan puestos “que otros no pueden o no quieren” hacer, y recordó las temporadas en las que se dedicó a sacar plantas de raíz, o vareando almendras durante largas jornadas. “Sabes que la cintura se te va a lastimar, es muy pesado. (…) No le tenemos miedo a los trabajos, sea lo que nos pongan, a la pala, a sacar pasas, lo hacemos”, aseguró.
El propio Trump reconoció los efectos perjudiciales de la ofensiva migratoria para negocios hoteleros y agrícolas. “Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los CRIMINALES DE EE.UU. ¡Se avecinan cambios!”, dijo el mandatario a mediados de junio en Truth Social. El 29 de junio, Trump planteó un “pase temporal” para los trabajadores inmigrantes en ciertos sectores económicos.
Para Castillo, la industria de servicios y cuidados “son delicadas” y cualquier cambio en la oferta laboral podría disrumpir la cadena de trabajo. “Las medidas (del Gobierno) no solo perjudican a los inmigrantes, también amenazan la estabilidad económica”, subrayó.
Las mujeres inmigrantes ganan un promedio anual de US$ 35.000, según un informe de 2024 del Consejo Estadounidense de Inmigración. El reporte destaca que la cifra es mucho menor que la de los hombres nacidos en EE.UU. (US$ 50.000), hombres inmigrantes (US$ 48.000) y mujeres nacidas en EE.UU. (US$ 40.000), y explica que entre las causas está el nivel educativo, el manejo de inglés, la etnia y el estatus migratorio. “Las mujeres inmigrantes enriquecen todos los aspectos de nuestras comunidades. Las diferencias salariales son solo una muestra de lo que aún queda por hacer para lograr un acceso equitativo a las oportunidades de crecimiento y prosperidad económica para las mujeres de todos los orígenes”, apunta el Consejo.
Acosta recuerda las penurias sufridas cuando sus empleadores no le pagaban lo acordado por las cosechas en el campo, una situación que vivía a la par de otras formas de abuso. “Yo no sabía que había varios tipos de violencia: económica, psicológica, verbal. Cuando te estás dando cuenta, dices ‘wow, pues todos esos tengo’. El abuso había sido desde la niñez y tú creíste que siempre lo merecías”, contó.
Otra de las situaciones que más le irritaba era ser obligada a ceder espacios conseguidos cuando llegaba un empleado hombre, como el puesto de operadora, que había alcanzado tras pedir la oportunidad a su supervisor. “Podemos hacer los mismos trabajos que los hombres, debemos tener el mismo salario”, aseguró la inmigrante mexicana, y también señaló las labores domésticas que las mujeres suelen tener a cargo en sus hogares.
Cuando comenzó el segundo mandato de Trump, el Gobierno dispuso que las autoridades federales de inmigración puedan realizar arrestos en los llamados “lugares sensibles”, como iglesias y escuelas, lo que marcó un cambio respecto a la política de larga data y que afecta puntos comunitarios que muchas veces sirven de refugio a mujeres en situación vulnerable.
Mujeres y niñas enfrentan “riesgos desproporcionados” de violencia de género por desigualdades sistémicas y discriminación que persiste en el proceso migratorio, sostiene un análisis de la Universidad de Georgetown sobre las consecuencias de la campaña de deportaciones masivas. La violencia de género “se intensifica cuando se desmantelan las salvaguardias comunitarias” y las redadas en espacios antes protegidos “han erosionado las estructuras de protección dentro de las comunidades migrantes”, agrega el reporte.
Muchas mujeres que carecen de estatus migratorio legal, además, dependen de sus parejas en el plano legal y/o económico, lo que agrava casos de mujeres que ya eran sobrevivientes de abusos en sus países de origen.
“Yo creía que no valía nada como mujer, que todos podían hacer lo que querían”, dijo Acosta, quien afirma que en su país natal el machismo impera. “En México la mujer no tiene voz ni voto. Venía con esa mentalidad, me costó bastante. Yo no entendía en ese tiempo qué era un acoso”, agregó.
Sobre las mujeres indocumentadas que buscan la forma de seguir trabajando, Acosta comentó: “Tienen miedo, pero vinieron aquí igual que yo, con un sueño, y soñar no es un delito. Quieren un techo digno y comida para sus hijos, nada más”.
Sobre cómo enfrentar el contexto actual, la guatemalteca Blanca Pérez dijo: “Hay que seguir en la lucha y ayudar a nuestros compatriotas en lo que más se pueda. No se vale que nos agarren a todos por delincuentes o por lo que sea. Todos tenemos derecho a sobrevivir y no le estamos haciendo daño a este país”.
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