Líderes republicanos en el Senado realizaron varios cambios de última hora en disposiciones controversiales de su megaproyecto de ley, con la esperanza de obtener más votos, según un borrador obtenido por CNN.
La última versión del paquete de la agenda del presidente Donald Trump duplica el tamaño del fondo para hospitales rurales solicitado por senadores centristas, como Susan Collins (de Maine). El fondo será de US$ 50.000 millones, que se distribuirían entre 2026 y 2030, dos años antes de lo previsto inicialmente.
El texto original del Senado habría creado un fondo de US$ 25.000 millones para proveedores de salud rurales, que senadores como Collins y Josh Hawley (de Missouri) consideraron insuficiente. Un importante grupo de la industria hospitalaria también advirtió que los recortes a Medicaid en el proyecto de ley, incluido el impuesto a los proveedores, afectarían el acceso a la atención médica de todos los estadounidenses.
En otro cambio notable en las disposiciones de Medicaid, los republicanos abandonaron una medida que buscaba penalizar a los estados que han ampliado Medicaid y ofrecen cobertura financiada por el estado a inmigrantes indocumentados. Unos 14 estados, además del Distrito de Columbia, cubren al menos a algunos residentes indocumentados mediante estas iniciativas. El proyecto de ley original habría reducido del 90 % al 80 % los fondos federales de contrapartida que reciben los estados que han ampliado la cobertura.
La última versión también elimina la prohibición de la atención médica para la transición y afirmación de género en Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes no incluye un fondo para hospitales rurales, pero sí contiene las dos disposiciones de Medicaid sobre inmigrantes indocumentados y la atención médica de afirmación de género.
El Senado también modificó la controvertida medida del impuesto a los proveedores, y aclaró que se aplica a los impuestos recaudados tanto por los estados como por los gobiernos locales. Sin embargo, el proyecto de ley limitaría el nivel de impuestos que los estados de expansión o los gobiernos locales de esos estados podrían imponer a ciertos proveedores, en particular los hospitales, al 3,5 %, frente al 6 % actual. Además, establece una moratoria sobre nuevos impuestos a los proveedores para todos los estados y gobiernos locales.
Todos los estados, excepto Alaska y algunos gobiernos locales, actualmente aplican al menos un impuesto a los proveedores y utilizan los ingresos para aumentar las tarifas de los proveedores, financiar la expansión de Medicaid y financiar iniciativas relacionadas con la salud, entre otras cosas. Sin embargo, algunos republicanos afirman que el impuesto a los proveedores es una estrategia de los estados para obtener más fondos federales de contrapartida.
La nueva versión del paquete también retrasa el requisito de que los estados con altas tasas de error en los pagos comiencen a contribuir al costo de los beneficios de cupones de alimentos. La medida original hubiera obligado a los estados con tasas de error del 6 % o más a cubrir entre el 5 % y el 15 % de la cuenta. Sin embargo, los estados con las mayores tasas de error tendrían uno o dos años más para implementar la disposición. Actualmente, 10 estados, incluido Alaska, tienen tasas de error que podrían acogerse a la prórroga.
Esta disposición beneficia a la senadora republicana de Alaska Lisa Murkowski, quien también logró un cambio en la ampliación del requisito de trabajo para los cupones de alimentos. Alaska, al igual que Hawai, obtuvo una exención que permite a estos estados eximir de todos los requisitos de trabajo debido a altas tasas de desempleo. Para otros estados, el paquete limita dichas exenciones.
Sin embargo, la enmienda elimina dos disposiciones de Medicaid dirigidas a Alaska que, según los legisladores, no cumplían con las reglas de conciliación, las cuales los republicanos están utilizando para aprobar el paquete en el Senado sin ningún apoyo demócrata.
Además, en la última versión del proyecto de ley, los republicanos eliminaron un impuesto especial de última hora sobre los proyectos eólicos y solares que, según expertos en energía y grupos empresariales, hubiera sido un posible obstáculo para la industria de las energías renovables.
El impuesto habría aumentado el precio de los nuevos proyectos eólicos y solares, y reducido significativamente la cantidad de energía limpia que se incorpora a la red eléctrica estadounidense.
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