El presidente Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema que facilite a su administración la deportación de personas a Sudán del Sur y otros países que no son su país de origen, la más reciente de una serie de políticas migratorias controversiales que su Gobierno ha presentado ante la Corte de mayoría conservadora.
El tema involucra una política adoptada por el Gobierno poco después de regresar al poder, que permite al Departamento de Seguridad Nacional deportar a inmigrantes a naciones distintas de su país de origen o de aquel donde tienen estatus legal, sin notificarles previamente ni darles la oportunidad de alegar que corren riesgo de persecución, tortura o muerte en ese otro país.
La apelación llegó a la Corte Suprema días después de que la política atrajera atención significativa cuando la administración intentó transferir a detenidos a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra, sin brindarles una oportunidad real de impugnar su traslado a un lugar donde podrían enfrentar tortura.
“Estados Unidos enfrenta una crisis de inmigración ilegal, en gran parte porque muchos extranjeros que más merecen ser expulsados suelen ser los más difíciles de remover”, dijo el Departamento de Justicia a la Corte Suprema.
Después de que un grupo de migrantes en proceso de deportación demandara, el juez federal Brian Murphy, un designado por Biden, bloqueó en marzo a la administración para que no deportara a migrantes a países distintos al suyo sin ofrecerles una notificación por escrito y la oportunidad de demostrar que tienen un temor creíble de persecución o tortura en ese otro país.
Murphy afirmó posteriormente que el Gobierno de Trump “indudablemente” violó su orden judicial cuando intentó transferir a los detenidos a Sudán del Sur.
“Fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado a Sudán del Sur”, dijo Murphy, citando el plazo reducido y el hecho de que gran parte de lo ocurrido sucedió fuera del horario laboral, cuando los detenidos no podían contactar a abogados ni a sus familias.
Murphy aclaró una orden judicial preliminar que había emitido previamente, imponiendo requisitos adicionales. En una orden de dos páginas del 21 de mayo, el juez indicó que los funcionarios deben dar a los migrantes que la administración intentó transferir a Sudán del Sur “al menos 72 horas de aviso previo” sobre la hora programada de una entrevista en la que puedan alegar temor de ser enviados a un tercer país. Los migrantes que no sean considerados con “temor razonable” tendrían entonces 15 días para intentar reabrir sus casos migratorios y así poder impugnar su expulsión a un tercer país, de acuerdo con la orden del juez.
El Gobierno de Trump argumentó que la gestión de Murphy sobre estos migrantes subraya por qué necesita un alivio de emergencia de la Corte Suprema.
“La semana pasada, el tribunal de distrito ordenó al Gobierno detener la expulsión en curso a un tercer país de los mencionados extranjeros criminales a Sudán del Sur”, dijo la administración a la Corte Suprema. “Como resultado, Estados Unidos se ha visto obligado a la intolerable elección de retener a estos extranjeros para procedimientos adicionales en una instalación militar en el extranjero, donde cada día de su confinamiento continuo pone en grave riesgo la política exterior estadounidense, o traer de regreso a estos criminales condenados a Estados Unidos”.
La administración de Trump ha sostenido que esos requisitos no están incluidos en la ley y que ya existen procedimientos para garantizar que los migrantes no sean perseguidos en un tercer país. En el primer paso, esos procedimientos implican buscar garantías diplomáticas del país receptor de que las personas expulsadas de Estados Unidos no serán torturadas.
A principios de este mes, la Corte de Apelaciones del 1er Circuito de EE.UU., con sede en Boston, rechazó la solicitud del Gobierno de pausar la decisión de Murphy, en medio de una creciente alarma por los planes reportados de enviar migrantes a Libia, un país ampliamente criticado por el maltrato a los detenidos y la inestabilidad civil.
El tribunal de apelaciones planteó varias “preocupaciones” sobre permitir que el Gobierno de Trump reanude la política, entre ellas “el daño irreparable que resultaría de expulsiones erróneas en este contexto”.
En mayo, Murphy afirmó que los planes reportados para deportar personas a Libia o Arabia Saudita violarían claramente su orden. Grupos de defensa de inmigrantes presentaron una moción de emergencia después de que un funcionario de Trump dijera a CNN que un grupo de inmigrantes indocumentados sería trasladado a Libia en un avión militar estadounidense.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia dijo a CNN que “niega categóricamente cualquier acuerdo o coordinación con las autoridades estadounidenses respecto a la deportación de migrantes a Libia”.
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