El Gobierno del presidente Donald Trump instó este viernes a la Corte Suprema a permitir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk acceda a los datos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) sobre cientos de millones de estadounidenses.
La última apelación de emergencia que llegó a la corte involucrando a la administración de Trump siguió a una decisión dividida del Cuarto Tribunal de Apelaciones de EE.UU. el miércoles que continuó bloqueando a DOGE de acceder a la información.
El juez de circuito de EE.UU. Robert King escribió que los datos que DOGE buscaba excedían lo que “solo los más experimentados y confiables” de la propia administración tienen permitido revisar. El acceso a los datos, escribió el funcionario designado por Clinton, “contravenía la política y las prácticas de la SSA sobre limitaciones de acceso y separación de funciones”.
Nueve jueces votaron para mantener la orden del tribunal inferior y seis disintieron.
La demanda, presentada por sindicatos de empleados federales y una asociación de jubilados, es una de varias que desafían el acceso de DOGE a sistemas de datos celosamente guardados en varias agencias federales. DOGE ha argumentado que necesita los datos para implementar “esfuerzos de reforma” destinados a combatir el fraude.
“El tribunal de distrito está forzando al poder ejecutivo a detener a los empleados encargados de modernizar los sistemas de información gubernamentales para que no accedan a los datos en esos sistemas porque, según el juicio del tribunal, esos empleados no ‘necesitan’ tal acceso”, dijo la administración a la Corte Suprema en su presentación.
“El mandato relacionado con la SSA no solo detiene los esfuerzos críticamente importantes del poder ejecutivo para mejorar su infraestructura de tecnología de la información y eliminar el desperdicio”, continuó la administración. “El control del tribunal de distrito sobre las decisiones relativas al acceso interno a la información también constituye una supervisión inapropiada de una rama coigual”.
La jueza de distrito de EE.UU. Ellen Hollander en marzo describió los esfuerzos de DOGE como una “expedición de pesca” que estaba “en busca de una epidemia de fraude, basada en poco más que sospechas”.
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