La presentación del primer caso de terrorismo en Estados Unidos contra un presunto miembro del Tren de Aragua suscita interrogantes sobre cómo esta acusación podría impactar la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump. La designación del grupo como organización terrorista extranjera abre la puerta a nuevas herramientas legales que podrían acelerar deportaciones y reducir garantías procesales, advierten expertos consultados por CNN.
El caso, anunciado a finales de abril por el Departamento de Justicia, es parte de un amplio esfuerzo por apuntar al grupo criminal y subraya hasta qué punto está expandiendo una definición de terrorismo que en las últimas décadas estuvo más ligada a organizaciones como Al Qaeda o ISIS.
El Departamento de Justicia alega que José Enrique Martínez Flores, de 24 años, es un líder de alto rango del Tren de Aragua en Bogotá, Colombia, y forma parte del círculo íntimo de la cúpula de la pandilla, según un comunicado de prensa emitido el miércoles. También presuntamente “causó la entrega” de cocaína para su distribución internacional con el fin de promover los objetivos delictivos de la pandilla, según el departamento.
Martínez Flores, venezolano y quien se encuentra detenido en Colombia, fue arrestado por las autoridades colombianas el 31 de marzo después de que Estados Unidos emitiera una orden de arresto provisional. El 8 de abril, un gran jurado federal de Houston presentó una acusación formal sustitutiva. Aún no está claro cuándo será extraditado a Estados Unidos.
“Si extraditan a un presunto líder, lo enjuician y lo sentencian bajo cargos de terrorismo, eso abre las puertas para poder hacer analogía con algún otro presunto miembro y sacarlo del país”, explica a CNN Haim Vasquez, abogado especializado en migración y exfiscal auxiliar del condado de Dallas, Texas.
Para Vasquez, la administración de Trump “está siguiendo el mensaje presentado” sobre el grupo criminal, con lo que “estarían afianzando las deportaciones de personas en Estados Unidos que son parte del Tren de Aragua”, una organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y que se ha extendido tanto hacia el norte como hacia al sur en los últimos años. Opera también en Estados Unidos, han dicho el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
La secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, dijo en un comunicado que el Tren de Aragua “no es una pandilla callejera, es una organización terrorista altamente estructurada”. Destacó además que los cargos presentados el miércoles son “un punto de inflexión en cómo este Departamento de Justicia procesará y, en última instancia, desmantelará esta malvada organización, que ha destruido familias estadounidenses y envenenado nuestras comunidades”.
El abogado de inmigración Jaime Barrón señaló que el cargo de terrorismo no necesariamente reduce las garantías legales, pero advirtió que puede limitar el debido proceso, como impedir el acceso a un abogado o facilitar una deportación sin tener una audiencia con un juez de inmigración, esquivando algunos derechos constitucionales. “Esperemos que haya un balance entre buscar a terroristas y no a un inmigrante indocumentado. Tenemos que asegurar que busquen realmente a personas que caen en la denominación de terrorismo, y no recaiga en personas con una multa de tránsito”, apuntó a CNN.
Para Barrón, se trata también de un factor disuasivo utilizado por el Gobierno de Trump para los inmigrantes indocumentados y para aquellos extranjeros que están pensando entrar al país sin permiso.
El Departamento de Justicia afirmó que la causa se enmarca en la operación Take Back America, que fue lanzada en marzo y que busca “repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones delictivas transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos”.
El estatuto de apoyo material ha sido utilizado durante años por el Departamento de Justicia para construir procesos contra personas sospechosas de facilitar las operaciones de un grupo extremista, pero que no siempre son los autores materiales. La adición del Tren de Aragua a la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras, firmada en febrero, permite al Departamento de Justicia utilizar el estatuto contra individuos sospechosos de apoyar a esa organización.
En marzo, el Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al presidente una enorme autoridad para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados, con el fin de acelerar las deportaciones de migrantes, y que la Justicia bloqueó temporalmente.
La presentación del cargo por terrorismo fue anunciada dos días después de que el Departamento de Justicia presentara por primera vez cargos por crimen organizado bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Mafiosos, conocida como RICO por sus siglas en inglés, contra presuntos miembros del Tren de Aragua.
Barrón dijo que no cree que la acusación por terrorismo sea un caso aislado, sino que “bajo esta presidencia, sospecho que va a ser un nuevo estándar” el uso de estos cargos a casos que se solapan con el tema migratorio.
“Se están juntando muchas leyes que le permiten al Gobierno ser mucho más agresivo contra los miembros de pandillas y el crimen organizado. Lo que pedimos es que esté enfocado en la criminalidad y no solo sea un arma contra la inmigración indocumentada”, remarcó.
Entre los inmigrantes, especialmente los venezolanos, ya hay temor a ser confundidos por pandilleros sin evidencias contundentes. Abogados defensores denunciaron que tatuajes ordinarios han sido utilizados para acusar a inmigrantes de pertenecer al Tren de Aragua.
“Ya estamos viendo la identificación de supuesta pertenencia al Tren de Aragua como un fundamento en el intento de deportar personas. Existe un riesgo en la acusación, tiene que estar acompañada de evidencias”, recalcó Vasquez. “Si no, sería perjudicial”, insistió.
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