La Corte Suprema se acerca a las últimas semanas de un intenso periodo que comenzó con apelaciones importantes sobre los derechos de las personas transgénero y TikTok, pero que ahora está cada vez más centrado en las políticas y controversias relacionadas con el presidente Donald Trump.
Con más de la mitad de los casos argumentados desde que comenzó el periodo en octubre aún pendientes, los jueces trabajan ahora para emitir una serie de fallos antes de que finalice junio los cuales podrían tener profundas implicaciones para el Gobierno federal, grupos religiosos y millones de estadounidenses.
El impulso final del tribunal conservador 6-3 se ha visto complicado y ensombrecido este año por más de una docena de apelaciones de emergencia vinculadas al segundo mandato de Trump, incluyendo casos relacionados con despidos masivos, inmigración y los esfuerzos del presidente para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Estos casos continuarán incluso después de que el tribunal entre en receso veraniego.
A continuación, algunos de los recursos pendientes más importantes:
La primera apelación argumentada, relacionada con el segundo mandato de Trump, se ha convertido rápidamente en uno de los casos más importantes que los jueces podrían resolver en las próximas semanas. El Departamento de Justicia alega que tres tribunales inferiores se extralimitaron considerablemente en su autoridad al imponer medidas cautelares a nivel nacional que impidieron al presidente hacer cumplir su orden que limitaba la ciudadanía por nacimiento.
Lo que digan los jueces sobre la facultad de los tribunales para detener un decreto presidencial a nivel nacional podría tener consecuencias más allá de la ciudadanía por nacimiento. Trump se ha quejado vehementemente durante meses de que los tribunales han paralizado docenas de sus políticas mediante órdenes judiciales a nivel nacional.
Si bien la pregunta es importante en sí misma (podría cambiar el equilibrio de poder entre los poderes Judicial y Ejecutivo), el caso fue potenciado por la política en cuestión: si un presidente puede firmar un decreto que anule más de un siglo de entendimiento, el texto simple de la 14a Enmienda y múltiples precedentes de la Corte Suprema que apuntan a la idea de que las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses.
Durante los argumentos del 15 de mayo, los jueces conservadores y liberales parecían temerosos de dejar que la política entrara en vigor.
Tennessee se encuentra entre un número creciente de estados que han promulgado leyes que limitan o prohíben la atención médica de afirmación de género para menores. Los legisladores republicanos que apoyan estas prohibiciones afirman que las decisiones sobre la atención deben tomarse después de que la persona alcance la mayoría de edad y que los estados tienen amplias facultades para regular el tratamiento médico dentro de sus límites.
Durante los argumentos orales en diciembre, la mayoría del tribunal parecía inclinada a estar de acuerdo.
Antes de que Trump asumiera el cargo, el caso transgénero de Tennessee, EE.UU. contra Skrmetti, era la apelación pendiente más destacada ante la corte. La prohibición de Tennessee sobre la atención médica para la reafirmación de género restringe los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transgénero y establece sanciones civiles para los médicos que infrinjan la ley. Las cirugías no son un tema de debate en el caso de la Corte Suprema.
El litigio se decidirá en un momento en que tanto el Gobierno de Trump como los legisladores republicanos de todo el país están intentando deshacer los avances políticos y legales que los estadounidenses transgénero han obtenido en los últimos años.
El tribunal superior también debe decidir si un distrito escolar en un suburbio de Washington sobrepasó los derechos religiosos de los padres al negarse a permitirles optar por no permitir que sus hijos de la escuela primaria lean libros LGBTQ+ en el aula .
Como parte de su currículo de inglés, las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery aprobaron en 2022 varios libros que se discuten en el caso. Uno de ellos, “Príncipe y Caballero”, cuenta la historia de un príncipe que no quiere casarse con ninguna de las princesas de su reino. Tras unirse a un caballero para derrotar a un dragón, ambos se enamoran, “llenando de alegría al rey y a la reina”, según el resumen de la escuela. Los padres afirmaron que la lectura de los libros violaba sus creencias religiosas .
El caso llegó a la Corte Suprema en un momento en el que los padres y los distritos escolares públicos han estado involucrados en una tensa lucha sobre cuánta influencia deben tener las familias sobre la instrucción en las escuelas públicas.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema señaló durante los argumentos a fines de abril que apoyaría a los padres en el caso, continuando así el esfuerzo que durante años ha llevado la corte a ampliar los derechos religiosos.
El tribunal está gestionando varios casos importantes que desafían el poder de las agencias federales. Uno de ellos trata sobre la creación de un grupo de trabajo que recomienda qué servicios de salud preventiva deben estar cubiertos gratuitamente bajo el Obamacare.
Aunque el caso aborda cuestiones técnicas sobre quién debería designar a los miembros de una junta que hace esas recomendaciones, la decisión podría afectar la capacidad de los estadounidenses de acceder a servicios gratuitos bajo la Ley de Atención Médica Asequible, como exámenes de detección de cáncer, estatinas que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y medicamentos PrEP que ayudan a prevenir infecciones por VIH.
Durante los argumentos a finales de abril, el tribunal señaló que podría apoyar al grupo de trabajo.
El tribunal también se mostró escéptico ante una impugnación conservadora al Fondo de Servicio Universal, creado por el Congreso en 1996 para financiar programas que expanden la banda ancha y el servicio telefónico en comunidades rurales y de bajos ingresos. Las compañías telefónicas aportan miles de millones a dicho fondo, un costo que se traslada a los consumidores. Un grupo conservador impugnó el fondo por considerarlo una “delegación” inconstitucional de la facultad del Congreso para recaudar impuestos.
Si el tribunal confirma la estructura de financiamiento de los programas, eso representaría un cambio respecto de su tendencia de los últimos años de limitar el poder de las agencias para actuar sin la aprobación explícita del Congreso.
En años anteriores, la Corte Suprema tendía a generar poca polémica después de que los jueces emitieran sus dictámenes finales del periodo y se retiraran de su magistrado de caoba en los últimos días de junio. Esos días podrían haber terminado.
Desde que Trump comenzó su segundo mandato en enero, el tribunal se ha enfrentado a más de una docena de apelaciones de emergencia relacionadas con políticas de la Casa Blanca y agencias federales.
Aunque ha criticado duramente al poder judicial federal en los últimos meses, Trump ha ganado más casos de emergencia en la Corte Suprema en las últimas semanas que los que ha perdido. El alto tribunal le ha permitido prohibir por ahora el servicio militar a las personas transgénero estadounidenses, eliminar las protecciones temporales contra la deportación para cientos de miles de venezolanos y destituir a miembros de las juntas directivas de agencias independientes que el Congreso intentó proteger del control de la Casa Blanca.
Por otra parte, el tribunal ha impedido que la administración deporte rápidamente a inmigrantes conforme a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sin previo aviso.
Considerando la cantidad de demandas pendientes en tribunales federales inferiores, es poco probable que el ritmo de casos de emergencia disminuya simplemente porque los jueces estén ansiosos por dejar Washington para las vacaciones de verano.
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