Después de sus dos despliegues en Iraq y a pesar de tener problemas legales, Marlon Parris se enteró de que el Gobierno de Estados Unidos no estaba llevando a cabo un proceso de deportación en su contra.
La carta había sido una garantía reconfortante unos seis meses antes de la elección de 2016 de Donald Trump como presidente, que el Departamento de Seguridad Nacional y su oficina de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tenían intención de enviar al veterano del Ejército de EE.UU. de regreso a su Trinidad y Tobago natal, incluso después de que se declaró culpable y pasó tiempo en prisión por conspiración para distribuir cocaína como parte de un sofisticado grupo de tráfico de drogas.
Desde que Parris llegó a EE.UU. de niño en 1997, había sido residente permanente legal. Como soldado, buscó la ciudadanía completa, un beneficio que los reclutadores militares suelen destacar para atraer a extranjeros. Pero sus despliegues militares, dijo su esposa a CNN, le impidieron completar el proceso, otro obstáculo común que enfrentan los soldados no ciudadanos.
Durante sus años en el Ejército, Parris estuvo entre los primeros equipos enviados al extranjero en la Operación Libertad Iraquí, y luego regresó a Iraq dos años después, según su esposa y los registros militares. Recibió condecoraciones, incluida una medalla de servicio por la guerra global contra el terrorismo y otra por buena conducta.
Parris, quien ha sufrido de trastorno de estrés postraumático, pensó que la carta de los funcionarios de inmigración en 2016 ―y su renovación de tarjeta de residente legal el año siguiente― significaba que “se le había dado plena autorización para vivir su vida normalmente”, dijo su esposa, Tanisha Hartwell-Parris, ciudadana estadounidense.
Pero dos días después de que Trump retomó la Casa Blanca este año con promesas de endurecer las fronteras de EE.UU. y expulsar a criminales violentos, Parris se encontró en una parada de tránsito en su vecindario de Arizona, rodeado por camionetas sin identifaciones a los costados.
Eran los federales.
Parris, ahora de 45 años, llamó a su esposa.
“ICE está a punto de detenerme”, le dijo, recordó ella en febrero a Victor Blackwell, de CNN.
Ahora, más de dos meses después, la pareja todavía espera entender por qué una agencia que había declarado explícitamente que no estaba llevando a cabo procesos de deportación contra Parris lo tiene aún bajo custodia y está tratando de removerlo del país al que sirvió en el campo de batalla, una circunstancia que, según informes, muchos veteranos han enfrentado en los últimos años.
Los documentos que ICE ha proporcionado en apoyo a la deportación de Parris provienen del caso federal de drogas de 2011, dijo su esposa a CNN: Parris fue acusado junto con al menos 13 personas más de ser parte de un plan de tráfico que transportaba cocaína de costa a costa en jets privados y regresaba con enormes sumas de dinero en efectivo, según registros judiciales.
Después de cumplir su pena en el caso, Parris se enteró de la carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) e ICE sobre la falta de intéres de ambos, dirigida al centro de detención que lo retiene, diciendo que el gobierno estaba levantando su detención y no estaba en proceso de deportación. “Después de una revisión adicional, DHS ha determinado que él/ella no es susceptible de procesos de deportación o exclusión”, decía la carta.
Ahora, su esposa dijo a CNN, parece que Parris ha sido arrastrado por la nueva arremetida inmigratoria del gobierno republicano, que también se ha enfocado en académicos de universidades de élite, presuntos miembros de pandillas y padres comunes y corrientes de ciudadanos estadounidenses.
“Aún no sabemos cómo se vio atrapado en esto” después de varios años pensando que estaba libre de riesgos, dijo Hartwell-Parris. “Todavía no hay nada que estén presentando que tenga sentido”, agregó.
DHS no respondió a los pedidos de comentarios de CNN sobre la detención de Parris. La división de ICE del Departamento dijo a CNN en febrero que no podía compartir información sobre el caso, diciendo que no había un documento de exención de privacidad firmado en sus archivos.
“Mi objetivo es arrestar a la mayor cantidad posible de amenazas a la seguridad pública y nacional y pasar a otras prioridades”, dijo el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, en enero. “Estamos priorizando a los extranjeros criminales”, añadió.
Pero Parris y los veteranos militares, dijo Hartwell-Parris, “no son las personas de las que escuchas en la televisión. No son asesinos y violadores, todo eso que se dice sobre los inmigrantes”.
“No es un secreto que los veteranos tienen problemas con la ley”, dijo a CNN el veterano de la Marina, Alex Murillo, quien también ha enfrentado deportación. “La diferencia con nosotros es que después de cumplir nuestra parte, después de pagar nuestra deuda a la sociedad, luego somos exiliados. Nunca volvemos a ver a nuestra familia”, agregó.
El servicio militar es una forma en que los inmigrantes pueden convertirse en ciudadanos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Los miembros del servicio elegibles pueden solicitarlo a través del formulario estándar, con algunos requisitos exentos, y muchas instalaciones militares ofrecen un intermediario para ayudar con el proceso, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.
Los solicitantes aún deben cumplir con los requisitos, como tener un buen carácter moral y ser residentes permanentes legales en el momento de su entrevista de naturalización.
Pero hay una diferencia entre ser elegible para el beneficio y realmente recibirlo, dijo Danitza James, quien preside una subcomisión sobre veteranos deportados de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, el grupo de derechos civiles hispano más antiguo del país.
Los reclutadores militares les dicen a las personas que pueden solicitar la naturalización y obtener su ciudadanía al servir. Pero, dijo James, “eso es todo”.
“No hay nada que esté firmado. No está en nuestras órdenes militares; no está en nuestro contrato. No hay nada que obligue a las fuerzas militares a cumplir con esa promesa, y ahí es donde comienzan los desafíos”, dijo.
James pasó ella misma por el proceso: tenía 16 años cuando llegó a Estados Unidos desde México y, como titular de una tarjeta de residente legal, cumplió dos despliegues de combate en Iraq, dijo. Intentó obtener su ciudadanía a través de su servicio militar, pero seguía faltando a citas de inmigración y ceremonias de naturalización debido a nuevos despliegues.
“La misión siempre tiene prioridad”, dijo James.
Eso es muy similar a lo que le pasó a Parris, dijo su esposa, y a otros, como Murillo. Cuando el mecánico de aviones estuvo en servicio activo en Israel a principios de 2000, su padre llamó desde Estados Unidos para decirle que tenía una entrevista de ciudadanía dentro de poco, dijo.
“Papá, estoy sirviendo en el extranjero (…) Estoy con mi escuadrón. Mi mando se encargará de eso”, recordó Murillo que respondió.
“Sí, y nunca lo hicieron”, le dijo a CNN. “Nunca lo hicieron”, reiteró.
Murillo más tarde fue a prisión por un cargo no violento relacionado con cannabis, dijo, y poco después de cumplir su condena, el gobierno demócrata de Barack Obama lo deportó a México a finales de 2011, donde no había estado desde que era un bebé. No hablaba español.
Numerosos veteranos han sido detenidos en centros de ICE o ha enfrentado procesos de deportación, halló un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) de 2019. Pero la cifra exacta no está clara, decía el informe, y ICE no lleva un seguimiento. Al menos 239 veteranos estadounidenses deportados viven en 34 países, según el Foro Nacional de Inmigración, que no tiene fines de lucro, que también cuenta de alrededor de 94.000 veteranos inmigrantes que no están naturalizados.
Y si bien ICE tiene políticas especiales para manejar los casos de veteranos, que requieren capas adicionales de documentación y aprobación de la gerencia, no se adhiere consistentemente a ellas, ni mantiene datos completos sobre los veteranos que están en procesos de expulsión o que han sido deportados, concluyó el informe.
ICE “no sabe exactamente cuántos veteranos han sido sometidos a procesos de deportación o removidos, ni si sus casos han sido tratados de acuerdo con las políticas de ICE”, indicó el informe.
La GAO también descubrió que algunos veteranos que fueron removidos pudieron no haber recibido el nivel de revisión y aprobación que las propias políticas de ICE consideran apropiado.
DHS en ese momento dijo que estaba de acuerdo con las recomendaciones de la GAO de implementar sus propias políticas y mantener datos sobre veteranos consistentemente, y que tomaría medidas para abordarlas, afirma el informe del GAO.
“El Departamento se complace en señalar el reconocimiento de la GAO de que el Servicio de Control Inmigración y Aduanas de EE.UU. reconoce que los veteranos no ciudadanos merecen consideración especial en caso de que se conviertan en objeto de aplicación de la ley de inmigración y deportación de Estados Unidos”, dice la respuesta de la agencia al informe. DHS “y ICE están enfocados en una aplicación inteligente y efectiva de las leyes de inmigración de EE.UU.”.
La agencia no respondió a CNN sobre esta historia, en relación a si ha abordado las recomendaciones del informe.
Para los veteranos que son deportados, tratar de regresar a EE.UU. a menudo no es el único desafío. Héctor Barajas fue dado de baja honorablemente del Ejército de Estados Unidos en 2001, pero tuvo dificultada para adaptarse a la vida civil, dijo, y poco después se declaró culpable de disparar ilegalmente un arma de fuego y pasó dos años en prisión.
Luego fue deportado y vivió los siguientes 14 años en México mientras hacía lo necesario para obtener la ciudadanía estadounidense. Durante gran parte del tiempo que pasó en Tijuana, Barajas también dirigió la Casa de Apoyo a los Veteranos Deportados, o “El Búnker”. La organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo que Barajas es el primer caso conocido de un veterano deportado en hacerse ciudadano estadounidense por naturalización.
Pero incluso después de que fue bienvenido de regreso a Estados Unidos en 2018, Barajas tuvo problemas para encontrar vivienda. Durante un tiempo, durmió en su auto en un estacionamiento, le dijo a CNN. Finalmente encontró un trabajo como guardia de seguridad, pero sus solicitudes de alquiler de viviendas fueron denegadas porque no tenía historial crediticio.
“Para algunos de nosotros, la pesadilla realmente no ha terminado, pero es agradable estar en casa”, dijo.
Murillo, un veterano de la Marina, pasó 11 años en México después de su deportación. Luego, en 2021, el presidente demócrata Joe Biden firmó un decreto que establece un programa que identifica a los militares que prestan y prestaron servicio y a sus familiares que fueron deportados para garantizar que reciban beneficios.
Desde entonces, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, defensores y abogados ha utilizado el programa para traer de regreso a Estados Unidos a unos 140 miembros del servicio bajo parole humanitario, un estatus migratorio especial.
Murillo fue repatriado en abril de 2022.
Pero desde la segunda toma de posesión de Trump, el progreso de algunas solicitudes presentadas bajo el amparo del decreto de Biden se ha desacelerado significativamente, y las aprobaciones no ocurren con tanta frecuencia, dijo James, quien terminó obteniendo la nacionalidad por matrimonio.
“Las deportaciones no se han detenido, y todavía hay veteranos que se ven envueltos en esto”, agregó Barajas. “Debido a la imposición por parte de Trump de medidas de inmigración, están realmente preocupados por lo que va a suceder con los veteranos”, añadió.
Para Murillo, fue impactante y doloroso escuchar la historia de Parris en las noticias. En las últimas semanas, ha ido a manifestaciones en apoyo del veterano del Ejército detenido, se ha reunido con su esposa y ha compartido con ella su propia experiencia de deportación con el fin de apoyarla.
“Lo que más quiero es que esté de vuelta con su familia (…) Entonces, tenemos que sacarlo. No está bien que él esté ahí de nuevo. Ya cumplió su condena”, dijo Murillo.
Dos veces por semana, Hartwell-Parris se despierta a las 4 a.m. y conduce 80 minutos hasta el Centro Correccional de Florence, en Arizona, donde su esposo sigue detenido. Esa es la frecuencia con la que ella puede verlo en persona, e incluso entonces, tienen que hablar por medio de un teléfono y están separados por un grueso panel de vidrio; no se les permite el contacto físico.
“Ha sido difícil, sin duda, tener que adaptarse a la vida sin él (…) Pero trato de agradecer a Dios por el poco tiempo que puedo verlo esas dos veces a la semana”, dijo.
Los seres queridos de otras familias detenidas han sido enviados desde Florence a instalaciones en otros estados, dijo Hartwell-Parris.
“Así que me siento bendecida de que él no sea uno de ellos… todavía”, dijo.
Parris tenía programada una audiencia en su caso de inmigración para el 24 de marzo, pero fue pospuesta al 25 de abril, dijo su esposa. Hasta entonces, permanecerá detenido, y su futuro en Estados Unidos es incierto.
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