Lucía (que no es identificada con su nombre real por pedido de la Justicia) tenía prevista su fecha de parto para los primeros días de enero. Ya había hecho los planes: cuando llegara el momento daría a luz en una clínica de Buenos Aires, a donde iría desde la provincia de Córdoba, donde vive. Sabía quién sería su obstetra y cuáles eran los pasos que tenía que seguir una vez que hubiera tenido a la bebé: la entregaría a la agencia de subrogación de vientre que la había contratado, y la agencia haría llegar al bebé a la donante del óvulo, una ciudadana francesa que contrató los servicios. Así lo confirma una fuente judicial con acceso al expediente.
El verano austral quedaba lejos todavía cuando Lucía sintió que algo en su embarazo no estaba bien. Un día de noviembre llegó de urgencia al mismo sanatorio de la ciudad de Villa Allende, Córdoba, donde se atendía y monitoreaba regularmente la salud del embarazo, y dio a luz de manera prematura.
La niña había nacido con problemas respiratorios y neurológicos, y cuando la agencia le hizo saber los detalles a la madre donante del óvulo, la mujer no quiso hacerse cargo de la bebé. El equipo que investiga el caso de Lucía confirma a CNN que la mujer donante del óvulo renunció a su maternidad por las secuelas que presentaba la niña tras las complicaciones en el embarazo y el nacimiento prematuro: “La beba nació con una discapacidad, y por eso la donante del óvulo dijo: ‘Prefiero no hacerme cargo’”.
Según confirma la Justicia, la respuesta llegó a través de un correo electrónico. Lucía nunca la vio en persona.
“Ella tiene al bebé y da aviso en la clínica que es una gestante, que no es la mamá por voluntad, que tenía un contrato y que la mamá era una mujer de Francia que había contratado su servicio de gestante”, explica a CNN el fiscal federal de Córdoba y primer fiscal a cargo de esta causa abierta, Enrique Senestrari.
El fiscal cuenta que cuando Lucía explicó su situación en el sanatorio en el que dio a luz, los profesionales de la salud dieron aviso inmediato a la Justicia por la complejidad del caso.
“A pesar de haber manifestado no ser la madre de la bebé, la mujer gestante estuvo yendo al sanatorio durante dos meses a ayudar con su recuperación porque un bebé tan pequeño necesita apego”, explica Senestrari, que asegura que la niña actualmente está con una familia de acogida hasta que se decrete su adoptabilidad.
Cuando tuvo conocimiento del caso, el fiscal pidió la requisa de la oficina de la abogada a cargo de la gestión de la subrogación. Según Senestrari, en el allanamiento encontraron, entre otros elementos, un recibo y US$ 10.000 que la abogada dijo a los investigadores que eran para pagarle a la mujer gestante.
En Argentina, está prohibido el pago por la gestación subrogada, actividad que no está regulada.
En el mundo, países como Australia, Canadá (en algunas provincias), Colombia, Georgia, Grecia, Israel, México, Nueva Zelandia, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido, Ucrania, algunos estados de Estados Unidos, Bélgica y Países Bajos tienen regulaciones que permiten distintos tipos de subrogación de vientre, según señala Families Thru Surrogacy. En algunos, incluso es legal la subrogación comercial.
La semana pasada la investigación cambió de jurisdicción, ya que la agencia involucrada en el caso también está siendo investigada por la Justicia federal en colaboración con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Según confirma la fuente cercana a la causa a CNN, este caso podría formar parte de una trama que incluye la investigación de, al menos, 147 expedientes.
“Son casos en donde las mujeres gestantes no conocen a los comitentes (contratantes), no saben quiénes son los comitentes, no conocen ni las raíces ni el país, vienen siete días a buscarlo y se van”, explica a CNN la misma fuente sobre la manera en la que operan estas organizaciones.
El fiscal Senestrari confirma a CNN que por el momento la donante del óvulo no enfrenta cargos ni se encuentra bajo investigación.
El Ministerio Público Fiscal ha obtenido más información de una investigación más amplia que involucra a distintas clínicas de gestación, como que el sistema de reclutamiento de las personas gestantes consistiría en contactar mujeres con necesidades económicas, ofrecerles U$S 10.000 por llevar adelante el embarazo y sumar a la oferta entre US$ 1.000, y US$ 2.000 en caso de que el parto fuera por cesárea.
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