A menos de una semana de iniciado el juicio en su contra, el expresidente de Perú Pedro Castillo anunció que iniciará una huelga de hambre en el penal de Barbadillo, donde se encuentra detenido desde diciembre de 2022.
“He decidido acatar a partir de la fecha una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo”, dijo en una carta difundida en su cuenta de X, firmada por él y por su abogado, Walter Ayala.
Castillo dice estar recluido “injustamente” por actos que “nunca” cometió.
El exmandatario también señaló que el tribunal que lo juzgará está integrado por “una jueza que ha adelantado opinión” en su contra, en referencia a Norma Carbajal Chávez.
Ayala, abogado de Castillo y exministro de Defensa, dijo a CNN que en febrero se rechazó una recusación presentada contra la jueza Carbajal Chávez. Por ello, la defensa de Castillo señaló que ha presentado un habeas corpus “para que se dejen sin efecto todo lo avanzado en el juicio oral hasta que se vuelva a confirmar un nuevo tribunal idóneo e imparcial”.
La jueza no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.
Una fuente cercana al proceso dijo a CNN que “los magistrados solo responden a temas jurisdiccionales y que la audiencia continuará mañana como está previsto”.
El martes de la semana pasada se inició el juicio contra el exmandatario, quien enfrenta una acusación por rebelión, entre otros cargos. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena de hasta 34 años de prisión.
Durante la primera audiencia en su contra, Castillo, quien gobernó entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022, se negó a acreditar a su abogado defensor y señaló que no podía someterse a un juicio donde “todo parece estar confinado”. El expresidente dijo estar “secuestrado en el penal de Barbadillo” y calificó el proceso de “pantomima”. Tras la declaración del exmandatario, la sala le asignó un defensor público.
“Jamás he cometido el delito de rebelión”, insistió Castillo, y señaló que su mensaje en cadena nacional el 7 de diciembre 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, fue solo “un discurso político”. Tras el mensaje, en el que Castillo ordenó cerrar el Parlamento, intervenir el sistema de Justicia y gobernar mediante decretos-ley, el entonces presidente fue detenido y puesto en prisión.
Tras su detención, el Congreso declaró la vacancia presidencial y nombró presidenta a la vicepresidenta Dina Boluarte, según la sucesión contemplada en la Constitución.
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