The Associated Press está demandando a tres funcionarios de la administración Trump en un tribunal federal por prohibir a sus reporteros asistir a algunos eventos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Oficina Oval y el Air Force One.
AP alega que la prohibición viola la Primera Enmienda, así como la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda.
La demanda fue presentada este viernes por la tarde en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington. AP está buscando una audiencia de emergencia y una orden judicial para declarar la prohibición inconstitucional y exigir que la rescindan. El juez asignado al caso es Trevor McFadden, designado por Trump.
A principios de este mes, AP, una de las agencias de noticias más grandes del mundo, fue señalada por la Casa Blanca por continuar usando la frase “golfo de México” a pesar de que Trump renombró el cuerpo de agua como gulf of America (“golfo de EE.UU.”).
“The Associated Press simplemente se niega a aceptar lo que es la ley y lo que ha sucedido, ahora se llama ‘golfo de EE.UU.’”, dijo Trump en una conferencia de prensa a principios de esta semana, un evento al que no se permitió asistir a AP.
Otros países no reconocen el nuevo nombre, y AP es una agencia de noticias global con clientes en todo el mundo, por lo que sus historias, y su influyente manual de estilo, todavía se refieren al “golfo de México” mientras también reconocen el decreto de Trump.
La presentación legal de AP resumió el asunto de esta manera: la Casa Blanca ha ordenado a sus periodistas “usar ciertas palabras en su cobertura o enfrentar una negación indefinida de acceso”.
“Los medios de comunicación y todas las personas en Estados Unidos tienen el derecho de elegir sus propias palabras y no ser objeto de represalias por parte del Gobierno”, escribieron los abogados de AP en la denuncia de la organización de noticias. “La Constitución no permite que el Gobierno controle el discurso. Permitir que tal control y represalia del Gobierno se mantenga es una amenaza para la libertad de todos los estadounidenses”.
La prohibición se implementó por primera vez el 11 de febrero. Los principales editores de AP la describieron de inmediato como una violación de la Primera Enmienda, pero intentaron resolver la disputa tras bambalinas antes de recurrir a acciones legales.
Este viernes, AP indicó que está demandando en parte para proteger a otros medios de comunicación de un castigo similar por parte de la Casa Blanca de Trump.
Sus abogados dijeron que la acción tenía como objetivo “reivindicar sus derechos a la independencia editorial garantizada por la Constitución de Estados Unidos y evitar que el poder ejecutivo coaccione a los periodistas para que informen las noticias utilizando solo el lenguaje aprobado por el Gobierno”.
La demanda nombra a tres acusados: la secretaria general de Trump, Susie Wiles, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el subjefe de gabinete Taylor Budowich.
En la reciente conferencia de prensa, Trump señaló que los reporteros y fotógrafos de AP seguirían siendo excluidos de la Oficina Oval y el Air Force One hasta que usen su nombre preferido.
Eso significa que AP no puede servir como un par clave de ojos y oídos para el resto de los medios de comunicación estadounidenses.
Durante décadas, AP ha sido una parte fundamental del llamado “pool de prensa” de la Casa Blanca que viaja con el presidente en todo momento y comparte información con el cuerpo de prensa más amplio.
La denuncia del viernes enfatizó el papel único que desempeña AP en la cobertura de noticias. “Cuando se le niega el acceso a AP, a los miles de medios de comunicación globales que republican los informes de noticias de AP, y a los miles de millones de personas que dependen de sus informes, también se les niega el acceso”, argumentaron los abogados.
La Casa Blanca ha argumentado que AP todavía tiene credenciales para cubrir la Casa Blanca como otros medios de comunicación.
De esa manera, la nueva demanda difiere de la acción legal de CNN en 2018, cuando la Casa Blanca revocó el pase de prensa del corresponsal Jim Acosta. La cadena presentó una demanda federal y un juez rápidamente se puso del lado de CNN en la disputa por motivos de debido proceso, lo que llevó a la Casa Blanca a retirarse de la pelea legal.
Este caso trata sobre el derecho a asistir a eventos de prensa de la Casa Blanca, como sesiones de preguntas y respuestas presidenciales en la Oficina Oval, cuando se abren a otros miembros del pool de prensa.
“No hay opiniones de la Corte Suprema de EE.UU. ni decisiones de tribunales inferiores que establezcan específicamente tal derecho, aunque algunas decisiones de tribunales de apelación involucran circunstancias relacionadas con el tema”, opinó el foro sin fines de lucro Freedom Forum.
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