El Consejo de Ministros de España aprobó este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, en sintonía con el acuerdo que realizaron el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque sin el apoyo de la patronal.
En ese sentido, la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, celebró la medida al tiempo que expresó: “Hoy es un día histórico”, y alegó que “esta medida sirve para modernizar” a España. “Merece la pena formar parte del gobierno de España”, dijo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sin embargo, el anteproyecto de ley deberá volver al Consejo de Ministros para lograr la tramitación parlamentaria antes de que quede vigente, por lo que se espera que pueda entrar en vigor antes del 31 de diciembre del 2025.
Aunque todavía resta camino para que el anteproyecto quede vigente, la búsqueda de dicha reducción consiste en pensar en la duración de la jornada laboral según los convenios colectivos de trabajo, pero fijando así como máximo 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.
Esta reducción, sin embargo, no podrá incidir en la compensación salarial, o perjudicar los derechos “más faborables o condiciones más beneficiosas” compensación, absorción o desaparición de “derechos más favorables o condiciones más beneficiosas”, según dice el propio texto de dicho acuerdo al que accedió EFE.
Así, los convenios colectivos de trabajo tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre del 2025 para adaptarse a cumplir con la jornada estipulada, con un máxima de 37,5 horas y medias semanales en cómputo anual.
Los contratos celebrados a tiempo parcial que, al reducirse la jornada a 37,5 horas semanales, tengan una duración del tiempo de trabajo igual o superior se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo.
El resto de trabajadores a tiempo parcial, así como aquellos con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo, pero con un incremento proporcional del salario.
“La reducción de la jornada afectará a 12 millones de personas”, dijo Díaz durante el ‘acto de firma’, aclarando que en los últimos 40 años, “no se ha tocado la jornada laboral, mientras que la productividad por hora trabajada aumentó más del 50%”.
Con respecto a las jornadas laborales a tiempo parcial, el ajuste implicaría que si estos contratos superan o igualan las 37,5 horas prefijadas, se convertirían en jornadas a tiempo completo.
Si una jornada a tiempo parcial no llega a alcanzar esas horas, así como aquellos con jornadas reducidas, conservarán su cantidad de horas laborales actual, pero verán un incremento proporcional en su salario.
Otra de las medidas que llevará a cabo esta nueva normativa una vez entre en rigor es la creación de un registro digital diario de la jornada laboral, asegurando su objetividad, fiabilidad, accesibilidad e interoperabilidad.
Así, los empleados tendrán que registrar el inicio y fin de cada jornada, así como también las interrupciones que influyan en el cálculo de las horas trabajadas
Este registro estará disponible en el centro de trabajo o en remoto y podrá ser consultado en cualquier momento por los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Cada compañía deberá guardar los registros por cuatro años, y en caso de que haya un error, el empleador deberá demostrarlo a través de pruebas concretas.
El Gobierno dispone de seis meses desde la aprobación de la ley para implementar los cambios relacionados con el registro horario mediante un desarrollo reglamentario específico.
Derecho a la desconexión digital
El acuerdo garantiza a todos los trabajadores el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales, así como el derecho a la desconexión digital y la protección frente a la videovigilancia y geolocalización.
Las empresas deben asegurar que los empleados no sean contactados ni se les solicite trabajo fuera de su horario laboral, tiempo durante el cual tienen derecho a no estar localizables, según el texto.
Este derecho a la desconexión es considerado “irrenunciable”. Su implementación, junto con las posibles excepciones justificadas, será definida en la negociación colectiva.
Sanciones por incumplimientos
El incumplimiento de las normas relacionadas con la jornada laboral será considerado una infracción grave.
En caso de ausencia de registro o manipulación de datos, cada trabajador afectado será considerado individualmente a efectos de la sanción. Además, los incumplimientos que impliquen riesgos graves para la seguridad y salud de los trabajadores también serán calificados como infracciones graves.
Evaluación a través de una mesa de diálogo social
El Gobierno creará una mesa de diálogo social con representantes de sindicatos y la patronal para analizar los resultados de la reducción de jornada. Este espacio permitirá evaluar avances hacia una mayor reducción, considerando las particularidades de cada sector, la productividad y las condiciones económicas.
Con la información de EFE
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