La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR), y varias organizaciones civiles de la isla lanzaron una coalición en contra de las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump, con el doble objetivo de orientar a los migrantes y exigir medidas de protección para esta comunidad.
“La comunidad migrante necesita orientación, servicios y protección. Como sociedad civil, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para garantizar que estas personas, que son parte integral de nuestra sociedad, tengan las herramientas necesarias para enfrentar el abuso y la discriminación”, dijo en comunicado de prensa Annette Martínez Orabona, abogada y directora ejecutiva de la ACLU-PR.
El 26 de enero, agentes federales, autoridades de inmigración y seguridad de Estados Unidos arrestaron a decenas de migrantes en varios operativos realizados en las zonas de San Juan, sin el apoyo del gobierno de la isla. Una de las áreas más impactadas fue el sector de Barrio Obrero, donde residen miles de personas de nacionalidad dominicana.
Los operativos formaron parte de la ofensiva contra la inmigración irregular que lanzó la administración Trump a nivel nacional, y que derivó en el arresto de casi 7.500 personas en dos semanas, según reportes oficiales, aunque algunos de los detenidos han sido liberados, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con las operaciones.
Las detenciones son parte de un esfuerzo por consolidar un aparato de control más grande que involucre a una serie de agencias federales a las que se les ha otorgado una mayor autoridad migratoria bajo la administración Trump.
La coalición de ACLU-PR dijo que dará apoyo legal y orientación a las comunidades migrantes, y que trabajará en la organización de estas comunidades para promover su empoderamiento y participación en la lucha por sus derechos.
Vivian Godinaux, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que integra este frente liderado por ACLU-PR, dijo que “las comisiones y delegaciones trabajan en diversas iniciativas legales y de orientación para garantizar que la comunidad migrante en Puerto Rico cuente con las herramientas necesarias para enfrentar estas injusticias mal revestidas de legalidad”.
ACLU-PR explicó que entre sus tareas estará proveer asesoría legal gratuita a personas migrantes en Puerto Rico, incluyendo la preparación de recursos legales y representación en casos de detención y deportación, además de la celebración de talleres para educar a las comunidades migrantes sobre sus derechos y herramientas para protegerse de posibles abusos.
The-CNN-Wire
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