La administración Trump ordenó a los proveedores de servicios legales que trabajan con niños migrantes no acompañados que suspendan su trabajo, según un memorando obtenido por CNN.
La medida es la última de una serie de acciones que despojan de recursos clave a los inmigrantes en Estados Unidos; esta vez, dirigida a niños y adolescentes que cruzaron la frontera sur sin sus padres.
El Departamento de Interior envió la orden, fechada este martes, al Centro Acacia para la Justicia, una organización sin ánimo de lucro que dice ayudar a casi 26.000 niños bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas) y liberados de ella.
La ORR, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se encarga del cuidado de los niños migrantes no acompañados.
“La decisión de la administración de suspender este programa socava el debido proceso, afecta de manera desproporcionada a los niños vulnerables y pone a los que ya han sufrido traumas graves en riesgo de sufrir más daños o explotación”, dijo Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia para la Justicia, en un comunicado.
El Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, que ofrece presentaciones sobre “Conozca sus derechos” a los niños bajo custodia del Gobierno, así como otros servicios jurídicos, también condenó la medida.
“Sin los servicios que el Proyecto Florence proporciona a través del Programa de Niños No Acompañados, los niños, independientemente de su edad, se verán obligados a representarse a sí mismos solos en los tribunales de inmigración. Se trata de un ataque sin precedentes contra los niños inmigrantes”, afirmó Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence, en un comunicado.
Es poco probable que la orden de suspensión del trabajo afecte a los niños que ya están representados, pero el corte abrupto de la financiación podría obligar a los grupos a reducir su tamaño o cerrar por completo.
Días después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia también ordenó a los proveedores de servicios legales que interrumpieran el trabajo destinado a ayudar a los inmigrantes, eliminando el acceso crítico para las personas detenidas que intentan navegar por el enmarañado sistema de inmigración de Estados Unidos. Esa orden fue posteriormente revocada sin explicación alguna.
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