(CNN Radio Argentina) – Alejandra Torres, diputada nacional de Encuentro Federal por Córdoba, habló este jueves con CNN Radio sobre la aprobación de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados y la reciente salida de Sonia Cavallo de la representación argentina en la OEA.
En Al Fin y Al Cabo con Hernán Harris, la diputada detalló: “Este proyecto es una iniciativa que lleva más de 10 años y que fue presentada por el PRO. Después de insistir y tener quórum en el recinto, logramos su aprobación en la Cámara de Diputados”.
Sobre el espíritu de la ley, sostuvo: “¿Cómo se nos puede ocurrir como sociedad votar a alguien que tiene una causa de corrupción o que es poco transparente? Parece que necesitamos una ley que diga que no se puede postular ni votar a gente que esté procesada o imputada por delitos de corrupción”.
Respecto a los dichos de Miguel Ángel Pichetto, comentó: “Miguel entiende que la sociedad no debería votar gente corrupta. Sostiene que la Constitución, en su artículo 66, brinda herramientas para activar otros procesos constitucionales que eviten estas postulaciones”.
En ese sentido, agregó: “Como sociedad tenemos que preguntarnos qué nos pasa, preguntarle al Poder Judicial qué le pasa y empezar a reflexionar por qué no usamos las herramientas constitucionales”.
Para Torres, “la sociedad estaba exigiendo una claridad expresa en una ley”.
Al referirse a la expresidenta, señaló: “Independientemente de la proscripción que ellos sostenían, este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, le impediría presentarse. Una persona con doble condena por delitos de corrupción no debería poder postularse. Sería una falta de respeto a la sociedad”.
Sin embargo, aclaró: “No es una proscripción, sino un respeto a la sociedad. Una vez que pueda resolver su situación judicial, tendrán todas las posibilidades de volverse a presentar. No es una inhibición absoluta, sino una consecuencia de su situación legal”.
Torres también se refirió a la decisión del gobierno de retirar a Sonia Cavallo de su puesto en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la vinculó con episodios anteriores: “Pedí la palabra por una cuestión de privilegio relacionada con los argumentos del presidente para justificar su remoción. Me hace recordar lo que me pasó en febrero del año pasado, cuando voté algunos artículos de la ley ómnibus y eso motivó la salida de mi pareja como director ejecutivo de ANSES”.
Para la diputada, la diversidad de opiniones no debería ser castigada: “Podemos disentir, y eso no significa confrontar. Estoy de acuerdo con muchas de las políticas económicas del gobierno y lo he demostrado con mi voto en el recinto, pero cuando no lo estoy, eso no implica que tenga una oposición total”.
Finalmente, expresó su preocupación por posibles represalias políticas: “Tener una sanción por disentir o por opinar diferente me genera cierto temor. Yo estudié derecho durante la dictadura y sentimos el miedo y la intimidación por opinar distinto. No podemos repetir esas prácticas en democracia”.
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