La siguiente etapa en la campaña de la administración Trump para reducir la fuerza laboral federal está en marcha.
Los líderes de las agencias recibieron instrucciones para comenzar los preparativos de los despidos a gran escala —conocidos como reducciones de personal o RIF— según un decreto que el presidente Donald Trump firmó el martes. Trabajarán con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk (DOGE) para llevar a cabo el decreto, lo que amplifica el papel del equipo del multimillonario en la reestructuración de las operaciones del gobierno federal.
El decreto, titulado “Implementación de la Iniciativa de Optimización de la Fuerza Laboral del Presidente para la Eficiencia del Departamento de Gobierno”, también limita severamente la capacidad de los departamentos federales para contratar más personal y exige que los jefes de las agencias coordinen estrechamente con sus representantes de DOGE si quieren hacer contrataciones futuras.
Una vez que se levante el congelamiento de contrataciones que Trump puso en marcha, las agencias solo podrán reemplazar a uno de cada cuatro empleados que se vayan y la contratación se restringirá a las áreas de mayor necesidad.
Además, las agencias no podrán cubrir vacantes de puestos de carrera que los líderes del equipo DOGE consideren que deben permanecer abiertas, a menos que el jefe de departamento determine que deben cubrirse. Los líderes de DOGE en cada agencia presentarán un informe de contratación mensual.
La fuerza laboral federal, de aproximadamente 2,4 millones de personas, ya se ha visto sacudida por el ataque temprano y múltiple de Trump, lo que ha llevado a muchos a temer por su futuro en el servicio público. El presidente ya ha tomado medidas para desmantelar ciertas iniciativas y agencias y marginar a su personal, mientras que los representantes de Musk se han distribuido por todos los departamentos federales y han obtenido acceso a sus sistemas internos. (Varios tribunales han bloqueado temporalmente los planes de Musk y Trump).
El aviso de reducción de personal era de esperar. La administración Trump prometió la semana pasada que se llevarían a cabo despidos generalizados entre los empleados federales que no aceptaran la oferta de renuncia diferida, que fue suspendida por un juez federal. Más de 65.000 trabajadores aceptaron la oferta, aunque esa cifra todavía está lejos del objetivo de la Casa Blanca de lograr que entre el 5% y el 10% renuncien.
El decreto exige priorizar las reducciones de personal en las oficinas federales que Trump ha apuntado en sus primeras semanas en el cargo, incluidas las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (conocidas por sus siglas, DEI) de todos los departamentos y los esfuerzos u operaciones de las agencias que su administración suspenda o cierre, entre otros.
Además, los departamentos revisarán qué divisiones —o incluso agencias enteras—“pueden eliminarse o fusionarse porque sus funciones no son requeridas por ley”, según una hoja informativa de la Casa Blanca.
El decreto especifica que las reducciones no se aplicarán a la seguridad pública, al control de inmigración o al cumplimiento de la ley.
En las últimas tres semanas, Trump ha ordenado que los empleados de todas las oficinas federales de las iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad sean puestos en licencia administrativa remunerada. Ha tomado medidas para desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), aunque un juez federal bloqueó temporalmente ese plan. El domingo, se informó a los empleados de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que la sede de la agencia en la ciudad de Washington estaría cerrada esta semana y que deberían trabajar de forma remota.
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