Cómo Elon Musk desató dos semanas de caos en Washington

Elon Musk y sus aliados han pasado las últimas dos semanas arremetiendo a toda velocidad contra múltiples agencias gubernamentales, causando confusión y caos y planteando dudas sobre si un empresario no votado puede ejercer este tipo de autoridad, aparentemente pasando por alto las leyes y programas establecidos por el Congreso.

En los últimos días, el personal alineado con Musk ha obtenido acceso total al sistema de pagos del Tesoro; ha amenazado con cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), ha ofrecido a todos los empleados federales una especie de plan de liquidación y, en varias agencias, ha apartado a funcionarios de carrera, en algunos casos impidiéndoles el acceso a sus oficinas o computadoras.

En conjunto, las acciones de Musk representan un esfuerzo sin precedentes para expandir la autoridad del Poder Ejecutivo, con poca consideración por las leyes o los procedimientos, un esfuerzo que Donald Trump presagió durante su exitosa campaña de 2024. Musk, el hombre más rico del mundo, tiene decenas de miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y ahora acceso a los entresijos del gobierno federal.

“Me cuesta pensar en alguien que haya ejercido el tipo de poder y control que él ha ejercido sobre las operaciones gubernamentales en la última semana”, dijo a CNN Kathleen Clark, profesora de derecho de la Universidad Washington y especializada en ética gubernamental.

La cuestión de si Musk cumplirá con las normas federales sobre conflictos de intereses, y si la administración Trump las hará cumplir, ha sido objeto de escrutinio por parte de demócratas y grupos de vigilancia.

También hay en curso múltiples demandas, y es probable que haya más.

Los críticos acusan a Musk y a sus aliados de infringir las leyes destinadas a proteger la seguridad de los datos federales, al tiempo que tratan de reducir o eliminar por completo las agencias, en medidas que requeriría aval del Congreso.

Tras días de silencio sobre la cuestión del estatus laboral de Musk, la Casa Blanca indicó el lunes que Musk ha estado sirviendo oficialmente como empleado especial del gobierno. Esta designación significa que Musk no es un voluntario, pero tampoco un empleado federal a tiempo completo.

“Los empleados especiales del gobierno son una especie de supervoluntarios. Tienen más poder, pero menos limitaciones”, dijo Kel McClanahan, director ejecutivo de National Security Counselors, que representa a empleados federales y a denunciantes y que ha demandado al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por Musk, ante tribunales.

Un empleado especial del gobierno es un puesto temporal para alguien que trabaja, o se espera que trabaje, para el gobierno durante 130 días o menos en un período de 365 días. Musk no está recibiendo un salario, dijo a CNN una persona familiarizada con su empleo. Sí tiene una oficina en la Casa Blanca.

“Elon no puede hacer ni hará nada sin nuestra aprobación. Y le daremos la aprobación cuando sea apropiado. Cuando no sea apropiado, no lo haremos”, dijo el presidente el lunes.

Como empleado especial del gobierno, Musk está cubierto por un estatuto federal de conflictos de intereses que prohíbe a los empleados del gobierno participar en asuntos que afecten a sus intereses financieros. Esa ley puede aplicarse penal o civilmente, pero solo por el Departamento de Justicia, en este caso, el Departamento de Justicia de Trump.

No está claro si Musk ha sido nombrado formalmente administrador de la entidad estadounidense DOGE, creada en virtud de un decreto del 20 de enero de 2020. La oficina de prensa de la Casa Blanca no ha respondido a los múltiples correos electrónicos de CNN en los que se solicitaba esa aclaración.

Tal nombramiento influiría en si Musk está obligado por las normas éticas a presentar públicamente un formulario de divulgación financiera, dijo Clark. También es relevante para esa determinación si los anteriores ocupantes del cargo de administrador en la agencia predecesora de DOGE, el Servicio Digital de EE.UU., tenían un rango lo suficientemente alto en el servicio gubernamental como para estar sujetos a la publicación obligatoria del formulario de divulgación.

El estatus de los demás nombramientos de DOGE dispersos en las agencias federales tampoco está claro, ni siquiera para el personal de las agencias. Algunos figuran ahora oficialmente en las bases de datos de empleados y tienen correos electrónicos del gobierno. Otros han estado entrando en las agencias con tarjetas de visitante. Algunos empleados han informado que se han reunido con personal que se identifica como parte del equipo de nombramientos políticos. La revista WIRED reportó que algunos de los empleados contratados con nombramientos políticos en la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) parecen tener 20 años o poco más.

OPM, el equivalente más cercano a la agencia de recursos humanos del gobierno federal, ha sido la fuente de correos electrónicos masivos enviados a todos los empleados federales en los últimos días instándoles a renunciar y cobrar hasta septiembre. El asunto de los correos electrónicos, “Una bifurcación en el camino”, coincidía con el que recibieron los empleados de Twitter en 2022 después de que Musk compró la empresa.

Y ahora la agencia que ha estado tratando de fomentar las dimisiones masivas de empleados federales está en la cuerda floja. El lunes, el personal directivo de la OPM tuvo que identificar al 30% de su plantilla que podría recortar a corto plazo, con el objetivo de una eventual reducción del 70% de la plantilla, según dos fuentes. Esos recortes podrían afectar significativamente a la capacidad de la OPM para realizar sus tareas, incluidas prestaciones, servicios y supervisión.

Cuando se le pidió un comentario el viernes, un funcionario anónimo respondió desde la oficina de relaciones con los medios de la OPM con un breve correo electrónico en el que negaba ampliamente la información publicada por CNN. La agencia no respondió cuando se le hicieron preguntas de seguimiento o se le pidieron más detalles.

El propio Musk ha realizado varias visitas a las oficinas de la OPM en el centro de Washington, según fuentes. Pero lo más alarmante para los funcionarios de carrera de la OPM, según han dicho múltiples fuentes a CNN, es que los nombramientos políticos han aislado a casi todos los funcionarios de carrera de alto nivel de la agencia.

Los funcionarios de carrera de la OPM, incluidos los de los niveles más altos, han sido trasladados físicamente de sus oficinas en el anexo de la Oficina del Director a diferentes plantas. Algunos también han perdido el acceso a los sistemas de datos internos. Esto ha hecho saltar las alarmas entre los funcionarios, preocupados por el riesgo que corren los datos personales, incluidos los números de Seguridad Social, de millones de empleados federales.

“El equipo político tiene acceso ilimitado a todo lo que gestiona la Oficina del Director de Información”, declaró una fuente de la agencia a CNN. “Muchos de los nombrados son ingenieros de software que están realizando cambios en el back-end sin tener en cuenta las normas y requisitos federales. Están extrayendo información exigida por ley de OPM.gov”, añadió.

La agencia ha implementado protocolos rigurosos de ciberseguridad desde el hackeo de la OPM en 2015, que puso en peligro la información personal confidencial de aproximadamente 21,5 millones de personas, tanto dentro como fuera del gobierno. El hackeo, que funcionarios estadounidenses han atribuido a espías chinos, obligó a la OPM y a otras agencias federales a revisar sus defensas cibernéticas.

La agencia se enfrenta ahora a una demanda, presentada por la firma McClanahan en nombre de dos empleados federales anónimos, en la que se acusa a la administración de no haber realizado la evaluación de seguridad de datos necesaria al configurar un sistema de distribución de correo electrónico de la OPM para enviar correos electrónicos masivos a toda la administración pública federal.

Algunos de los principales colaboradores de Musk han estado trabajando directamente en la OPM o asesorando a la agencia desde la toma de posesión. Entre ellos se encuentran Steve Davis, CEO de The Boring Company, que ayudó a Musk durante el despido inicial de empleados de Twitter en 2022, así como el actual asesor sénior de la OPM, Brian Bjelde, que había sido vicepresidente de operaciones de personal en SpaceX, y Amanda Scales, ahora jefa de personal de la OPM, que hasta enero trabajaba en recursos humanos en la empresa xAI, de Musk.

El candidato de Trump para dirigir la OPM, Scott Kupor, que está a la espera de confirmación, también tiene profundos vínculos con el universo de Silicon Valley, que es parte integral de las operaciones del DOGE de Musk. Kupor procede de Andreessen Horowitz, la potente empresa de capital riesgo tecnológico cofundada por Marc Andreessen. Andreessen, una leyenda en el ámbito tecnológico, participó de cerca en el asesoramiento de la operación de transición de Trump.

El director interino designado de la agencia, Charles “Chuck” Ezell, fue hasta enero jefe de la rama de análisis de datos de la OPM en Georgia, un salto de rango que conmocionó al personal actual y anterior de la OPM.

Poco después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, los altos cargos de USAID, a la que Musk ha tachado de “organización criminal” que debería “morir”, fueron puestos en licencia administrativa de manera inmediata. Todo el equipo ejecutivo y todos los adjuntos de la agencia, que distribuye miles de millones en ayuda humanitaria y financiación para el desarrollo anualmente, desaparecieron de repente.

Según las fuentes, el personal de la oficina creada por Musk intentó entonces acceder físicamente a la sede de USAID en Washington, y fue detenido. El personal de DOGE exigió que se le dejara entrar y amenazó con llamar al Servicio de alguaciles de EE.UU. para que se le permitiera el acceso, dijeron dos de las fuentes.

El personal de DOGE quería acceder a los sistemas de seguridad y a los archivos del personal de USAID, según tres fuentes. Dos de esas fuentes también dijeron que el personal de DOGE quería acceder a información clasificada, a la que solo pueden acceder aquellos con autorizaciones de seguridad y una necesidad específica de conocerla. Finalmente, pudieron acceder a la sede.

El domingo por la noche, Musk dijo que Trump había acordado el cierre de la agencia. El lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que ahora era el administrador en funciones de USAID. Su sitio web estaba fuera de línea, y al personal restante se le dijo que trabajara desde casa.

Pero los críticos han argumentado que Trump no puede abolir unilateralmente USAID, cuya existencia está escrita en la ley federal y cuyo presupuesto proviene de asignaciones del Congreso.

“El presidente no tiene ninguna autoridad legal para ‘cerrar’, recortar los fondos o paralizar de cualquier otra forma una agencia de US$ 50.000 millones. Haga una auditoría, identifique los gastos innecesarios, redacte propuestas de reforma o rescisión y luego vaya al Congreso para APROBAR UNA LEY”, escribió en X Brian Riedl, miembro sénior del Manhattan Institute.

Una misión silenciosa pero igualmente trascendental impulsada por Musk ha estado en marcha en la Administración General de Servicios (GSA, por sus siglas en inglés), que supervisa los bienes inmuebles y las adquisiciones federales.

El mismo día que Trump prestó juramento, los empleados de la GSA recibieron un correo electrónico del recién nombrado jefe interino de la agencia en el que se destacaba la necesidad de que la GSA se comprometiera a “garantizar la eficiencia en todo el gobierno y maximizar el valor para el contribuyente estadounidense”, según una copia leída a CNN.

Los designados de Trump en la GSA pidieron a los empleados de carrera que estudiaran la posibilidad de comprar colchones, lavadoras y secadoras para prolongar las horas de trabajo en el edificio, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Una fuente dijo que el nuevo equipo era para que los designados pudieran “trabajar las 24 horas del día”. La fuente añadió que también querían extender la idea de dormir en el edificio federal entre el personal de carrera, pero se enfrentaron a una resistencia interna. Se les dijo que “no podían obligar a los empleados de carrera a dormir en el edificio federal”, dijo la fuente.

Un portavoz de DOGE sugirió a CNN que no era cierto que aquellos con nombramientos políticos hubieran solicitado la compra de colchones, lavadoras y secadoras para el edificio de la GSA. El propio Musk ha promocionado la idea de traer colchones para los empleados de DOGE. También se ha jactado de que los empleados de DOGE trabajan 120 horas a la semana, al igual que los empleados de sus empresas privadas.

Stephen Ehikian, un exejecutivo de Salesforce que trabajó recientemente en inteligencia artificial, fue elegido para servir como administrador adjunto de la agencia y ha asumido el papel de director interino de la GSA hasta que se confirme un candidato de Trump para el puesto. El mandato de eficiencia, escribió Ehikian, era “efectivo inmediatamente”.

El correo electrónico de Ehikian también sirvió como anuncio interno de una serie de nuevos nombramientos en puestos clave de la agencia. Entre ellos se encuentra Thomas Shedd, que asume el liderazgo de los Servicios de Transformación Tecnológica, la unidad gubernamental esencial para los productos y servicios tecnológicos del gobierno.

Shedd pasó los últimos ocho años creando software para fábricas de vehículos y de baterías en Tesla, la empresa de automóviles de Musk. Su enfoque en el nuevo cargo se hace eco de las estrategias de Musk en el sector privado, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto, citando un correo electrónico que Shedd envió esta semana a cientos de empleados de la GSA para programar sesiones de “contacto” y llevar consigo un ejemplo de un reciente “triunfo técnico”.

Además de gestionar los bienes inmuebles del gobierno federal, la GSA gestiona algunos de los contratos gubernamentales más importantes.

Los críticos han cuestionado el conflicto de intereses inherente a los socios de Musk que trabajan en la GSA, a pesar de que todos ellos deberían haber firmado acuerdos de confidencialidad. Musk tiene miles de millones de dólares en contratos gubernamentales, y una fuente familiarizada con la situación señaló que algunos de sus socios más cercanos tienen ahora acceso a “información sobre adquisiciones sensible y a menudo clasificada, por miles de millones de dólares en contratos gubernamentales”.

Según dos fuentes familiarizadas con la situación en la GSA, todas las agencias de oficinas deben presentar propuestas esta semana para recortar el 50% de sus gastos comerciales, además de los esfuerzos de la GSA para reducir significativamente la huella inmobiliaria del gobierno federal. También se espera que la GSA comience a rescindir unos 3.000 de los arrendamientos de “plazo flexible” (de los casi 7.000 arrendamientos totales en todo el país). Se ha informado a los directivos que se está presionando para cancelar 300 contratos de arrendamiento al día.

La GSA no respondió a una solicitud de comentarios.

A finales de la semana pasada, los designados en el DOGE obtuvieron acceso total al sistema de pagos del gobierno, después de que David Lebryk, el más alto funcionario del Departamento del Tesoro, dejó su trabajo inesperadamente.

Los designados del DOGE habían tenido un enfrentamiento con Lebryk después de que expresaron su interés en detener ciertos pagos realizados por el gobierno federal, según tres personas familiarizadas con la situación.

El propio Musk reconoció su interés en el procesamiento de pagos del Departamento del Tesoro en una publicación en mitad de la noche en su plataforma de las redes sociales el sábado.

Escribió que su equipo “descubrió, entre otras cosas, que los funcionarios de aprobación de pagos del Tesoro tenían instrucciones de aprobar siempre los pagos, incluso a grupos fraudulentos o terroristas conocidos. Literalmente, nunca denegaron un pago en toda su carrera. Ni una sola vez”.

La publicación parecía ignorar los mecanismos ya existentes para que el Tesoro simplemente cumpliera las decisiones de pago legales tomadas por otros organismos, y que el valor del sistema para la burocracia federal y la economía de la nación radica en su fiabilidad.

Las medidas del Tesoro han provocado una demanda, presentada el lunes en nombre de sindicatos gubernamentales y otros, alegando una intrusión “masiva y sin precedentes” en datos privados del gobierno.

Se suma a una pila de demandas que ha crecido rápidamente en las últimas dos semanas, en algunos casos deteniendo las acciones de la administración.

“Por eso todo este batiburrillo es tan preocupante”, dijo McClanahan. “Han conseguido infringir tantas normas y leyes con acciones bastante simples que muchos abogados y mucha gente de los medios de comunicación y políticos y todo el mundo se enredan. Básicamente, estás lanzando humo cuando intentas litigar contra esto”, agregó.

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