Cada día, Donald Trump hace añicos la idea que se tenía de la presidencia y del papel de Estados Unidos en el mundo.
Pero en su prisa por ejercer un vasto poder y cumplir sus promesas de campaña, el nuevo comandante en jefe está poniendo a prueba el Estado de derecho y jugando con la estabilidad mundial.
Antes de que Trump inicie su segundo mandato, se asumía que un presidente no rechazaría el gasto de miles de millones de dólares ya autorizados por el Congreso ni recurriría a un ciudadano particular, como Elon Musk, para desmantelar enormes agencias gubernamentales establecidas por la legislación de EE.UU.
La idea de que la Casa Blanca se limitaría a ignorar una orden judicial era más una cuestión teórica para un seminario de una facultad de derecho que una realidad posible.
Habría sido impensable despedir a trabajadores de ayuda gubernamental que viven en zonas conflictivas del mundo. Como lo habría sido interrumpir un programa al que se le atribuye haber salvado la vida de millones de pacientes con VIH/SIDA.
Ningún otro presidente ideó un plan para obligar a los palestinos de Gaza a entrar en Egipto y Jordania, una medida que podría amenazar el acuerdo de Camp David, fracturar el reino hachemí y equivaler en la práctica a una limpieza étnica.
Tampoco ningún comandante en jefe convencional sugeriría condicionar el apoyo a una democracia como Ucrania, invadida por la totalitaria Rusia, a que Kyiv entregue minerales raros como pago.
Ningún presidente moderno ha amenazado jamás con anexionarse el país amigo de Estados Unidos, Canadá.
Y una nación que se convirtió en la más poderosa de la historia construyendo un sistema global a su imagen democrática y capitalista difícilmente iba a asaltar el sistema de libre comercio con aranceles o relajar las restricciones sobre la corrupción en los negocios extranjeros.
Trump hizo todo esto y mucho más, sentado en el escritorio del despacho oval, repartiendo poder con su rotulador, inventándose la política exterior a su antojo, con el riesgo de provocar crisis constitucionales en casa y agitación en el extranjero.
La capacidad del presidente para llevar a cabo estas políticas, y otras más, definirá su segunda presidencia. Su éxito también tiene la capacidad de transformar el cargo que ahora ocupa y remodelar un orden mundial que ha prevalecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Trump, el virtuoso de la disrupción, no se disculpa al argumentar que simplemente está haciendo lo que el país quiere.
“Tengo altos índices de aprobación porque estoy usando el sentido común”, dijo Trump a los periodistas este lunes. Presenta sus extraordinarias pretensiones de vasto poder presidencial como si él simplemente ejerciera un mandato para dar un mazazo al gobierno y darle la vuelta a la tortilla en un planeta que, según él, ha estafado a Estados Unidos durante generaciones.
“Mucha gente dijo que este fue el mejor inicio, de casi tres semanas, en la historia de la presidencia”, dijo el presidente a Fox News en una entrevista durante la Super Bowl, una de las paradas de su gira debut del segundo mandato.
La Casa Blanca presume de grandes victorias al obligar a los países del hemisferio occidental a readmitir a los inmigrantes indocumentados, al conseguir un mejor acuerdo para los barcos estadounidenses en el canal de Panamá, al forzar a Canadá y México a reforzar la seguridad fronteriza y al conseguir la liberación de los rehenes de Hamas en Gaza. Algunas de estas victorias son reales, en parte; exageradas; o ilusorias. Pero Trump dice que es el comienzo de su nueva “Edad de Oro”.
Y el presidente está disfrutando de algunos de los mejores índices de aprobación de su carrera. Una encuesta de CBS News de este fin de semana mostró que tenía un 53%. Si los últimos meses de la presidencia de Joe Biden degeneraron en estancamiento, el frenesí de actividad de Trump parece estar forjando la imagen de un hombre de acción que se ocupa de los asuntos del país.
Trump obtuvo una pluralidad de votos en 2024 prometiendo cambio, una frontera reforzada, un ataque a las instituciones de Washington y el desmantelamiento de un sistema de comercio mundial al que muchos estadounidenses culpan de destruir sus empleos en el sector manufacturero mientras las élites mundiales disfrutan del botín
Nadie puede decir que no ha cumplido su palabra.
Pero el rápido arranque de Trump, fruto de su necesidad de proyectar siempre fuerza y de su sensación de haberse salvado de la bala de un posible asesino para rescatar a Estados Unidos, conlleva enormes riesgos para el sistema político estadounidense.
En el plano interno, Trump está planteando amenazas al Estado de Derecho en múltiples frentes. Y cuando solo transcurrieron tres semanas de su mandato, muchos analistas jurídicos creen que el país se encamina hacia una crisis constitucional sin precedentes.
Estos temores se dispararon con la publicación en X del vicepresidente J. D. Vance el domingo, que parecía plantear la posibilidad de que la Casa Blanca se negara a aceptar resoluciones judiciales sobre sus programas más polémicos.
“Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, dijo Vance. Los comentarios del exsenador de Ohio reflejaban la tendencia de esta joven Casa Blanca a decretar sin más la legalidad de las medidas presidenciales y hacer caso omiso de otros poderes del Estado.
La publicación de Vance era alarmante por dos razones.
En primer lugar, porque la Administración ya puso a prueba el Estado de derecho en tantas ocasiones -empezando por el intento de Trump de anular el principio constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento- que varios jueces han intervenido para paralizar sus planes.
Y en segundo lugar, porque Trump no es un presidente novato flexionando sus músculos políticos en sus primeras semanas en el cargo. Ha demostrado su desprecio por la democracia con su negativa a aceptar el resultado de las elecciones de 2020 y al indultar a cientos de alborotadores que intentaron mantenerlo en el poder el 6 de enero de 2021. Y los dos impeachments de Trump en su primer mandato, que fueron seguidos de absoluciones en el Senado, demuestran que es probable que sus compañeros republicanos probablemente harán poco para responsabilizarlo.
Aun así, algunos republicanos insisten en que las restricciones tradicionales de Estados Unidos a los presidentes se mantendrán firmes. “Quiero decir, los tribunales, obviamente, son el tipo de rama de nuestro gobierno que llama bolas y strikes, actúan como árbitros y creo que tienen un papel importante que desempeñar”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, a Manu Raju de CNN.
Durante sus primeras semanas en el poder, Trump ha suscitado especial preocupación al tratar de cerrar sin más organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés). Cada una de estas instituciones fue creada por una ley del Congreso y, por lo tanto, está arraigada en la ley. No importa, dijo el presidente a los periodistas, sobre su plan para eliminar la CFPB. “Porque estamos tratando de deshacernos del despilfarro, el fraude y el abuso”, dijo el lunes.
Al limitarse a elaborar su lista de agencias gubernamentales a eliminar, Trump está ignorando la voluntad del Congreso, que ya se ha expresado con la asignación de fondos federales. La Constitución no da a los presidentes la opción de promulgar o no los gastos asignados por los legisladores. Están obligados a hacerlo. La Casa Blanca sostiene que Trump tiene un mandato de los votantes para reducir el gasto y el despilfarro. No es el único presidente reciente que ha intentado eludir la voluntad del Congreso mediante el poder ejecutivo; la “estrategia de pluma y teléfono” del expresidente Barack Obama, por ejemplo, a veces parecía rozar los límites de la ley. Sin embargo, si cada nuevo presidente ignorara las leyes previamente aprobadas por el Congreso, Estados Unidos dejaría de ser una república constitucional.
Los temores de que Trump planee ignorar la autoridad de otra rama del Gobierno -el poder judicial- se avivaron el lunes, cuando un juez federal instó por segunda vez a la Administración a restablecer los pagos de subvenciones y préstamos. El juez principal de Rhode Island, John McConnell, afirmó que la Administración había violado sus instrucciones previas de descongelar miles de millones de dólares en ayuda federal. En otro caso en Washington, empleados federales informaron a un juez que la Administración no había reincorporado a los trabajadores de USAID que fueron puestos en licencia.
Parece que se avecina una crisis constitucional, aunque la Administración aún no haya desafiado del todo a los tribunales.
“Creo que es importante subrayar que aún no hemos llegado a ese punto, a pesar de los esfuerzos del vicepresidente”, dijo Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a Erica Hill de CNN el lunes. “Y creo que, al menos por el momento, ya sabes, los tribunales están… haciendo su trabajo”. Pero Vladeck también añadió: “La cuestión de si las acciones del poder ejecutivo son, de hecho, legítimas no es algo que, históricamente, dejemos en manos del poder ejecutivo”.
Aun así, los crecientes temores de una Administración sin ley se ven alimentados por múltiples señales de que Trump ve el Estado de derecho como un inconveniente. Él, por ejemplo, despidió a docenas de fiscales que participaron en los casos del 6 de enero poco después de regresar a la Casa Blanca.
Y el destacado papel de Musk, el pionero tecnológico que dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, en la destrucción de vastos sectores del Gobierno federal también está alarmando a los expertos en ética, dados los enormes contratos gubernamentales de los que disfrutan sus empresas, entre ellas SpaceX.
Trump agravó estos temores el lunes con el despido del jefe de la Oficina de Ética Gubernamental, quien fue confirmado en su puesto a finales del año pasado.
Esto se produjo mientras el presidente concedía el indulto total al exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, condenado por múltiples cargos, entre ellos por intentar vender un escaño en el Senado de EE.UU. que una vez ocupó Obama.
Por su parte, el Departamento de Justicia de Trump dio instrucciones a los fiscales para que abandonaran el caso federal de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. El Departamento argumentó que las acusaciones estaban distrayendo al alcalde demócrata de ayudar en el esfuerzo de Trump para hacer cumplir la ley de inmigración, reforzando así las preocupaciones de que planea utilizar el Departamento de Justicia para el trueque de favores políticos.
El presidente también trató de derrochar poder ejecutivo en el extranjero, reiterando que va en serio con su plan de reubicación de Gaza y forzando a Canadá a convertirse en el 51º Estado.
Nada parece demasiado pequeño para su atención: También dio marcha atrás en una iniciativa medioambiental de la Administración Biden para prescindir de los sorbetes de papel en la hotelería. “(Se) rompen, explotan. Si algo está caliente, no duran mucho, como cuestión de minutos, a veces cuestión de segundos, es una situación ridícula”, dijo Trump.
“Así que vamos a volver a los sorbetes de plástico”.
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