El 2024 de América Latina estuvo marcado por procesos electorales, tensiones políticas y un aumento significativo de la represión en varios países, según el reporte más reciente de la organización Human Rights Watch difundido este jueves.
El documento, de más de 500 páginas, ofrece un informe pormenorizado de la situación de los derechos humanos en el mundo. El año pasado se “puso a prueba la integridad de las instituciones democráticas y los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, señala Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch.
Según el informe, en 2024 las violaciones a los derechos humanos se agudizaron en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y El Salvador debido a las acciones de gobiernos autoritarios y el deterioro de las instituciones democráticas.
El informe de HRW analiza la situación de 100 países del mundo, entre los que están 13 países de América Latina. Estas son algunas de sus conclusiones.
El reporte anual de Human Right Watch señala que la represión contra opositores y defensores de derechos humanos aumentó antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, con numerosas detenciones. El Consejo Nacional Electoral del país anunció la victoria del presidente Nicolás Maduro sin mostrar los respaldos de su supuesto porcentaje que le dio la victoria.
El Centro Carter y la ONU señalaron que las elecciones carecieron de integridad y sugirieron que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, había ganado. Las autoridades ordenaron la detención de González, por lo que tuvo que huir del país y exiliarse en España.
La organización señala que la represión se intensificó tras las elecciones, con protestas callejeras violentamente sofocadas. Human Rights Watch, citando un informe de la organización de asistencia legal pro bono Foro Penal, reportó al menos 23 muertes de manifestantes y más de 1,900 detenciones arbitrarias, incluidas 42 de adolescentes.
Pero el 6 de enero la Fiscalía General informó que había excarcelado a 1.515 personas relacionadas con las manifestaciones postelectorales.
El informe reseña que en ese contexto, las autoridades del país sudamericano intensificaron la represión contra los medios críticos, cerrando emisoras y bloqueando sitios web.
Pese a todo, Maduro prestó juramento el 10 de enero para su tercer periodo presidencial.
En su informe, Human Rights Watch cita datos de la organización de la sociedad civil Espacio Público, que reportó 507 denuncias de violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto de 2024. Estas incluyen intimidación, censura y hostigamiento judicial. Además, Espacio Público destaca que al menos 19 periodistas fueron detenidos y 15 emisoras de radio cerradas durante este periodo.
CNN solicitó comentarios al Gobierno de Venezuela acerca del contenido de este informe.
En febrero de 2024, el presidente Nayib Bukele logró su reelección con el 80% de los votos, pese a que la Constitución del país prohíbe la reelección inmediata. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, en términos de seguridad, la violencia de las pandillas ha disminuido, pero con altos costos para los derechos humanos.
El régimen de excepción, implementado en marzo de 2022 y que suspende varios derechos fundamentales, sigue vigente aunque ha experimentado cambios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Gobierno de Bukele que lo derogue, pero el mandatario asegura que la medida ha hecho de El Salvador uno de los países más seguros del continente, pese a que los indicadores que exhibe el Gobierno salvadoreño para sustentar esa afirmación no incluyen cifras detalladas de los delitos, la situación judicial de los responsables o los procesos a los que son sometidos.
Human Rights Watch destaca que desde que llegó al poder en 2019, el Gobierno de Bukele ha desmantelado sistemáticamente las instituciones y ha concentrado el poder en el Ejecutivo.
En su informe, Human Rights Watch también advierte sobre la falta de transparencia y las restricciones en el acceso a la información pública. Citando a la organización de derechos humanos Cristosal, HRW señala que más del 73% de las solicitudes de información son rechazadas o ignoradas, mientras que la clasificación excesiva de datos dificulta la supervisión ciudadana y favorece la corrupción.
El régimen de Bukele también ha afectado la libertad de expresión, expresa la ONG, que dice que el Gobierno ha perseguido a periodistas y activistas. En 2023, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó 311 vulneraciones a la libertad de prensa, y varios periodistas partieron al exilio por temor a represalias, señala HRW en su apartado sobre el país.
Consultado por CNN en septiembre ante críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Gobierno de Bukele aseguró que si bien respeta las observaciones en su país “no se ha registrado ni un solo caso de periodistas asesinados, detenidos o situaciones que involucren la destrucción de equipo de trabajo periodístico, como cámaras, incluso durante el régimen de excepción”.
En temas de derechos reproductivos y de género, dice HRW, El Salvador se sigue penalizando el aborto en todas sus formas, y las personas LGTBI continúan enfrentando discriminación, sin avances legislativos de importancia para su protección.
CNN está buscando comentarios del Gobierno de ese país al informe de HRW.
El país norteamericano continúa sufriendo una “violencia extrema” generada por grupos del crimen organizado, lo que ha provocado una grave crisis de derechos humanos que no solo involucra a los criminales, sino también a agentes del Estado, detalla el reporte anual de HRW en su apartado sobre el país.
Human Rights Watch señala que México enfrenta tasas de homicidio elevadas y cita datos de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que indican que en seis ciudades del país las tasas superan los 100 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En su primer informe de seguridad de este 2025, la presidenta destacó una reducción del 16,3% en homicidios en diciembre de 2024 respecto a septiembre del mismo año. Sin embargo, varios expertos en seguridad cuestionaron la metodología usada y advirtieron de posibles interpretaciones engañosas.
El reporte de HRW alerta de las desapariciones de personas y la falta de atención de las autoridades a las denuncias de los familiares, que aseguran que es frecuente que no investiguen los casos. Los colectivos de búsqueda se enfrentan a amenazas y violencia por buscar a los desaparecidos. En febrero, varias organizaciones denunciaron ante la CIDH que 16 buscadores habían sido asesinados durante el Gobierno de López Obrador, señala el informe de HRW.
En una de sus conferencias, el mandatario se refirió a los asesinatos de buscadores: “Todos los días estamos protegiendo al pueblo”, y agregó que “ya no hay impunidad”.
El informe de Human Rights Watch cita al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para denunciar que, en México, las autoridades suelen abusar de la figura de flagrancia para detener personas. En algunos casos, incluso plantan drogas en sus pertenencias o domicilios, lo que les permite interrogarlas o torturarlas sin la presencia de un abogado.
Algunos viven largos periodos tras las rejas sin sentencia. Pese a esto, el Congreso aprobó ampliar la lista de delitos que requieren prisión preventiva automática.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México eliminar esta práctica, pero el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la Suprema Corte de México quisiera acatar lo dicho por la CIDH.
“Ahora quieren quitar la prisión preventiva. De repente resultaron internacionalistas los ministros y dicen ‘es que aunque está en la Constitución nuestra, en las resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos de la OEA dicen que no debe existir la prisión preventiva’”.
HRW destaca en su informe que el Gobierno ha debilitado las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la privacidad. Cita la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Este cambio fue criticado por expertos de la ONU, por su impacto negativo en la privacidad y acceso a la información. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que con su desaparición “va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción”.
El informe de Human Rights Watch cita reportes de The New York Times y The Washington Post, que detallan el espionaje por parte del Ejército contra periodistas y defensores de derechos humanos mediante el uso del software Pegasus.
López Obrador negó que su Gobierno espiara a periodistas y activistas, y aseguró que el Ejército solo realizaba labores de inteligencia.
HRW recoge datos de la organización Artículo 19, que señala que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para estos grupos, con miles de agresiones registradas y 46 periodistas asesinados entre 2018 y 2024.
En una de sus conferencias matutinas, una periodista le preguntó al presidente sobre los señalamientos de que México sea uno de los países más peligrosos para los periodistas, algo con lo que el entonces mandatario estaba en desacuerdo. Sobre las estadísticas de muertes, el mandatario preguntó: “Sí, pero ¿quién da a conocer esas estadísticas? ¿De dónde son esos organismos internacionales? De la OEA. ¿Qué cosa es la OEA?” desestimando cualquier cifra que no fuera la oficial.
CNN está buscando la respuesta de las autoridades actuales al informe de HRW.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega ha intensificado la represión política y social, utilizando tácticas como el destierro, la privación de la nacionalidad y el cierre de numerosas ONG y medios de comunicación, indica el reporte anual de HRW sobre lo ocurrido en 2024.
En noviembre de ese año, Ortega propuso una reforma constitucional que expandiría los poderes presidenciales y limitaría derechos fundamentales de los ciudadanos. Dicha reforma comenzó a discutirse en la Asamblea Nacional este martes, un día antes de la publicación del informe de HRW.
Organismos internacionales como la ONU y la OEA han criticado la iniciativa, argumentando que le daría un poder ilimitado a Ortega.
En septiembre, el Gobierno expulsó a 135 presos políticos a Guatemala y confiscó sus bienes. Con esto ya suman más de 450 personas despojadas de su nacionalidad desde febrero de 2023. También ha deportado a unos 200 religiosos y detenido a varios más, incluidos líderes como el obispo Rolando Álvarez.
La ONG señala que la libertad de expresión ha sido severamente restringida, con el cierre de más de 5.600 ONG y 58 medios de comunicación. El reporte de HRW detalla que entre enero y junio de 2024, 26 periodistas tuvieron que abandonar Nicaragua, y que, desde 2018, un total de 263 periodistas han sido forzados a exiliarse debido a la represión del Gobierno.
La vicepresidenta Rosario Muillo ha tildado a los periodistas de “malignos”, “criminales” y “terroristas de la comunicación”. Incluso dijo en una conferencia que solo están “quedando en unos cuantos miserables”.
CNN está buscando comentarios del Gobierno de Ortega a la presentación de este informe.
Human Right Watch señala en su informe sobre 2024 que el Gobierno del presidente Miguel Díaz Canel continúa reprimiendo cualquier manifestación de disidencia, mientras la población enfrenta una grave crisis económica que afecta derechos básicos como la salud y la alimentación.
Para la organización, cientos de manifestantes, incluidos muchos de los que participaron en las protestas de julio de 2021, siguen detenidos de manera arbitraria. Las protestas en 2024, impulsadas por apagones y escasez de productos, reflejan el descontento generalizado, dice HRW.
De acuerdo con la organización Prisoners Defenders, en agosto había más de 1.000 presos políticos en la isla. Este 14 de enero, Cuba anunció la liberación de 553 personas, luego de las conversaciones entre el presidente Miguel Díaz-Canel y el papa Francisco.
Esto coincide con el anuncio del presidente de EE.UU., Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de países que, según su criterio, “patrocinan al terrorismo”.
Human Rights Watch asegura que la represión también se extiende a los medios de comunicación y periodistas independientes. En abril, la activista Mayelín Rodríguez Prado fue condenada a 15 años de cárcel por transmitir imágenes de protestas.
El Gobierno cubano también ha aprobado leyes que permiten despojar de la nacionalidad a los cubanos en el extranjero si realizan “actos contrarios a los intereses del país”, cita el informe de HRW.
CNN ha pedido una reacción al Gobierno de Cuba y está en espera de respuesta.
La crisis en Haití alcanzó niveles críticos en 2024, con el aumento de la violencia de los grupos criminales que controlan el 85% de la capital, Puerto Príncipe, y muchas otras áreas, detalla el informe anual de Human Rights Watch.
Estos grupos intensificaron sus ataques entre febrero y mayo, y de nuevo desde octubre, lo que paralizó el país y afectó gravemente los servicios públicos, incluyendo salud, educación, agua y electricidad, expone HRW. La ONU ha reportado que los grupos criminales mataron al menos a 5.601 personas y secuestraron a cerca de 1.500 en 2024.
La mitad de la población enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Además, solo el 40% tiene acceso a electricidad, si bien de forma intermitente y a altos costos. El 45% carece de agua potable, lo que ha provocado la propagación del cólera, de acuerdo con cifras de la ONU, señala HRW.
La violencia ha causado un aumento de la violencia sexual, con más de 5.400 casos de violencia de género reportados por el el subgrupo de Violencia Basada en Género (GBV). El sistema judicial no garantiza justicia para las víctimas, y los servicios de salud están colapsando, señala Human Rights Watch.
Haití ha solicitado una operación de paz de la ONU para combatir la violencia, pero los esfuerzos siguen siendo insuficientes ante la magnitud de la crisis.
Human Right Watch señala en su informe que Ecuador experimentó un fuerte aumento de la violencia por parte del crimen organizado durante 2024. Esto ha elevado las tasas de homicidio en Ecuador a niveles récord. Entre 2019 y 2024, este tipo de crímenes aumentó 429%, con 3.036 casos reportados tan solo el año pasado, a lo que se suman las denuncias de secuestros y extorsiones, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, citado por HRW.
El presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” en el país, pero la Corte Constitucional cuestionó la falta de pruebas. El Gobierno ha militarizado las calles y las cárceles, lo que ha generado violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y malos tratos a los detenidos, señala el informe de HRW.
En las cárceles, el hacinamiento y la violencia han permitido que los grupos criminales mantengan el control, denuncia HRW en su informe. La organización también señala fallas del sistema judicial: la corrupción y el riesgo que corren jueces y fiscales, pues al menos 15 de estos funcionarios han sido asesinados desde 2022.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció en junio la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Santa Elena (oeste del país) con los objetivos de combatir el crimen organizado y ordenar el sistema penitenciario en crisis.
En noviembre, Fundamedios reportó más de 160 agresiones a la libertad de expresión y de prensa en Ecuador a manos de funcionarios del Estado y del crimen organizado.
Meses antes, el presidente Daniel Noboa había firmado las declaraciones de Chapultepec y Salta, en las que se comprometió a garantizar la libertad de prensa y expresión.
En junio, se canceló el programa de TV “Los irreverentes” por presiones del Gobierno y, además, la Cancillería suspendió la visa de residencia de la periodista cubana Alondra Santiago tras criticar al Gobierno con una canción. Fue acusada de haber cometido actos contra la seguridad pública y estructura del Estado. La Cancillería de Ecuador informó que la resolución se basó en informes de seguridad sin detallar los supuestos actos contra el Estado.
CNN está buscando la reacción del Gobierno de Ecuador al informe de HRW.
Human Right Watch apunta en su informe de 2024 que, a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016, que puso fin a más de 50 años de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la violencia ha adoptado nuevas formas. Según reseña, los grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo han expandido su presencia, afectando a la población civil.
Desde la llegada al poder de Gustavo Petro en 2022, su política de “paz total” ha tenido resultados limitados, y los abusos de estos grupos siguen siendo una amenaza constante, señala HRW.
En septiembre, Antonio García, jefe del ELN, dijo en su cuenta de X que el proceso de paz está congelado porque el Gobierno ha incumplido los acuerdos de la mesa de negociaciones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó al ELN a definir su compromiso con el proceso de paz y cesar la violencia.
“Se rompe un proceso de paz si se rompe la vida de los jóvenes y se hace sufrir a las familias pobres.
Si el ELN no quiere romper el proceso de paz dígalo”, dijo Petro en su cuenta de X.
La Defensoría del Pueblo reportó cientos de casos de reclutamiento de niños por parte de estos grupos, especialmente en comunidades indígenas.
CNN ha solicitado comentarios al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El reporte de Human Right Watch señala que, según datos del Gobierno argentino, durante el primer año de la Presidencia de Javier Milei la crisis económica persistió, con una inflación anual de 193% (hasta octubre de 2024) y un aumento de la pobreza, algo que afectó al 52,9% de la población.
Los altos niveles de inflación empezaron a estabilizarse hacia finales de 2024. En enero, el Gobierno reportó que al cierre del año pasado el indicador fue de 118% anual.
HRW señala que el Gobierno del presidente Milei implementó recortes significativos en programas sociales que afectaron especialmente a víctimas de violencia de género, atención médica para enfermos de cáncer y la integración de personas con discapacidad.
El informe de HRW recoge datos del Foro de Periodistas Argentinos sobre la violencia de género y los ataques a periodistas, otros desafíos para Milei. A pesar de la ley contra la violencia hacia las mujeres, Argentina registró 250 feminicidios en 2023, según el Foro. Además, el presidente y su gabinete adoptaron una retórica hostil hacia la prensa independiente, con ataques verbales a más de 40 periodistas.
En el ámbito internacional, dice HRW en su informe, Milei rechazó resoluciones de la ONU sobre derechos sociales y género; también rechazó la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo y una Sostenible y una declaración sobre igualdad de género en el foro del G20.
Milei acusó a la ONU de tratar de “imponer una agenda ideológica”. “El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad, y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas del mundo. De hecho, nunca las tuvieron”, dijo ante la Asamblea de la ONU.
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